¿Registrar celulares?

El domingo 11 de abril, venció el plazo para registrar teléfonos celulares. El Gobierno Federal estableció que cada usuario debe estar escrito en el Registro Nacional de Usuarios Telefónicos RENAUT, con esta medida las autoridades aseguran que evitarán que haya llamadas de extorsión, amenazas, secuestros y otros ilícitos. Pero un gran número de usuarios no registraron sus teléfonos. Unos por desconocer la disposición gubernamental; otros porque desconfían del propio gobierno. Se calcula que 30 millones de teléfonos celulares no se registraron, de un total de 85 millones. Recordemos que en la administración del Presidente Zedillo el Registro Nacional de Vehículos RENAVE se puso en manos de un delincuente internacional, el torturador argentino, Ricardo Miguel Cavallo. Más recientemente con el presidente FOX el titular del IFE Juan Carlos Ugalde, vendió el padrón electoral a empresas extranjeras y datos del INEGI circulan por todos lados. A eso se debe que empresas, bancos o candidatos nos llamen o envíen mensajes a todas horas.

El Gobierno Federal amenazó con cancelar el servicio a quienes no cumplieran la disposición, sin embargo el asunto no es tan sencillo. Por ejemplo: las cancelaciones tendrían un efecto desfavorable para los dueños de las empresas de telefonía celular. Se calcula que dejarían de ganar 60 mil millones de pesos al año. Carlos Slim propietario de una empresa perdería más de 40mil millones de pesos si se suspendiera el servicio a sus clientes. Por otro lado, la empresa MOVISTAR –española por cierto-, dice que recurrirá a acciones legales para proteger a sus usuarios. Seguramente solicitará amparo. Las demás empresas aseguran que dejarán disponible el servicio de mensajes en tanto se busca una solución. Algunos juristas aseveran que la cancelación del servicio a quienes no registraron teléfonos celulares sería una medida ilegal pues hay preceptos constitucionales que protegen a los ciudadanos como los siguientes: “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”. “Exclusivamente la autoridad judicial federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud…”. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley…”.

En fin, que en los próximos días veremos qué solución encuentra el Gobierno Federal. Al igual que otros casos, fue una decisión apresurada y sin profundo análisis. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones determinarán lo procedente. También constataremos si con el Registro de Celulares, efectivamente se reduce el número de delitos.