1 de marzo de 2012

EXIGEN CIUDADANOS CANCELAR PROYECTO MINERO CABALLO BLANCO




De la redacción

Alto Lucero, Ver; 22 de febrero. Inicia en el auditorio del Palacio Municipal con algunos minutos de retraso la Consulta Pública al Proyecto Caballo Blanco, que ha despertado la alerta de un sin número de activistas en materia ambiental por la intensión de la minera Gold Group Mining Inc. de capital canadiense por instalar una Mina a Tajo Abierto en el Cerro de La Paila que para su operación usará materiales tóxicos para el ser humano [cianuro] y múltiples detonaciones con explosivos a menos de 3 km. de la planta nucleoelectrica Laguna Verde.

En la inauguración de la Consulta Pública, Mateo Castillo Ceja, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], fue enfático de las estrictas “reglas” de “civilidad, orden y respeto” con las cuales se debían conducir los participantes y que se habían publicado en la convocatoria a la consulta. Además dijo que las participaciones deberían ser “argumentativas en carácter ambiental, en el marco de los reglamentos federales y con solidez técnica y jurídica” para ser tomadas en cuenta por la institución federal. Una vez en el salón abarrotado y con los registros de participantes realizados, se avisó que la consulta sólo tenía el carácter de una Reunión Pública de Información. Por la parte gubernamental asistió además, Manuel Molina, Delegado de la SEMARNAT en Veracruz y Lucio Castillo, alcalde de Alto Lucero.


En apego al programa, la reunión inicia con la presentación por parte de “la parte promovente”. Francisco Escandón Valle, Director Técnico de Goldgroup; comenzó explicando que la minera que se instalará en El Cerro de La Paila, será operada por dos empresas mexicanas, Minera Cardel S.A. de C.V. y Candymin S.A.de C.V. ambas reguladas por las leyes mexicanas, aunque aceptó que el capital para la operación y las ganancias generadas por la explotación de la mina de oro serán de la empresa canadiense Gold Group Mining Inc. Luego de algunos traspiés por nerviosismo quiso justificar la presencia de la minería argumentando el crecimiento de la población mundial y la demanda de satisfactores, lo cual  provoca “algunos impactos negativos” en el medio ambiente que son necesarios, dijo.

El Ing. Rosalío Sánchez Bonilla, Gerente de Operaciones de la minera, informó que el área inicial de impacto son en 334 Ha., con una inversión de 385 millones de dólares, que crearán 1000 empleos temporales en su fase de construcción y 350 en su fase de operación. Apresuradamente explicaba la línea de procesos que serán necesarios encadenar para el buen funcionamiento de la mina. El barreno, la voladura, la carga y el acarreo a 5 Km. de la mina, la trituración primaria y secundaria, la lixiviación de patios [con el uso de cianuro, una de técnicas mineras más rentables y contaminantes a nivel mundial], hasta la obtención del Diore que es el insumo que contiene la mayor cantidad de oro. Especial énfasis puso en los estudios preliminares de cuando menos “30 voladuras” para medir el impacto de los microsismos, que dijo no alcanzan los 500 mts. de distancia, circunstancia que días posteriores la Secretaria de la Defensa Nacional [SEDENA] negó que se hubieran solicitado los permisos necesarios para el uso de explosivos.

Posteriormente tocó el turno al HidroBiólogo, Jesús Enrique Pablo Dorantes –responsable del Manifiesto de Impacto Ambiental [MIA]- quien provocó la indignación y el rechazo en su participación al catalogar como “no significativo” el impacto en el hábitat de aves migratorias por la presencia de la mina. Además consideró que el circuito cerrado del flujo del agua con cianuro es de muy bajo consumo de agua y que la concentración es casi imperceptible, “como disolver una Coca-Cola en un tinaco de agua”. En su estudio consideró el Cerro de La Paila y El Niño como aéreas francamente degradadas por el hombre y que Veracruz no sufre escases de agua.

Luego de un receso de 15 minutos, tocó el turno a las participaciones a favor y en contra de parte de la sociedad civil. Para participar era obligatorio inscribir la participación con antelación por la vía digital y fueron ligeramente mayoritarias las voces a favor de la mina. Pero esta situación claramente irregular, pues se sumaron media docena de participaciones de 5 minutos por parte de algunos de los técnicos que participaron en la elaboración del Proyecto de MIA, contratados por la empresa. Además de trabajadores en activo cuyo máximo argumento a favor era el empleo que habían conseguido tiempo atrás. Se sumaron en este tenor, la opinión de intereses afines a la inversión minera; transportistas, comerciantes y terratenientes locales, quienes cuestionaron fuertemente la repentina aparición de activistas por el medio ambiente que no viven en la localidad que dicen defender.

Intercaladas con las opiniones a favor; investigadores, activistas y organizaciones no gubernamentales [ONG’s] argumentaban sólidamente el rechazo a la instalación de la minera y la obligación gubernamental de negar la aprobación de la MIA. Rubén Ricaño Escobar del Centro Municipalista para el Desarrollo, alertó al gobierno local de Alto Lucero del potencial económico que obtendría por el Cambio de Uso de Suelo, por el orden de los 80 millones de pesos anuales. Demandando los beneficios prioritariamente para los pobladores de este municipio.

En su participación el ex trabajador de Laguna Verde e investigador por la Universidad Autónoma de México, Bernardo Salas Mar, alertó de la falta de normativa en la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde y de su potencial riesgo por tratar de combinar en un perímetro pequeño, varias situaciones de riesgo, a saber la planta nuclear, la minería a cielo abierto y sus voladuras con explosivos y los ductos de gas y petróleo.

Recordó a los presentes que proyectos que han intentado ejecutar en el perímetro han sido reiteradamente negados por todas las instancias de gobierno por los riesgos que se corren y por la falta de un plan de emergencias claro y operable. Por su parte Jesús Cruz Agüero, investigador de la Universidad Veracruzana denunció la falta de rigor científico en la integración de un estudio de MIA, siendo las más de las veces “trámites” para legitimación de procesos que degradan el medio ambiente. Demandó además seriedad puesto que la “pequeña” área que la empresa dice impactar ambientalmente no sólo se circunscribe a un hábitat y un ecosistema especifico, sino que este deterioro afectará toda una región puesto que “no hay nada aislado en la naturaleza”. El impacto es innegable sobre una Área de Importancia para la Conservación de las Aves [AICA] 149 y una Región Terrestre Prioritaria [RTP] 104 decretadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [CONABIO].

Toco el turno de Claudia Gutiérrez, que forma parte de Madres Veracruzanas, quienes llevan 25 años oponiéndose a la generación de energía nuclear en nuestro estado. Ella recordó a los presentes la forma autoritaria en cómo se impuso el proyecto de Laguna Verde y exhortó a desechar esa torpe idea de que sólo existe el progreso visto desde el punto de vista económico y cuestionó a los representantes de la mina sobre qué hacer en caso de un desastre nuclear. En su participación Eligio Ruiz del Movimiento Ambientalista Emiliano Zapata [MAEZAPATA] cuestionó fuertemente la información extrovertida en la reunión por la empresa minera, puesto que en su portal de internet hablan no sólo de una mina a cielo abierto sino de cuatro más en línea.

Abigail Marín de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental [LAVIDA] denunció con imágenes muy claras ante las autoridades federales, los estragos ambientales que provocó la minera en su primera fase de exploración. Apertura de nuevos caminos, derribe de bosque y cicadas milenarias, escurrimientos tóxicos, uso de fuentes de agua, uso de explosivos; todo ello no reportado en la MIA en su fase exploración que fue aprobada por las autoridades ambientales. Elisa Pérez Barbosa de Pronatura alertó sobre los impactos severos que acarreará la instalación de una minera en la región específica donde pernoctan cerca del 80% de aves migratorias mundiales. Tocó el turno a un activista del Frente Amplio Opositor a la Mina San Javier de San Luis Potosi, quien confrontó a los representes de la empresa minera por estar incapacitados económicamente a resarcir los daños en caso de un desastre. Así mismo exhibió algunas imágenes del real impacto por las voladuras de una mina a cielo abierto [verdaderos cráteres en el suelo] y de la falsa, torpe e ingenua promesa de restaurar los impactos en la región, puesto que un suelo con tóxicos queda estéril y recuperarlo para actividades agrícolas sería un proceso que llevaría varias generaciones.

Así en medio de apoyos a favor y argumentos en contra, de provocaciones de ambos lados y de la ausencia de autoridades locales, se decretó el receso para la comida y se citó para iniciar la sesión nuevamente con la lectura del Resolutivo del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable del Estado de Veracruz. Integrado por miembros de la sociedad civil, investigadores, empresarios y autoridades estatales, quienes manifestaron su más profundo rechazo a la instalación de la mina Caballo Blanco. Pidieron a la SEMARNAT declarar no autorizada la Manifestación del Impacto Ambiental presentado por la empresa Candymin, puesto que  “la afectación ambiental es significativa e irreversible, mientras que las propuestas de prevención, mitigación y compensación son improbables”. En su participación, un representante de la Secretaria del Medio Ambiente anticipó que en la brevedad el Gobierno del Estado manifestaría su punto de vista respecto de la instalación o no de la mina Caballo Blanco, cosa que ocurrió 4 días después en un acto publico en el Pto. de Veracruz, el titular del Gobierno del Estado rechazó tajantemente su aprobación por considerar que “no es un proyecto viable, pues es incompatible con las características ambientales específicas de la zona donde pretende ejecutarse”. Ahora falta que se pronuncien las instancias federales en materia ambiental.

Para inconformidad de muchos, el formato en la etapa de preguntas y respuestas permitió a la empresa contestar extensamente en preguntas sencillas y omitir cuestionamientos profundos en materia ambiental. O respuestas arteras e insultantes como aquella de porqué la empresa no contamina en sus países de origen, a lo que irónicamente el vocero de la minera contestó que porque “el oro está en Veracruz”. A la pregunta de cuánto cianuro usarán [y dejarán acumulado en el suelo de Alto Lucero] por día y cuál es su origen, el Gerente de Operaciones de la mina respondió que la empresa que suministrará “seguramente” el compuesto de cianuro será Dupont con sede en los Estados Unidos y usaran 2.8 toneladas diarias de este compuesto. Así en un clima de reiteraciones para que la empresa se manifestara por los convenios internacionales que está violando y las leyes y reglamentaciones que no está considerando en su operación, el tiempo de preguntas y respuestas se agotó y la empresa se retiro de la reunión.

La Consulta terminó así en un ambiente de consignas y muestras de rechazo de la instalación de la mina Caballo Blanco por la empresa canadiense Gold Gruop Mining Inc. El camino a la cancelación del proyecto es largo aún, falta conocer el resolutivo de la SEMARNAT quien cuenta ahora con argumentaciones ambientales en materia federal y que son solventes técnica y jurídicamente para su rechazo. Pero como alertaron todos los activistas en materia ambiental, la institución federal muchas de las veces ha servido para legitimar los procesos de extracción mineral y la minera adelantó que en caso de obtener un rechazo federal iniciará un proceso de amparo jurídico hasta conseguir sus objetivos económicos.


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