Intimidan a reporteros por trabajo periodístico en Veracruz

Por: Leopoldo Hernández

El pasado 16 de enero, el domicilio del corresponsal del periódico La Jornada, Andrés Timoteo Morales, fue allanado por segunda ocasión en menos de una semana.

En el primero de los robos, ocurrido el 9 de enero, donde con un cincel rompieron el candado de su casa, sustrajeron una memoria USB donde tenía archivados 3 años de trabajo periodístico así como una computadora portátil, dejando los demás objetos de valor.

Llama la atención que en menos de una semana y el mismo día en que agentes ministeriales se presentaran a realizar las primeras investigaciones sobre el primer robo, uno de ellos comentara al reportero, casi casualmente, que los ladrones no se hubieran llevado un nacimiento de cerámica que estaba en su sala. Sin embargo ese mismo día, horas después de la diligencia ministerial, el domicilio de Andrés Timoteo Morales fue asaltado nuevamente, robando en esta ocasión distintos electrodomésticos, algunas pinturas, así como el nacimiento mencionado.

En carta publicada por el reportero en el periódico La Jornada, afirma no sentirse seguro en su domicilio y “debido a las características del allanamiento, no puedo dejar de desligar estos hechos con mi trabajo de corresponsal”.

Así mismo, la publicación de la fotografía del cadáver de la anciana Ernestina Ascencio, indígena fallecida en febrero de 2007 presuntamente a consecuencia del ataque sexual por parte de efectivos militares acantonados en la sierra de Zongolica, originó que la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE), iniciara una investigación a los reporteros Regina Martínez y Rodrigo Vera, corresponsal y enviado de la revista Proceso.

Aunque en un principio la PJE rechazó una persecución en contra de los comunicadores, aceptó que a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una indagatoria para investigar al interior de la misma dependencia quién difundió la fotografía de la anciana, sin embargo, Vera afirmó que tras recibir citatorio en la ciudad de México para presentarse a declarar ante autoridades judiciales, se le dio trato de indiciado.

Días después, la misma CNDH en entrevista con el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), se deslindó de la investigación que la PJE hace sobre los reporteros, ya que la recomendación emitida por el organismo de Derechos Humanos hace referencia únicamente a que se investigue al interior de la dependencia veracruzana.

Aunque Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso no recibió citatorio formal para presentarse a declarar ante autoridades judiciales del estado, días después fue exhortada por las mismas para presentarse voluntariamente a declarar sobre el asunto, haciendo lo propio a través de un escrito

(1 de febrero de 2008)