in experiencia política ni carisma, Javier Duarte de Ochoa pasará a la historia como el peor gobernador de Veracruz, claro después de Fidel Herrera Beltrán, que lo dejó en el cargo para tapar sus pillerías y la corrupción a la alta escuela que practicó el oriundo de de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan.
Desde que tomó posesión de su cargo, en noviembre de 2010, Duarte y su camarilla se dedicaron a hacer negocios al amparo del poder, saquearon el IPE, jinetearon los recursos de la federación, endeudaron más al estado y dejaron en banca-rota la Tesorería del Estado.
Cientos de familias viven en la zozobra por la desaparición de alguno de sus integrantes, mientras el crimen organizado se asocia a policías y hace alianzas con los delincuentes de cuello blanco, o sea funcionarios que despachan en oficinas públicas, con total impunidad.
Cada año, miles de jóvenes no alcanzan un lugar en la Universidad ni se les garantiza un empleo, pasando a ser muchos de ellos parte del “Ejército de Reserva” de la delincuencia organizada.
Miles de migrantes, que cruzan territorio veracruzano, para pasar la frontera norte y alcanzar “el sueño americano”, quedan atrapados entre una red de complicidades que forman los zetas, policías estatales y municipales, los agentes de Migración, la PFP y los ministeriales o en el peor de los casos son enganchados al narcomenudeo y la prostitución, siendo entonces su destino final la cárcel o la muerte. Sólo algunas voces, como la del padre Alejandro Solalinde, ha relacionado y denunciado esa perversa relación entre el crimen organizado y funcionarios del gobierno.
Los medios de comunicación, en un 98% de los casos –como afirmó Rubén Espinosa- están castrados por la complicidad de los dueños y directores de periódicos y el gobierno en turno, que ocultan la verdad y se dedican a publicar halagos al funcionarios, a cambio de millonarias sumas de dinero público que les concede el régimen.
El otro 2% es el de los comunicadores que en lo individual y uno que otro medio, se arriesgan a incursionar en el periodismo de investigación, aquel que documenta con textos, audios e imágenes, los excesos del poder y los expone al escrutinio de la opinión pública, para provocar cambios en bien de la gente.
En lo que va del periodo de Javier Duarte, 14 periodistas –entre reporteros, locutores, fotógrafos y corresponsales-, han perdido la vida hasta ahora en circunstancias no suficientemente esclarecidas por el gobierno y las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia, lo que hace sospechar que todos o la mayoría de los casos han tenido que ver con el ejercicio de la profesión y la Libertad de Expresión.
Para simular que en Veracruz hay interés del gobernador por garantizar el ejercicio del periodismo, Duarte creó la llamada Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, una especie de elefante blanco que no ha dado los resultados que esperaba el gremio de los periodistas honestos, por lo que debe desaparecer y dar paso a un organismo autónomo integrado por auténticos comunicadores, de probada honestidad y capacidad de convocatoria.
También debe renunciar el gobernador Duarte y, al menos, su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por las amenazas que han lanzado contra los periodistas y los actos de represión y hostigamiento que han emprendido en contra de las y los comunicadores de Veracruz, pero además contra estudiantes, activistas, ambientalistas y familiares de desaparecidos.
Incluso la frase de “En Veracruz no pasa nada”, acuñada por el gobernador, ya hizo su aparición durante la fiesta patronal en Teocelo, personificada por un disfraz de la muerte, pues como dijo también el foto-reportero Rubén Espinosa, al huir de Xalapa, “la muerte eligió Veracruz para vivir”.
No más periodistas y activistas asesinados en Veracruz.
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