Los resultados
de la elección del próximo domingo 7 de junio serán un termómetro fiel
del estado de ánimo de ciudadanas y ciudadanos con derecho a votar; los
comicios de ese día permitirán -la misma tarde-noche del domingo-,
cuantificar los porcentajes que alcanzarán el abstencionismo, el voto
duro del PRI-Gobierno, el “Voto Informado” que irá a las demás opciones,
el “Voto Nulo” que promociona una amplia gama de disidentes y el
alcance e incidencia política que tendrá el boicot de la jornada
electoral que auténticos movimientos sociales van a han realizar en
estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
Las
elecciones arrojarán también datos interesantes sobre la calidad de la
democracia en nuestros país, por el número de observadores nacionales y
extranjeros, el desempeño y nivel de credibilidad que mostrará el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, la actitud de las
dos principales televisoras, junto a las empresas encuestadoras, y el
efecto que tendrán la inseguridad y las sospechas del financiamiento de
campañas por parte del crimen organizado, como ya ocurrió en procesos
recientes.
Más allá de cómo quedará conformada la nueva
Cámara de Diputados, que iniciará su periodo el próximo 1 de
septiembre, la pregunta que nos debemos hacer los ciudadanos es ¿cómo
hacemos para que los nuevos legisladores no se conviertan en nuestros
propios verdugos, ya que después de ser electos contarán con fuero y ya
nada los obligará a consultarnos o tomarnos en cuenta, a la hora de
aprobar las leyes, como sucedió el año pasado con las reformas
estructurales de Peña Nieto, que tanto daño ocasionarán al país.
En
otras palabras, no tenemos aún un plan estratégico para controlar a
estos representantes populares, sean del partido que sea, para que vean
por el interés general de la sociedad y no, como hasta ahora, para darle
la espalda al pueblo que los elije y les paga sus salarios.
Porque
aun cuando la mayoría de la próxima legislatura no estuviera acaparada
por PRI-PAN-PRD, de todas maneras corremos el riesgo de que, en los
oscurito o el sótano de la política, otros legisladores incurran en
iguales o peores excesos y agravios a la Nación.
Urge
inventar o innovar fórmulas de control de estos representantes
populares, para pasar de la simple democracia representativa (la del día
de las elecciones) a una auténtica y vigorosa democracia participativa,
con contra-pesos reales y efectivos, que incluya un sistema de premios y
castigos para buenos y malos legisladores; también observatorios
ciudadanos y demás modalidades de fiscalización de los actos de los
diputados, para ejercer marcaje personal y habilitar mecanismos de
evaluación por distrito, después de que rindan cuentas cada año a su
paso por el Congreso de la Unión.
A mediano plazo, una
nueva reforma política tendría que eliminar también el fuero y
perfeccionar el mecanismo del juicio político, si los ciudadanos a los
que representa así lo solicitan.
Sólo así se podría ir
recuperando la confianza en las instituciones y para preservar la vía
parlamentaria como la única y legalmente posible para acceder al poder,
si se quiere evitar un rompimiento del pacto social y las consecuencias
de una sangrienta revolución.
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