POLICÍAS MUNICIPALES O AUTODEFENSAS

Aunque el gobernador de Veracruz compra  todos los medios de comunicación para decir que en el estado no hay asaltos, secuestros y extorsiones, hay poblaciones donde la gente ya se organiza para buscar formas de auto-defensa, pues policías municipales y estatales no garantizan la seguridad pública que merecemos.

Sólo algunos periodistas y en espacios muy reducidos de medios impresos y electrónicos se están documentando a diario los agravios que provocan la delincuencia organizada e incluso malos elementos de las corporaciones policiacas, con el más absoluto cinismo e impunidad.

Lo mismo que ganaderos, pequeños comerciantes, empresarios, taxistas, estudiantes, párrocos y periodistas honestos, vienen siendo víctimas de extorsiones y secuestros en el norte, centro y sur de la entidad, como se viene reconociendo ya en las estadísticas nacionales.

No menos violentos son los hechos de sangre por asaltos, ajuste de cuentas, levantones o por simple abuso de autoridad que cometen policías municipales iletrados, no pocas veces asociados a grupos locales de la delincuencia organizada.

Así empezaron las cosas en poblaciones de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Jalisco, donde los grupos de autodefensa perdieron el miedo y se armaron para defender a sus familias y comunidades,  al ver la indolencia con que actúan su gobierno municipal, estatal y federal.

Rebasados por el poder financiero, el armamento y la capacidad de movilidad de la mafia -en sus diferentes denominaciones-  a los funcionarios de los tres niveles de gobierno sólo les dejan tres opciones: fingir que no pasa nada, para no tener que enfrentarlos; enfrentarlos y correr el riesgo de perder la vida; o asociarse al crimen organizado y sumar fuerzas para dominar amplias regiones geográficas y plazas públicas de todos los tamaños, pues eso les deja dinero, poder y control.

Aún es muy pronto para saber cómo va a evolucionar la situación de descomposición social en todo Veracruz, pero el gobernador Duarte sigue aferrado a mantener al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en la cabeza del sector, no obstante los pésimos resultados y múltiples agravios que padece la ciudadanía.

Desafortunadamente, la región donde vivimos no es la excepción y apenas en los tres meses de las actuales administraciones ya hay un diagnóstico que debe preocupar y ocupar a quienes nos gobiernan, antes de que la gente empiece a hacerse justicia por propia mano, cuando la autoridad es omisa o cómplice de los agravios.

Desde Ayahualulco hasta Xalapa, pasando por Ixhuacán, Cosautlán, Teocelo, Xico y Coatepec, ya nos pasaron cosas que no se veían hace unos cuantos años: gente que ha sido víctima de la delincuencia y gente que se pasó del lado de la delincuencia; un número creciente e indeterminado de jóvenes desaparecidos o presos en cárceles  estatales, por su participación en actos ilícitos ligados a la narcodelincuencia; jovencitas utilizadas como “halcones” o informantes, llevadas a situaciones de para  prostitución; pacíficas poblaciones convertidas en “tiradero” de cadáveres y “corredores” estratégicos para huir hacia los límites con el estado Puebla; compra de jefes y elementos policiacos que eliminan a sus propios compañeros por 50 mil pesos, para compartir el control de la plaza con grupos delincuenciales de bajo perfil pero igual de peligrosos que aquellos que son adiestrados a alta escuela del crimen organizado; negocios que abren y cierran sin el control y la supervisión de las direcciones de Comercio de los ayuntamientos, donde se presumen lavan dinero producto de secuestros y extorsiones; y probable financiamiento de campañas políticas de grupos delincuenciales para tener manos libres cuando los funcionarios ya estén en el poder...

También es demasiado pronto para saber si la ciudadanía dejará que las cosas se sigan descomponiendo, o si por el contrario vencerá el miedo para denunciar y actuar en defensa de sus familias y comunidades.

Por lo pronto, un primer compromiso que deben asumir las autoridades municipales en nuestra región es no dejar que las policías municipales queden exentos del escrutinio de los ciudadanos, porque somos quienes a diario los vemos subir y bajar en sus vehículos y en un espíritu de corresponsabilidad podríamos vigilar, monitorear y calificar su desempeño, para evitar que los elementos se pasen del lado del enemigo o se conduzcan con prepotencia e impunidad.

Deben los ayuntamientos transparentar toda la información que, sin exponer innecesariamente a las corporaciones, nos dé la  certeza de que son los más capacitados, los más confiables y los más cercanos a la gente y no sus verdugos.

Estamos a tiempo de que las cosas no se salgan de control, pero necesitamos señales de parte de alcaldes, síndicos  y regidores de que habrá voluntad política para sacudirse de los malos elementos y preservar la paz y la tranquilidad que se nos está yendo de las manos.