Por: Enrique PiedraDesde hace por lo menos 30 años el gobierno ha emprendido una guerra de destrucción contra el campesinado, una guerra que ha ocupado el engaño, la mentira, el desprecio y la represión para lograr sus objetivos.
Bastaría con recordar que en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) la producción de maíz y fríjol disminuyó debido a que la agricultura mexicana se incorporó al mercado mundial, lo que generó bajos precios en los productos nacionales.
Posteriormente a mediados de los años ochenta, México cobraba aranceles aduaneros (tarifas o impuestos oficiales) del 100% sobre las importaciones agrícolas, esto como parte de una estrategia general de desarrollo local interno basada en la sustitución de importaciones, sin embargo, debido a la crisis por la que atraviesa el país, el gobierno mexicano se somete a una serie de medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).Una de estas medidas es el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio conocido como GAAT, cuyo único logro fue en perjuicio del campo y los campesinos, pues este acuerdo obligaba al gobierno mexicano a bajar sus aranceles de importaciones de manera periódica: primero de un 80% a un 50% y posteriormente a un promedio de 20 %.
Las continuas crisis económicas, la corrupción de las autoridades, la apertura del mercado, la falta de tecnificación del campo, el abandono y una creciente perdida de poder del estado en la política social, impactaron no solamente en la situación del campesino, sino también en otros sectores de las clases bajas y medias. La crisis social incremento a raíz del fraude electoral de 1988 que da el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.
En 1990 Salinas de Gortari (Presidente de México) destina cuatro mil millones de dólares para importar alimentos (maíz – fríjol) así, poco a poco se va preparando el terreno para la reforma al Art. 27 constitucional, con el que iniciará el desmantelamiento del campo mexicano terminando con el reparto agrario, iniciando la pequeña propiedad y destruyendo la propiedad comunal.
Es así como el estado entrega el control estratégico del campo mexicano al capital internacional de los agroindustriales, otorgándoles mayor influencia en la decisión respecto de ¿quién produce qué?, ¿Dónde y para qué mercado?.
Con el gobierno de Vicente Fox, poco cambió. La privatización de la tierra y la fragmentación de las comunidades continuó casi de manera sistemática, el poco precio que poseen los productos del campo los obliga a vender sus tierras, el desempleo se incrementa, provocando que muchos campesinos emigren a otras ciudades o a los Estados Unidos abandonando a su familia y fragmentando la composición social de su comunidad.
La enfermedad del campo mexicano son los políticos y las políticas irresponsables que han sometido a nuestros campesinos al abandono, a la explotación y al desprecio, privilegiando únicamente la apertura a la privatización del campo, la importación de alimentos y el uso de transgénicos en los cultivos.
(1 de febrero de 2008)
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