OPERA IPE COMO CAJA CHICA DE GOBERNADORES

Por: Elfego Riveros

De confirmarse la presunción de un quebranto financiero por más de 4 mil millones de pesos en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), se pondrían en riesgo las pensiones de más de 100 mil trabajadores en activo y unos  22 mil jubilados, advierte el diputado local Oscar Lara Hernández.

El legislador afirmó que su actual director, Gonzalo Morgado Huesca,  pretende ocultar  lo anterior, negándose a dar entrevistas a los medios de comunicación, pero que la corrupción y los malos manejos del dinero de los trabajadores del sector público podrían obligar a declarar como deuda pública el millonario quebranto.

Por eso, las voces de descontento se multiplican y suben de todo, desde el 17 de diciembre del año pasado, cuando el gobernador Javier Duarte de Ochoa puso como director del IPE a Morgado Huesca, operador político priísta de larga carrera.

Se considera que desde los tiempos de Manuel  Ramos Gorrión, el IPE ha operado como la caja chica de los gobernadores en turno, siguiendo después en su dirección  José Antonio Kuri Kuri, en el sexenio de Miguel Alemán Velazco; Oscar Rodríguez Hernández y Abel Cuellar Morales, durante el periodo de Fidel Herrera Beltrán; y Morgado Huesca en los inicios del actual gobierno.

Alonso Polo Villalobos, del Sindicato Magisterial de Veracruz, insiste en que es urgente aclarar la situación del Instituto, pues sólo tres o cuatro funcionarios saben cuál es la verdadera situación patrimonial y cuál es el destino de las cuotas que cada mes se descuentan a los pensionados.
En mayo de este año, Enrique Levet Gorozpe, dirigente del FESAPAUV declaró que Gonzalo Morgado Huesca no estaba convocando a las sesiones ordinarias del Consejo Directivo del Instituto, pues los sindicatos representados ahí querían saber cuál era la situación financiera que heredó la administración de Fidel Herrera Beltrán.

El Consejo Directivo del IPE lo integran: Gonzalo Morgado Huesca, director; Gerardo Buganza Salmerón, secretario de Gobierno; Marcelo Montiel Montiel, secretario de Desarrollo Social; Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación de Veracruz; Tomás Ruiz González, secretario de Finanzas y Planeación; Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud;  Erick Porres Blesa, secretario de Desarrollo Económico y Portuario; Ernesto Callejas Briones, de la sección 56 del SNTE; Acela Servín Murrieta, del STSE; Enrique Levet Gorozpe del FESAPAUV; Enrique Cruz Canseco, del SDTEV; Ricardo Diz Herlindo, del SUTSEM y Faustino García Fernández, de la FSTSEMOD.

Entre enero y marzo de 2001, el Sindicato Magisterial del Estado de Veracruz realizó tres protestas frente a las instalaciones del IPE, para denunciar diversas irregularidades en perjuicio de sus agremiados y contubernios con líderes de los seis sindicatos que son parte del Consejo Directivo. No se sabe, por ejemplo, el costo del  nuevo edificio del Instituto y en cuánto lo están rentando a la Secretaría de Seguridad Pública.

Otros representantes sindicales, como Ricardo Diz Herlindo, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Magisterio, afirman que faltó transparencia en el manejo de los recursos de la Lotería Veracruzana, que al fracasar derivó en amenaza de multa por 20 millones de pesos, por parte de la Secretaría de Gobernación. Su directora, Patricia Villalpando cobraba 160 mil pesos mensuales, y cuando vio venir el problema escapó al extranjero.

Por eso, en diciembre de 2010 nace la Coalición de Pensionistas del IPE (COPIPE), cuyos  dirigentes, entre ellos Adrián Mendieta Pérez, sostienen que hace falta reformar la Ley de Pensiones para que de una vez por todas se finquen responsabilidades a quienes dispongan de los recursos del IPE, para su beneficio.

Como subdirector Jurídico y titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del IPE, el gobernador Javier Duarte de Ochoa nombró en diciembre pasado al profesor Adán Córdoba Morales, ex alcalde de Xico, ex diputado local y ex dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STSE), cuya fundadora es Acela Servín Murrieta.

Córdoba Morales ha recibido, entre enero y septiembre de este año unas 30 solicitudes de información, acerca de la situación financiera del IPE, los sueldos de los funcionarios, el manejo de cuotas y el destino de los descuentos al aguinaldo de trabajadores, jubilados y  pensionados, pero invariablemente sus respuestas son en el sentido de que esa información es reservada o confidencial, contiene datos personales o pondría en riesgo la estabilidad del Instituto si se hace pública.

De acuerdo a las últimas declaraciones de la maestra María René Montero Mora y Eduardo Segura Carranza, la COPIPE va con todo para lograr un sitio en las sesiones del Consejo Directivo, para que  le devuelvan a los trabajadores los descuentos al aguinaldo, para apelar la negativa al amparo interpuesto sobre este tema y para que se logre una reforma a la Ley de Pensiones, que ponga fin a tanta corrupción e impunidad.

Cada día más y más trabajadores en activo de la Escuela Normal Veracruzana, la Universidad Pedagógica, Enseñanza Media, Educación Básica, DIF Estatal, Universidad Veracruzana y numerosas  dependencias de Gobierno del Estado, se reúnen para acordar un plan de lucha que acabe  con los excesos en el pago de pensiones a un selecto grupo de personas, como es el caso de Manuel Ramos Gurrión –que se auto-asignó una pensión de 60 mil pesos mensuales-, pues mientras a miles de ex - trabajadores del sector público  apenas les  asignan  una pensión equivalente a nueve salarios mínimos, a 200 privilegiados les están pagando pensiones de hasta 80 mil pesos mensuales.

Anulando el derecho a saber y a preguntar, como lo manda la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en Veracruz, el profesor Adán Córdoba Morales -suddirector Jurídico del IPE-, impidió que Alta Voz tuviera acceso a documentos sobre el déficit financiero que arrastra el Instituto desde hace algunos años, argumentando que la dependencia sólo puede proporcionar "la versión pública" sobre dicho tema. Esto  coloca al titular de la dependencia, Gonzalo Morgado Huesca, como el autor intelectual de una política de opacidad deliverada y, en su caso, en cómplice de los los servidores públicos responsables de un presunto quebrando por más 4 mil millones de pesos.