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| Foto: Edith Peredo |
México, D.F., a 11 de agosto de 2015
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. ha tenido conocimiento por medio de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y la organización de derechos humanos y territoriales, DESIDE, del incremento del acoso y hostigamiento contra activistas, defensores de derechos humanos, jóvenes y periodistas en el estado de Veracruz los días miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fuerza Civil, ministeriales, policías vestidos de civil y reconocidos agentes de gobierno del estado de Veracruz que han participado en represiones y privaciones ilegales de la libertad durante los últimos años a manifestantes y activistas.
Particularmente, se ha incrementado la vigilancia en el domicilio y oficina de miembros de la organización de derechos humanos y territoriales: DESIDE; y el de los jóvenes del Comité 5 de Junio, atacados por fuerzas parapoliciales el mes pasado.
En el caso del Comité 5 de Junio, la vigilancia de fuerzas policiales fuera de sus domicilios el día 5 de agosto alrededor de las 18:00 hrs., tras asistir varios de sus integrantes a un evento en memoria de Rubén Espinosa y Nadia Vera, y el día 6 de agosto, por sujetos vestidos de civil, acosando de forma frontal y directa.
En el caso de los miembros de la organización DESIDE, la vigilancia se alargó hasta por dos días (6 y 7 de agosto), por parte de distintas fuerzas públicas de la SSP, gente golpeando sus puertas en las noches y vigilancia de hombres sospechosos permanentemente afuera de sus domicilios durante la madrugada y el día siguiente. Además, en caso de intentar salir del domicilio, les seguían visiblemente. Las amenazas verbales de reconocidos operadores políticos del estado de Veracruz que se mantuvieron dos mañanas fuera de nuestros domicilios, provocaron que las y los jóvenes abandonaran sus domicilios.
En el mismo sentido se hizo más visible la vigilancia fuera del domicilio de estudiantes amigos de Nadia y Rubén, quienes a partir de su asesinato han impulsado movilizaciones y actos de manifestación en contra del gobierno del Estado. La denuncia sobre la implicación del gobierno estatal en el multihomicidio de la colonia Narvarte ha sido abanderada también por periodistas, cuya identidad no se abordará en este comunicado, quienes han recibido amenazas para cesar con ese señalamiento.
Alertamos contra la criminalización de la protesta y contra los jóvenes por parte del gobierno de Veracruz y nos sumamos a la exigencia de que se investigue el móvil político de los asesinatos, pues numerosas organizaciones de Veracruz, el gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil han elevado la responsabilidad del gobernador Javier Duarte Ochoa, como principal señalado por Rubén Espinosa y Nadia Vera en diversos medios, en relación con las amenazas contra su vida y con la persecución policiaca de la que fueron objeto y que les obligó a dejar esa entidad y autoexiliarse en la Ciudad de México.
ANTECEDENTE INMEDIATO
El 15 de junio pasado, este Centro de Derechos Humanos solicitó mediante una acción urgente a raíz del ataque a ocho estudiantes universitarios en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el cese de los hostigamientos y criminalización del activismo y defensa de los derechos humanos por parte del gobierno estatal.
Por lo que nos parece de suma gravedad que la denuncia y exigencias de la sociedad civil organizada en Veracruz y quienes nos hemos manifestado y solidarizado con sus causas, sean ignoradas. Nuevamente elevamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo en que se encuentran activistas, defensores y periodistas en el estado de Veracruz.
SOLIDARIDAD Y EXIGENCIAS
Ante la necesidad de que cesen los actos de hostigamiento y amenazas, expresamos as terribles agresiones no queden impunes, expresamos nuestra solidaridad hacia activistas, defensores y periodistas en el estado de Veracruz; al tiempo que rechazamos las acciones de represión en contra de los derechos a la libertad de expresión y de reunión en contexto de manifestaciones públicas.
Asimismo, exigimos de las autoridades competentes:
1. Una efectiva investigación que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de los actos, y a una efectiva reparación del daño a fin de garantizar que hechos como los ocurridos no se repitan;
2. Que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal de las víctimas y sus familias y cese el hostigamiento contra estudiantes y activistas.
3. Que se tomen medidas efectivas e inmediatas para salvaguardar la integridad personal y vida de los activistas, defensores y periodistas que han denunciado la responsabilidad del gobernador y su gabinete en los hechos ocurridos en la colonia Narvarte, Distrito Federal.
ARACELI M. OLIVOS PORTUGAL
Coordinadora del Área de Defensa Integral
Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.
defensa7@centroprodh.org.mx
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