¿GUERRAS POR EL AGUA?

Otra vez, nuestros perversos legisladores -diputados y senadores-, están a punto de cometer otro de los agravios mayores que los hará pasar a la historia como verdaderos “animales políticos”: la privatización del agua, a partir de la aprobación del dictamen de la Ley de Aguas Nacionales.
La medida es parte del paquete de reformas estructurales que con el sello Peña Nieto-Televisa, ya le autorizó a inversionistas privados, nacionales y extranjeros,  manejar en su provecho el petróleo y la energía eléctrica.

Entre otras cosas, la Ley de Aguas Nacionales contempla la privatización del agua, al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social; promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos; amplía los márgenes para poder contaminar el agua; y restringe los estudios, la investigación científica y el monitoreo, de acuerdo a la postura de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

Significa, además, un paso adicional para beneficiar al sector privado y las trasnacionales -como Coca Cola y Nestlé-, que ya vienen ganando espacio de acción desde 1994, según la especialista en el tema Claudia Campero, consultora de Blue Planet Proyect.

Y contiene una redacción tramposa, pues por una parte afirma que defiende el derecho humano al agua,  pero por el otro fomenta una visión mercantil del vital líquido, al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de millones de familias, en opinión del doctor en Derecho, Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Se requiere, entonces, que los diputados y los senadores se dejen asesorar por parte de los que sí saben de esto, que son los científicos, de acuerdo al director del Instituto de Ecología (INECOL), Martín Aluja Shuneman Hofer, para que se logre aprobar una Ley de Aguas Nacionales en beneficio del pueblo de México.

Mientras tanto, Xalapa y la región siguen representando un contraste muy singular: nos llueve en promedio unos 200 días al año, pero tenemos que “importar” el agua de otros municipios o de otros estados. No se ha desarrollado una política pública y una cultura para la captación, administración y  aprovechamiento del vital líquido. En vez de eso, se quiere justificar la entrada del sector privado a este sector, pero con fines de lucro.

Dicen que las próximas guerras no serán por el petróleo sino por el agua y que actualmente hay más desplazamiento de personas por la construcción de presas que por la guerra entre países...
No se nos olvide que zonas metropolitanas como la de Xalapa-Emiliano Zapata-Banderilla y Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque, llevan de 25 a 30 años lidiando con los conflcitos derivados por el traslado de grandes volúmenes de agua de las presas Los Colibríes -de Quimixtlán, Puebla- y Yuribia, en Tatahuicapan, respectivamente, hacia núcleos poblacionales de poco menos del millón de habitantes.

Vamos a ver de qué están hechos nuestros flamantes diputados y senadores -como Charleston y Yunes Zorrilla-, pero ya la ciudadanía no espera mucho de ellos; tendrían que ser la comunidad científica, los académicos, las organizaciones civiles, los auténticos ejidatarios e incluso los pequeños y medianos empresarios quienes  deberían hacer  contrapeso a la voracidad de empresarios y legisladores, para impedir que privaticen y  lucren con el derecho humano al agua.