Arrancaron nuestros frutos… mutilaron nuestras ramas quemaron nuestro tronco pero nunca jamás pudieron arrancar nuestras raíces que aun hablan cantan y luchan.
Fragmento de poesía maya
Las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, coronan la montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años; tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país. Dichos “Crímenes de Estado” y de “Lesa Humanidad” expresan a plenitud el sentido profundo de las llamadas “reformas estructurales” y de los tratados de “libre comercio” bajo las órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos.
El desastre económico, ambiental, los fraudes electorales, la corrupción y la violencia, que devinieron en catástrofe humanitaria, fueron provocados por las decisiones de las oligarquías capitalistas neoliberales y la clase política reinante. Son ellos quienes en aras de intereses antinacionales sembraron el caos y provocaron una crisis del Estado nacional que pone en riesgo el futuro de nuestro país, de la sociedad civil mexicana y de cada una de las personas, hombres y mujeres, que constituimos el pueblo de México.
En tales circunstancias, la superación de la crisis pasa por la necesaria refundación del Estado nacional. Así, la iniciativa de Constituyente Ciudadana asume como propia la tarea de generar las condiciones para el desarrollo de un “Proceso Constituyente” que elabore una propuesta de nueva Constitución y restaure la legalidad. El pasado 5 de febrero en la Ciudad de México, diversos grupos de ciudadanas y ciudadanos dieron a conocer el proyecto de construcción de la Constituyente Ciudadana-Popular, encabezado por el Obispo Raúl Vera López.
El análisis de todas estas situaciones, muestra que México se encuentra en una encrucijada, que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de sus élites políticas. Esta situación no solo supone una tragedia hoy en día, sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad.
Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso.
Un Estado Mexicano refundado debería:
1. Reasumir su función básica de servicio del interés público, de protección de los derechos de la ciudadanía y de aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México.
2. Garantizar los derechos humanos y prevenir su violación, de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente.
3. Implementar en toda su amplitud la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y acatar todas las recomendaciones que el Comité CEDAW y otros le han hecho a México.
4. Garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y el derecho de huelga; proporcionar un entorno laboral seguro y saludable y pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras; así como ratificar los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que aún no es parte y cumplir de los que sí lo es.
5. Reconocer de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas en México, recogidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
6. Replantear globalmente la problemática de la migración tanto en lo que se refiere a políticas de reducción de la migración forzada por motivos económicos, como a las garantías de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias, con especial atención y protección a las y los migrantes en tránsito por el territorio de México.
7. Garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, incluida la de producir y difundir la información, estableciendo los medios necesarios para garantizar tanto la pluralidad de los medios de comunicación como que éstos no reproduzcan o fomenten la misoginia, los estereotipos y prejuicios raciales/étnicos, etarios y de género y no contribuyan a la criminalización de la protesta social.
8. Cesar las prácticas de represión, criminalización y judicialización de la discrepancia, de los movimientos sociales, de las y los periodistas, y de las y los defensores ambientales y de derechos humanos.
9. Revertir el proceso de pérdida de control del Estado sobre su territorio, incluido el subsuelo y los recursos naturales.
10. Aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la luz de los múltiples impactos negativos que le ha causado.
11. Detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial al servicio de los intereses del país.
12. Salvaguardar el régimen de la propiedad ejidal y comunal eliminando las prácticas discriminatorias contra las mujeres y recuperar a las y los pequeños productores con objeto de revitalizar el sector agrícola, disminuir la dependencia tecnológica y favorecer la soberanía alimentaria.
13. Asumir su responsabilidad, frente a las generaciones pasadas, presentes y futuras, como centro de origen del maíz y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social.
14. Emprender un programa global de restauración ambiental, fomentando al mismo tiempo la creación de empleo público en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los sectores de descontaminación de suelos, saneamiento de aguas, gestión de residuos, conservación de bosques y generación de energías renovables.
15. Regular la autorización de las actividades económicas estableciendo procedimientos de evaluación con enfoque de género de impactos sociales y ambientales, regímenes fiscales apropiados, mecanismos de monitoreo eficaces y un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente y a los derechos humanos.
16. Remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos, todas las prácticas, que contribuyen a mantener la impunidad.
17. Cumplir con sus obligaciones de investigar graves violaciones de derechos humanos, castigar a las personas responsables y garantizar la reparación de las víctimas. Poner en marcha mecanismos de investigación efectivos y una reformulación de los sistemas de protección y vigilancia de los derechos humanos.
18. Transformar el sistema judicial, tanto en la definición de las políticas de persecución del crimen como de los principios que rigen el proceso penal, como en la formación y selección de las y los jueces y magistrados, dotándolos de medios adecuados y confinando la jurisdicción militar a su ámbito propio.
19. Emprender una política de reconstrucción del tejido social que afronte los gravísimos impactos de la violencia y la vulneración de derechos humanos que han sufrido amplios sectores de la población y cuyas consecuencias se prolongarán en el futuro.
20. Modificar o derogar todas las normas legales que constituyan un obstáculo para desarrollar las medidas anteriormente mencionadas.
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