+ ALGUNOS ALCALDES PREFIEREN NO HABLAR DEL TEMA, PUES DICEN
TEMER POR SU SEGURIDAD Y LA DE SUS FAMILIAS
Elfego Riveros
La ola de robos, extorsiones, secuestros, homicidios, enfrentamientos y hallazgo de cadáveres en municipios de la región pudieron aclararse y castigarse, si los ayuntamientos de la zona hubieran invertido en la instalación de sistemas de video-vigilancia en puntos estratégicos a bajo costo.
Se trata de sistemas que permiten la operación y monitoreo de 4 a 8 cámaras de video en los accesos principales a cada población y espacios públicos, las 24 horas del día, con un costo aproximado de entre 30 y 50 mil pesos.
En las grandes ciudades y capitales de los estados, estos sistemas ya demostraron su utilidad, logrando bajar los índices de delincuencia e incluso sorprendiendo in fraganti a quienes delinquen en las calles.
El caso del DF
El Gobierno del Distrito Federal instaló 3 mil cámaras de vigilancia en 2010 y otras cinco mil durante 2011, además de cinco centros de control y tecnología avanzada, para integrar un sistema de seguridad en plazas públicas, parques, escuelas, centros de transporte y avenidas principales.
De acuerdo a datos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del DF, al 31 de agosto de 2010 se habían hecho un total de 180 detenciones con la ayuda de las cámaras de vigilancia y se trabajaba en la búsqueda de más delincuentes.
El Gerente de Seguridad del Metro, Luis Enrique Villatoro Martínez, informó que en 2009 se habían presentado 12 delitos por día en el interior del Sistema de Transporte Colectivo, pero que en 2010 el índice bajó a 1.1 gracias a la instalación de cámaras dentro y fuera de las estaciones, además de lograrse la captura de 28 bandas delictivas.
El Gobierno del DF también invirtió en la contratación de elementos policiacos y equipos de radiocomunicación, para complementar el uso y aprovechamiento del sistema de video-vigilancia, que se sincroniza con la señal de la Secretaría de Seguridad Pública. El sistema se puso en marcha el 18 de diciembre de 2009.
Esta modalidad permite además prevenir delitos, evitar costos por contratación de numeroso personal e incluso atrapar a delincuentes en el momento de la comisión de ilícitos.
En el portal de noticias del periódico El Universal se pueden ver las imágenes grabadas el 29 de diciembre de 2011, en las que un sujeto se introduce a un vehículo forzando la cerradura, mientras otro hace las veces de apoyo para evitar ser sorprendidos; los hechos ocurren en la Delegación Gustavo A. Madero. Después de cinco minutos, los dos sujetos intentan abandonar el lugar con autopartes en las manos, pero son sorprendidos y detenidos por dos patrullas que llegan al lugar de los hechos.
Otras ciudades, bajo vigilancia video-grabada
Un caso similar fue grabado en Guadalajara en enero de 2011, cuando las cámaras interiores de un taller mecánico registran la presencia de un grupo armado que se introduce, hace disparos, mata a personal de ese negocio y se retira después de lanzar una granada que incendia el lugar.
La Procuraduría General de Jalisco reveló el contenido de la cinta captada por la cámara de video, después de detener a los implicados en el atentado; no lo hizo antes, para evitar que los delincuentes escaparan, aunque algunos llevaban el rostro cubierto.
Aunque en algunas otras grandes ciudades y capitales de los estados, como Monterrey, N.L., existen grupos que se escandalizan bajo el argumento de que las cámaras de video en espacios públicos violan garantías constitucionales, como la privacidad, los gobiernos estatal y municipal han tenido que invertir recursos en la colocación y operación de estos sistemas para tratar de contener a la delincuencia organizada.
Los datos duros a nivel nacional
El Observatorio Nacional Ciudadano, que preside Ricardo Sepúlveda, dio a conocer esta semana que el homicidio y el secuestro aumentaron en el país el año pasado, en comparación a 2010.
Mientras, las extorsiones bajaron de 6,375 en 2010 en todo el país, a 4,594 durante el año pasado, debido a los programas de denuncia ciudadana. Sin embargo, el representante del organismo dice que entre la ciudadanía persiste el miedo, que impide conocer la verdadera dimensión de la industria de las extorsiones.
Sobre estos mismos temas, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDH) y las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad, estiman que en 2011 la cantidad de secuestros denunciados superó los 16,400 casos, aunque se presume que los casos no denunciados sería ocho o diez veces mayor.
Las estadísticas marcan una tendencia al alza, de 2007 a la fecha; en ese año se documentaron apenas 731 secuestros; en 2008 un total de 9,855; en el 2009 se dispara a 11,680; en 2010 hubo 13,507 y el año pasado 16,425, o sea 45 secuestros por día.
Además, datos del INEGI revelaron en su última encuesta sobre el índice de Percepción sobre la Seguridad Pública, que la situación empeoró de febrero a marzo de este 2012.
Datos de diagnóstico y monitoreo de diversos organismos civiles, como el CLDH, afirman que desde 2005 se ha detectado una “peligrosa sociedad entre policías y delincuentes”, por lo que es cada vez más frecuente la consignación de policías por su participación en secuestros.
También hay datos duros acerca de la participación de taxis en el 85% de la comisión de delitos, incluido el secuestro, siendo los hombres de entre 20 y 45 años el blanco preferido de los secuestradores en el 75% de los casos; le siguen las mujeres de entre 20 y 35 años de edad, con el 10%; mientras que el otro 15% se reparte entre hombres y mujeres jóvenes, menores de 19 años.
Especialistas en el tema advierten que las autoridades sólo recibe la denuncia de 1 de cada 10 casos de secuestro, por lo que este delito resulta ser un negocio ilegal muy rentable, cuyos autores intelectuales y materiales no están siendo llevados a juicio. La impunidad es del 90%
Estadísticas en Veracruz
Aunque el gobernador Javier Duarte dijo el pasado lunes 9 de abril que en Veracruz se aplicará la pena máxima a secuestradores e instruyó al procurador Amadeo Flores Espinoza para que no se escatimen los recursos en el combate y castigo hasta con 50 años o cadena perpetua a secuestradores, la revista Proceso de esta semana sostiene que el anterior procurador y hoy candidato del PRI a la diputación federal por Xalapa, Reynaldo Escobar Pérez, habría sido uno de los principales sospechosos o responsables de permitir la comisión de diversos delitos, como las extorsiones y secuestros, a pesar de que el artículo 163 del Código Penal para el Estado de Veracruz prevé prisión vitalicia para secuestradores, si la víctima es menor de edad, mujer, adulto mayor o si se mutila o priva de la vida al agraviado.
Por su parte, el procurador Flores Espinoza dijo que en la zona centro de Veracruz se han denunciado 18 secuestros, entre octubre de 2011 y marzo de este año, de los cuales 12 víctimas ya fueron rescatadas, cinco siguen desaparecidas y una murió. Hubo nueve personas detenidas y una banda desarticulada en la región de Orizaba. Recientemente se creó una unidad antisecuestros con 40 elementos, donde participan agentes especializados y ministerios públicos.
Ciudadanos del Distrito en la indefensión
Durante 2011, la presencia de bandas delincuenciales que migraron del norte de Veracruz y se internaron en la región, se siguen disputando el control de la plaza en municipios de la zona, dejando ya un número indeterminado de muertos y desaparecidos, vacío de información gubernamental y zozobra entre la ciudadanía.
Lo anterior es el resultado del choque entre las mismas bandas o entre ellas y las fuerzas federales y estatales que operan bajo el esquema “Veracruz Seguro”.
Además, municipios de la región ya tuvieron de todo : robos, extorsiones, secuestros, balaceras, hallazgos de cadáveres, desaparecidos, cierre de comercios y presunta aparición de sospechosos negocios mediante lavado de dinero.
Algunos alcaldes de la zona prefieren no hablar del tema, pues dicen temor por su seguridad y la de sus familias; otros presumen ante los medios que “no vamos a permitir que nuestro municipio se convierta en una cueva de ladrones y en ruta de escape de los delincuentes”; mientras que algunos más niegan que haya este tipo de delitos en su municipio o se atemorizan al ver que “ya convirtieron en tiradero nuestro municipio”.
Ninguno, excepto el de Coatepec, estaría pensando en invertir en la instalación de sistemas de video-vigilancia, al menos, para inhibir o prevenir más delitos y la proliferación de grupos delincuenciales o bandas que ya tienen el control hasta de nuestros centros históricos.
