Beatriz Mora
A finales del año 1916, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres argumentando lo siguiente: “Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”.
Sin embargo, al redactarse la Constitución de 1917, se decidió -sin discusión- negar a las mujeres los derechos políticos argumentando: “[...] en el estado en que se encuentra nuestra sociedad [...] las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos…”.
Fue hasta 1922 que Yucatán se convirtió en el primer estado que reconoció el sufragio femenino, tanto en el ámbito municipal como estatal, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, pero fue algo pasajero, pues cuando terminó su administración se disolvió este derecho.
En el cardenismo se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) constituido formalmente en 1935 y que llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas. Hubo mujeres de diferentes profesiones y tendencias: intelectuales, profesionistas -maestras sobre todo-, obreras, mujeres pertenecientes a diversos sindicatos y partidos políticos, veteranas de la Revolución, “feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del PNR, callistas y cardenistas”. Su demanda principal era alcanzar el derecho al voto.
El 1º de septiembre en su Informe al Congreso, Lázaro Cárdenas, defendió su propuesta para que las mujeres votaran, argumentando que las mujeres no sólo habían alcanzado ya una igualdad en los aspectos civil, económico y educativo con respecto a los varones, sino que, justamente gracias a esta situación de igualdad, las ideas revolucionarias se habían arraigado tanto en la conciencia de los ciudadanos, que no existía el peligro de que las fuerzas conservadoras del país, ejercieran una influencia peligrosa en las mujeres.
Cárdenas empezó a recibir felicitaciones de grupos nacionales e internacionales; las mexicanas empezaron a dar por un hecho su calidad de ciudadanas, estaban encantadas y se convirtieron en propagandistas del proyecto político de Cárdenas y en sus aliadas. Al parecer, todo estaba listo, en cualquier momento se publicaría el decreto en el Diario Oficial, pero el trámite no prosperó, se pospuso durante todo el periodo. Soledad Orozco argumentó que: “Tenían miedo que si nos daban el voto a las mujeres, íbamos a votar por Monseñor Luis María Martínez que era el obispo de la época”.
De esta manera, al final del periodo cardenista, las mujeres organizadas se quedaron sin el derecho al voto, sin fuerza y sin una organización propia que levantara sus demandas específicas.
Durante los años siguientes, algunas mujeres publicaron artículos valientes en los que mostraban su decepción, pero la más persistente en la lucha en pro del sufragio femenino fue Esther Chapa, quien cada año, durante 22 años, al empezar las sesiones del Congreso enviaba una carta solicitando el derecho al voto para las mujeres.
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