¡QUE RENUNCIEN!

Ya son diez los periodistas que pierden la vida en el ejercicio de su profesión, desde que Javier Duarte de Ochoa ocupa el cargo de gobernador en Veracruz.
El último fue Gregorio Jiménez de la Cruz, en el sur de la entidad, quien documentaba casos de secuestro, extorsión y ejecuciones en toda una región de fuerte presencia y operaciones de la delincuencia organizada, según los testimonios de sus propios colegas.
Como en otros casos, el procurador, el titular de Seguridad Pública y la vocera del gobernador montaron una versión  del homicidio que nadie cree, para tratar de  desviar la atención y confundir a la opinión pública, al decir que su muerte no tuvo que ver con los temas que manejaba el periodista. Lo mismo dijeron de Regina Martínez.
A las protestas del gremio periodístico, por la falta de condiciones para ejercer el oficio, se deben sumar los reclamos de otros sectores de la sociedad veracruzana, que hartos por la violencia, la inseguridad y el terror también comenzaron a alzar la voz.

Reunidos en Córdoba, los obispos acaban de emitir un comunicado en el que claman justicia por las personas desaparecidas, cuestionando al gobierno por la ola de secuestros y extorsiones, de los que incluso han sido víctimas los propios párrocos en diversas partes del estado.

Empresarios de Xalapa y otras ciudades han comenzado a bajar la cortina de sus negocios e incluso colocan mantas con la leyenda “Me están extorsionando”, sin que policías, ministeriales, soldados o marinos puedan evitar el pago por “derecho de piso”.

Movimientos sociales, como el magisterial, así como agrupaciones de periodistas y organismos de derechos humanos, vienen también alzando la voz por la represión de los elementos de Seguridad Pública, que con impunidad aplastan cualquier intento de protesta.

Lamentablemente, por miedo o por dinero, la mayoría de los medios de comunicación tanto impresos como electrónicos no se ocupan ni se preocupan del clima de inseguridad y prefieren “nadar de a muertito” aplicando esquemas de censura y autocensura en el ejercicio de la profesión.

Y es que hay de periodistas a “periodistas”.

Sólo algunos se atreven a cruzar la línea del confort y aun asumiendo que su vida corre peligro, se esmeran en alertar  a la sociedad sobre el modo en que opera la delincuencia organizada, muchas veces asociada a funcionarios del gobierno o en contubernio con policías, soldados y marinos.

Corriendo riesgos por su propia cuenta, este tipo de comunicadores ponen al descubierto también los negocios de la política, por ejemplo al documentar el lavado de dinero en el financiamiento de  las campañas políticas o las licitaciones amañadas para la asignación de obra pública en los municipios.

Hablamos de esos periodistas que con ética y profesionalismo documentan la ineficacia, la corrupción, el autoritarismo y la impunidad con que se conducen servidores públicos de los tres niveles de gobierno, que  además revelan los intereses perversos de los partidos  y ponen al descubierto las mañas de la clase política.

A veces, esos auténticos representantes del gremio tienen que lidiar también con los dueños o los directores de sus propios medios, a quienes no les interesa que se publique la verdad, para tener credibilidad, sino asegurar un jugoso contrato con el gobierno o servidor público en turno, a cambio de la publicación  de halagos y mentiras.

Esa relación perversa que existe entre los dueños de los medios y funcionarios del gobierno, acuñó la frase de José López Portillo : “No te pago para que me pegues”; una fórmula que sigue vigente entre cínicos servidores públicos y “periodistas” de dudosa honestidad.

En medio de todo este clima adverso para el ejercicio libre y responsable de la profesión, la muerte de estos diez comunicadores tampoco parece importarle a la sociedad, por lo que en esas circunstancias es muy probable que la cuota de sangre que tengan que pagar auténticos comunicadores para que la verdad se publique, seguirá colocando a Veracruz como el estado de mayor riego para ejercer la libertad de expresión y a Javier Duarte como el gobernador más peligroso para lo