EDITORIAL

Que se vaya…

Aunque Javier Duarte  de Ochoa ya hizo méritos suficientes  para ser el peor gobernador de Veracruz, hasta ahora ningún analista político, brujo, asesor o experto sabe aún cómo van a terminar las cosas en nuestro estado, a un año del relevo en Palacio de Gobierno.

Para los ciudadanos, Duarte debería terminar en la cárcel después de tantos agravios cometidos en contra de los más diversos actores y sectores de la sociedad veracruzana.

Para empezar elevó a casi 80 mil millones de pesos la deuda que nos heredaron los otros dos bribones de Miguel Alemán y Fidel Herrera; acabó de desmantelar el Instituto de Pensiones del Estado, poniendo en riesgo el dinero de pensionados y jubilados y su modelo solidario;  y ahora se echa encima a los empresarios, al ordenar el incremento de impuestos.

Además: es el responsable del exilio, persecución y muerte de periodistas, la represión de los estudiantes, el acoso a maestros que se oponen a la reforma educativa de Peña Nieto, y por si fuera poco minimiza el reclamo de los familiares de personas desaparecida y los feminicidios.

También: utiliza a la SEFIPLAN como su caja chica, escamoteando  recursos a beneficiarios de la pensión universal y  programas alimentarios del  DIF; estrangula las ministraciones a los ayuntamientos; propicia la ruina e irritación de proveedores del gobierno de todo tipo; y está a punto de echar a la calle a miles de burócratas, mediante el sistema de “retiro voluntario”.

Narcofosas, tiradero de cadáveres, ejecuciones, extorsiones, florecimiento de la industria del crimen organizado y la  asociación perversa de funcionarios y delincuentes, muestran la negligencia o complicidad de policías estatales y municipales, que ocasionan a su vez  la aparición de autodefensas y pronto la justicia por propia mano.

Le ayudan a des-gobernar a Duarte, un Congreso del Estado maiceado para que le aprueben cualquier tipo de iniciativa; jueces y magistrados que ponen el sentido de sus resoluciones a las consideraciones del  menor postor; dueños y directores de medios de comunicación –impresos y electrónicos- que halagan a funcionarios a cambio de dinero público, ocultando la realidad y descalificando a opositores; un  titular de la Secretaría de Seguridad Pública corrupto y represor; una casta  político-empresarial acostumbrada a abusar y a depredar y una élite de bufones y asesores que cobran sin trabajar, como auténticos parásitos del sistema en descomposición.

Es probable que el gobernador siga uniendo a toda la gente en su contra, incluso a corrientes internas del PRI, por lo que el equipo de Peña Nieto podría “enfermarlo” y separarlo de su cargo, antes de que ponga en riesgo el voto duro del PRI en las elecciones de diputados locales y gobernador el próximo año.

Dejarlo un año más como gobernador, provocará más hartazgo del pueblo y  en consecuencia el  riesgo de una escalada de  violencia gubernamental, para sofocar lo que podría convertirse en  un ensayo  de insurrección popular en Veracruz.

Simulación, corrupción, impunidad, inseguridad, saqueo, censura y muerte no deben olvidarse ni perdonarse.