Por: Carlos Lucio
La noticia corrió a la velocidad de la luz solar.
Unos, la magnificaron; otros, la divulgaron en forma moderada; otros, la redujeron a su mínima expresión, y los últimos, la tiraron al cesto de basura.
Las muestras de solidaridad ocuparon los grandes titulares en la nota roja y sólo en contados medios mereció la primera plana.
Esta es la historia de una agresión programada para infundir terror a la comunidad periodística del Estado de Veracruz.
El paramédico de la benemérita institución de la Cruz Roja de Córdoba, Ricardo Cristian Monlui Ruíz, fue interceptado por policías uniformados del municipio de Ixtaczoquitlán, durante la madrugada del domingo diecinueve de diciembre del 2010.
El lamentable incidente forma parte de la cotidiana cadena de actos delictivos, registrados por medios de comunicación impresos y electrónicos ubicados a lo largo y ancho del Estado.
No hubiese pasado a mayores en un clima de inseguridad pública que se respira durante las 24 horas de los 365 días, desde el primero de diciembre del 2004. El hecho cobró relevancia cuando en los despachos de prensa se dijo que la persona levantada, atada de manos, golpeada, secuestrada, con el rostro cubierto, y antes de abandonar en un cañal, uno de los uniformados le disparó con la finalidad de matar con todas las agravantes del caso, era el hijo de conocido periodista.
La información desbordó por los detalles de peso político, fuerza social e interés periodístico.
Horas más tarde, el automóvil de la persona agredida en su integridad física y derechos ciudadanos, fue localizado incendiado en uno de los caminos vecinales del municipio de Fortín de las Flores, ubicado entre Ixtaczoquitlán y Córdoba.
El técnico de urgencias médicas al servicio de la benemérita institución de la Cruz Roja es hijo del periodista Ricardo Monlui Cabrera, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, autor de la columna Crisol, publicada en diversos me dios de comunicación impresos y electrónicos de Veracruz.
Si echamos vistazo a la hoja de servició del periodista y columnista, leeremos que no es adicto a los extremos o consumidor de la lisonja, siempre ha practicado una línea informativa moderada sobre temas relativos al cultivo e industrialización de la caña de azúcar, difusión de actividades de los ayuntamientos de la región y la cobertura de eventos de carácter electoral.
Si bien es cierto que el atentado fallo, no se puede tirar a la basura el razonamiento periodístico de la simple casualidad, circunstancia, incidente aislado o acto recurrente.
Aquí nada fue casual, todos los movimientos del juego obedecieron a un indicador rigurosamente elaborado bajo las más negras y turbias intenciones.
Monlui Cabrera es ampliamente conocido en círculos políticos, económicos, sociales, comerciales e industriales de la zona centro del Estado, no sólo por ejercer un periodismo independiente, sino también por la red de relaciones con medios de comunicación impresos y electrónicos.
Pero, esto es sólo la punta más elevada del iceberg.
El periodista Pablo Hernández Velez, autor de la columna Sendero del Poder, director de la revista bimestral Evidencia y del portal de internet www.evidenciasemanal.blogspot.com, fue agredido verbal y físicamente, y luego despojado de sus pertenencias personales, la noche del jueves seis de enero del 2011.
Alrededor de las diez y media de la noche, el automóvil en que viajaba recibió varios golpes en la parte trasera con la intención de que se detuviera.
Metros adelante, una camioneta se le cruzó en el camino y del interior descendieron dos hombres corpulentos, de casi dos metros aproximados de estatura, apuntando con armas de fuego.
Uno de ellos, luego de golpearle con la mano abierta en el rostro del periodista, le obligó a salir del vehículo, para despojarle de cartera, plumas, reloj teléfono celular y dinero en efectivo.
El incidente ocurrió a la mitad del tramo carretero entre los municipios de Paso de Ovejas y Emiliano Zapata.
Este hecho pasa formar parte de la amplia lista de "casos aislados" de agresiones a periodistas en el Estado de Veracruz.
El periodista Noel López Olguín, corresponsal del semanario Noticias de Ácayucan, en el municipio de Jáltipan, desapareció el martes ocho de marzo del 2011.
Á las trece horas del pasado jueves diez del mismo mes, localizaron su automóvil abandonado a mitad del tramo de carretera que une a los municipios de Jáltipan con el de Texistepec, una brigada de uniformados de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La presidenta del consejo general del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), Carolina Viveros Garcia, limitó el número de medios que cubrirán el Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación Social en elecciones extraordinarias a celebrar en los municipios de Azueta y Coxquihui.
El sábado 19 de marzo anterior, consejeros y representantes de partidos políticos condenaron la decisión unipersonal de la presidenta consejera del IEV, luego de argumentar que no sólo representa un atentado a la libertad de expresión y de prensa, sino también a los derechos humanos.
La servidora pública se opuso a la ampliación del listado de medios a monitorear y sólo consideró a 21 impresos de una relación de más de 500, entre impresos, radiales, televisivos y de internet.
La cadena de agresiones a editores, periodistas y comunicadores, no ha quedado en hostigamientos, amenazas verbales o anónimas, secuestro de ejemplares o levantones, sino también, tortura, desapariciones, asesinatos y bloqueos de publicidad institucional.
El clima de inseguridad para el periodista crítico, independiente y plural, se deja sentir a lo largo y ancho de la entidad.
Las autoridades involucradas en investigar las causales de los condenables incidentes, las atribuyen a simples advertencias o ajustes de cuenta del crimen organizado.
Aunque no existen las suficientes evidencias de que el narcotráfico sea el autor intelectual o ejecutivo de todas y cada una de las agresiones documentadas, es el pretexto más utilizado por las autoridades locales para evitar el inicio de las averiguaciones previas.
El ejercicio de la libertad de expresión en el Estado de Veracruz, peligra.
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