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| A la derecha, una de las manifestaciones del movimiento magisterial, frente a Palacio de Gobierno, que durante dos semanas ha permanecido cerrado y fuertemente resguardado por policías; los inconformes con la reforma educativa exigen que salga a dailogar el gobernador Javier Duarte de Ochoa. A la derecha, otra manifestación -la marcha del silencio- efectuada por maestros, padres de familia. estudiantes y pueblo en general, el lunes 16 de septiembre, llegando al Palacio Legislativo bajo la lluvia. Tampoco los legisladores salieron a recibirlos. Fotos: Elfego Riveros |
Elfego Riveros
La insurgencia
magisterial cumple su primer mes, con el regreso de miles de profesores a las
plazas públicas y nuevas acciones, pero ahora con nuevos aliados y presencia
constante y sostenida en 27 estados de la república.
A lo largo de las
últimas cinco semanas, el magisterial se rebeló a sus dirigentes sindicales y
por su propia cuenta ha emprendido una lucha decidida para poner a salvo sus
derechos laborales y la educación pública gratuita, laica y obligatoria, como lo consagra el Artículo 3ro.
Constitucional.
Enfrentando el
linchamiento mediático de las empresas televisoras y demás medios impresos y
electrónicos afines al gobierno y sufriendo el
hostigamiento de funcionarios y
policías, los profesores le han quitado el control de las escuelas al gobierno,
en alianza con padres de familia y alumnos de todos los niveles educativos.
A continuación,
algunas fechas y sucesos que han marcado la agenda informativa de Radio Teocelo, Teocelo Te Ve y Alta Voz:
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| Desde la Unidad Móvil de Radio Teocelo se transmiten en vivo los posicionamientos, opiniones y posturas de los diferentes actores y sectores que se unen al movimiento magisterial. Foto: Adolfo de J. Pedraza. |
Lunes 19 de agosto
Unos 20,000 maestros
de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas inician un plantón y paro
indefinido en el Zócalo de la ciudad de
México, al comenzar el ciclo escolar 2013-2014, en protesta por la reforma
educativa. Los gobernadores, líderes sindicales, legisladores y medios de comunicación minimizan el
movimiento.
Antes de instalar
sus casas de campaña en la plancha del Zócalo, marcharon hacia la Cámara de
Diputados o Palacio Legislativo de San
Lázaro. El secretario general de la sección 22 del magisterio de Oaxaca, Rubén
Núñez, dijo que si el gobierno y los legisladores no los escuchan, se quedarían
en el DF por tiempo indefinido y hasta darían ahí el Grito de Independencia.
Su demanda es que
se instalen mesas de negociación para
escuchar las propuestas de los profesores y que se deroguen las leyes
secundarias de la reforma presidencial en materia educativa.
A partir de esa
fecha, más de dos millones de alumnos de escuelas públicas se quedaron sin
clases.
El secretario
general de la sección 7 de la CNTE en Chiapas , Adelfo Alejandro Gómez, dijo
que es necesario que “…se concreten acuerdos que permitan la
transformación de la educación en el país sin que signifique una reforma
administrativa y laboral, sino que verdaderamente se vaya al fondo de las
raíces para implementar un proyecto totalmente pedagógico que permita
reestructurar todo el sistema educativo”.
En las siguientes semanas, la presencia del magisterio en la
capital del país tuvo distintos momentos de efervescencia pero también de confrontación con distintos sectores de la población, debido
a la campaña que desataron en su contra
los conductores de noticias de empresas como Televisa, TV Azteca, Radio
Fórmula, Telefórmula y Milenio TV.
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| Se calcula que unas 10 o 15 mil personas marcharon en silencio -en contraste con el desfile oficial-, el pasado 16 de septiembre, de la Escuela Normal Veracruzana hacia el Congreso del Estado, para reiterar que el movimiento magisterial ya es social y popular y que esta semana sigue con nuevas acciones en plazas públicas, igual que en otros 27 estados del país. Foto: Elfego Riveros |
Lunes 2 de septiembre
Luego de una manifestación que partió de la Escuela Normal
Veracruzana, el domingo 1ro de septiembre, se inicia en el estado un paro de
labores de 12,000 maestros de cinco sindicatos magisteriales, en contra de la aprobación de la reforma educativa.
Por primera vez en Veracruz, las bases del magisterio
desconocen a sus líderes sindicales y cuestionan a diputados como Alejandro Montano y Gaudencio
Hernández, por aprobar la iniciativa presidencial sin previa consulta con los sindicatos y sus bases magisteriales.
El domingo, la Cámara de Diputados había aprobado con 390
votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa del presidente
Enrique Peña Nieto, avalada por PRI, PAN y PRD dentro de los acuerdos del Pacto
por México.
El miércoles 4 de septiembre unas 10,000 personas llenaron
la Plaza Lerdo, después de marchar desde el Teatro del Estado y otras 10,000 se
plantaron frente a la Secretaría de Educación de Veracruz, bloqueando la
carretera federal hacia Veracruz, los acceso al Arco Sur y otras vías alternas.
Las protestas se extendieron en los siguientes días y
semanas a lugares como Córdoba, Orizaba, Cosoleacaque, Minatitlán,
Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Tantoyucan, Tuxpan, Poza Rica…
Las consignas y demandas se fueron unificando: lucha contra
la reforma educativa, acabar y castigar la venta de plazas, desconocimiento de sus líderes sindicales,
Acela Servín Murrieta, Gaudencio Hernández Burgos y Juan Nicolás Callejas,
entre otros, y un diálogo público con el
gobernador Javier Duarte de Ochoa, para exigirle un pronunciamiento a favor del veto de la
iniciativa presidencial.
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| Maestras y maestros de Xico realizan su propio desfile, el 16 de septiembre, alterno al que organizaron las autoridades municipales. Portando pancartas y vistiendo de negro, manifestaron su rechazo a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Gabriel López Cortés |
Sábado 7 de
septiembre
En medio de la lluvia, unos 30 mil profesores y diversos sectores de la sociedad
xalapeña permanecen frente a Palacio de Gobierno, en demanda de diálogo con el mandatario
Javier Duarte, para que interceda ante
el presidente Enrique Peña Nieto y se derogue la reforma educativa, pues consideran
que lesionará sus derechos y conquistas laborales, en vez de
proponer aspectos de mejoría educativa.
Con pancartas, consignas, cantos, mantas y banderas
tricolores, poco a poco a estas manifestaciones
se fueron incorporando padre de familia, estudiantes, empleados,
músicos, universitarios, amas de casa, organizaciones civiles, académicos y
agrupaciones campesinas y populares.
Se advierte en los discursos y volantes que la reforma
educativa no sólo afectará derechos laborales de los profesores, sino que
también tiene la intención de descargar en los padres de familia mayores
responsabilidades para el sostenimiento de los edificios escolares y otros
gastos que antes asumía la federación o el estado, argumentan.
Sostienen los maestros que no participarán en los eventos
del 15 y 16 de septiembre, ni regresarán a sus salones de clase, mientras no se
les dé una respuesta a su principal petición: que se derogue la reforma
educativa y sus leyes secundarias.
“No nos vamos a dejar, el gobierno no nos va a detener, así
tengamos que cerrar carreteras, tomar oficinas del gobierno, el Palacio o Los Pinos,
lo vamos hacer, ya no más abusos del gobierno”.
A nivel nacional se realizaron diversas movilizaciones como
parte de la protesta de los maestros en contra de la recién promulgada reforma
educativa. En la Ciudad de México participaron personas de Oaxaca,
Michoacán, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán.
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| También en Teocelo, de forma espontánea, padres de familia efectuaron su propio desfile el lunes 16 de septiembre, a pesar de que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública les tomó fotografías. Foto. Adolfo de J. Pedraza |
Habla un experto
De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, existen varias razones
por las cuales es inaceptable la Ley General del Servicio Profesional Docente
(LGSPD) presentada por Enrique Peña Nieto el 13 de agosto del año en curso y
aprobada por los diputados el domingo 1ro de septiembre.
Fuentes es Doctor en derecho y profesor de derecho en la
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
El también asesor legal de diversas organizaciones civiles,
de derechos humanos y laborales escribe 32 razones que, de acuerdo con él,
sostienen la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación a la aplicación de la mencionada ley :
1.- Se aplica de
manera retroactiva la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en
educación básica y media superior, contrariando el artículo 14 Constitucional
(Artículo 1).
En el Artículo 1° de la Ley General del Servicio Profesional
Docente, se establece que ahí se estipularán los términos y condiciones para el
ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio. Por su parte,
en el Artículo 14° constitucional se establece que a ninguna ley se dará efecto
retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Se considera pues, que lo dispuesto en los mencionados
términos y condiciones afecta a los profesores directamente en sus actividades
profesionales y, como tal, es anticonstitucional su promulgación.
- Se derogan todos los derechos adquiridos (Transitorio Segundo).
En la Ley del Servicio Profesional Docente, el Artículo
Transitorio Segundo dice que “Se derogan las disposiciones que se opongan a
este Decreto”. Por tanto, todos los derechos que los profesores han adquirido
hasta ahora y que no concuerdan con las nuevas disposiciones serán eliminados.
- Las autoridades educativas pueden anular derechos “sin necesidad de declaración judicial”. (Arts. 32, 40, 44)
En el Artículo 32 de la LGSPD se establece que cualquier
forma de Promoción que sea distinto a los establecido (según lo dispuesto pot
las autoridades educativas y los organismos descentralizados) -en el caso de la
educación básica el nombramiento es definitivo y en el de la educación media
superior es por tiempo fijo- podrá anularse sin necesidad de declaración
judicial. Lo mismo aplica para los incentivos adicionales o que premien el
mérito de los educandos.
- Otorga facultades al Secretario de Educación Pública federal (SEP), léase presidente de la República, para estar por encima de la soberanía de los estados de la República para autorizar a los gobernadores lineamientos en los cuatro temas.(Art. 8- I)
En el Artículo 8° de la LGSPD se establece que en lo que se
refiere a la educación básica, las autoridades educativas tienen obligación de
someter a consideración de la Secretaría sus propuestas de perfiles, parámetros
e indicadores de carácter complementario para el ingreso, promoción,
permanencia y reconocimiento que se estimen pertinentes. Por tanto, la
Secretaría de Educación Pública, con su actual titular Emilio Chuayffet, estará
a cargo de cualquier consideración sobre los profesores.
- Permite al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) imponer y autorizar, por encima de la soberanía de los Estados, lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para evaluación de los cuatro temas. (art. 7 IV, V, VI).
El Artículo 7° en su fracción IV, establece que el INEE
deberá expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades para las
funciones de evaluación, como los concursos de oposición y los procesos de
evaluación. Además, en la fracción V se establece que el INEE deberá determinar
los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y en el VI, que llevará a
cabo propuestas de validación de los perfiles aprobados por las autoridades
educativas y los organismos descentralizaos.
- Faculta a la SEP y al INEE, para efectos administrativos, para interpretar unilateralmente la ley. (Art. 67)
En el Artículo 67° se establece que la interpretación de la
LGSPD sólo podrá ser interpretada por el INEE y la Secretaría de Educación
Pública.
- No considera la participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones. (Art. 7 XV)
En el Artículo 7° fracción XV está establecido que el
Instituto deberá establecer los mecanismos mediante los cuales los
representantes de las organizaciones no gubernamentales y los padres de familia
participarán como observadores en los procesos de evaluación. No se hace
mención de los sindicatos.
- Sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos en casos de conflicto de los cuatro temas.(Art. 84)
En el Artículo 84° se establece que en caso de controversias
de carácter administrativo, derivadas de la aplicación de esta ley, el
Tribunal Federal de Justifica Fiscal y Administrativas será en encargado de
resolverlas. No hay referencia a
los Tribunales de trabajo.
- Desaparecen los nombramientos de base para quienes ya lo tienen y para los de nuevo ingreso. Se establece como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades la negativa a participar en los procesos de evaluación sin considerar la antigüedad y nivel académico. (Transitorio Octavo)
En este Artículo transitorio, queda establecido que el
personal que se encuentre en servicio deberá ajustarse a los procesos de
evaluación aunque tenga nombramiento definitivo, tenga funciones de docencia,
de dirección o de supervisión. Y deberán atenerse a los procesos de
evaluación del artículo 53°.
- Crea la figura de contratos “por tiempo fijo” de naturaleza eventual, en sustitución de los nombramientos de base.(Arts. 23, 30 y Transitorio Octavo)
En el Artículo 23° se dice que los nombramientos que se
expidan serán por “tiempo fijo” cuando durante el clico escolar se asignen
plazas vacantes. En el 30° se da la misma característica pero para los
supervisores de la educación media superior.
- Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación con base en criterios unilaterales. (Transitorio Noveno)
En este Artículo Transitorio se establece que a los
profesores que, al entrar en vigor la LGSPD, tengan nombramiento provisional
serán sujetos a las evaluaciones que establece el artículo 52 (en este Articulo
está establecido que las autoridades educativas y los organismos
descentralizados deberán evaluar el desempeño docente con las determinaciones
del INEE) En caso de obtener resultados suficientes se le otorgará el
nombramiento definitivo, en caso contrario, será separado del servicio público.
- Los dos puntos anteriores no toman en cuenta el derecho a la reinstalación en el empleo o de indemnización con pago de salarios caídos en caso de separación injustificada. (Transitorio Octavo y Noveno) y por tanto se cancelan.
Por todos estos aspectos con justificación en la Ley, la
CNTE ha concluido que se tendrán las siguientes consecuencias:
- Desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo.
- En los cuatro temas (ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia) se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial y se vuelven “condiciones administrativas” y dejan de ser derechos laborales.
- Sustituye el Trabajo Docente por el Servicio Profesional Docente.
- Enfrenta al docente como sujeto administrativo aislado a la estructura estatal.
- Permite a la SEP imponer lineamientos generales en la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela en la Educación Básica.
- Desconoce la calidad “de trabajadores” a quienes laboran en el magisterio al convertirlos en “sujetos administrativos” violando el artículo 123° Constitucional.
Por otra parte, son al menos tres artículos los que han
generado polémica entre algunos legisladores que no comparten contenidos de
esta iniciativa: el 22, el 56 y el Octavo Transitorio. Argumentan que conforme
a su redacción, un maestro podría ser separado de su cargo, sin
responsabilidad para la autoridad educativa. El Octavo Transitorio ya ha
sido expuesto, no obstante es relevante explicar los otros dos.
El Artículo 22 es controversial. Ahí se establece que el
ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento que estará sujeto a
un periodo de inducción con duración de dos años dentro de los cuales
se tendrá asignado un tutor. A los profesores de nuevo ingreso se les aplicará
una evaluación al término de cada año escolar y se le dará apoyo y programas
para fortalecer sus capacidades.
La autoridad educativa y el Organismo Descentralizado
evaluarán al docente y determinarán si la práctica favorece el aprendizaje de
los alumnos. Si los profesores incumplen con el periodo de inducción, con la
evaluación y si se identificar su “insuficiencia” en esta última se darán por
terminados los efectos del nombramiento y las autoridades y los organismos
descentralizados no tendrán responsabilidad alguna.
Por último, en el Artículo 56 se refiere que en la Educación
Media Superior las autoridades educativas y organismos descentralizados podrán
definir las características de los perfiles, parámetros e indicadores pero no
hay especificaciones y se deja a libre criterio.
Diálogo no, macanas
sí
La tarde del viernes 13 de septiembre, la Policía Federal
entró y ocupó la plancha del Zócalo del DF, para “limpiar” el espacio público
donde tradicionalmente se efectúan las ceremonias del Grito de Independencia y
el desfile conmemorativo del inicio de la Guerra de Independencia. Las
televisoras aplaudían el desalojo que, no sin violencia y exceso, cometieron las
“fuerzas del orden” contra profesores, activistas e informadores.
Una horas más tarde, en la Plaza Lerdo de Xalapa, se
efectuaba otro operativo de desalojo, en horas de la madrugada.
Y es que la expansión
del movimiento magisterial a todos los rincones de la entidad –tan solo
en 15 días-, y su unificación con otros
actores y sectores de la sociedad veracruzana, como los padres de familia, alumnos,
académicos, empleados públicos, universitarios, normalistas, médicos, enfermeras y organizaciones civiles, dejó al
Gobierno del Estado en desventaja
para revertir la inédita
insurrección popular.
Hasta ahora ni el gobernador Javier Duarte de Ochoa, ni el
secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, han mostrado
disposición para dialogar con los maestros veracruzanos y menos los principales
líderes sindicales, si acaso el diputado Flavino Ríos Alvarado – a nombre del
Congreso del Estado-, pero sólo para distraer y enfriar al movimiento.
Los únicos funcionarios que han tratado personalmente con
los maestros inconformes, han sido hasta ahora los cuerpos represores,
dirigidos desde la Secretaría de Gobierno, como en la vieja usanza del
PRI-Gobierno.
El uso de macanas, bastones eléctricos, perros amaestrados, policía
montada, en horas de la madrugada, ya se pusieron en evidencia la madrugada del 14 de
septiembre, como los instrumentos del diálogo y la comunicación con
manifestantes.
En su portal de noticias la Agencia Proceso (APRO), publicó
el 14 de septiembre:
Maestros y
estudiantes que pernoctaban en la plaza Lerdo en protesta por la aprobación de
la reforma educativa, fueron desalojados del Centro Histórico con toletes
eléctricos y patadas por un grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad
Pública de Veracruz (SSP).
La madrugada de
este sábado los policías de la SSP establecieron un cerco de seguridad en las
primeras tres manzanas del Centro Histórico para proceder a disolver la
protesta magisterial y “dejar limpia” la plaza Lerdo para que el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, pueda dar el Grito de Independencia este domingo.
Alrededor de 300
maestros y estudiantes fueron desalojados por un centenar de elementos, quienes
con escudos y toletes eléctricos en mano procedieron a la agresión del
magisterio veracruzano. El hecho causó conmoción en las redes sociales y las
fotografías del violento desalojo circulan en ellas.
En la refriega con
los profesores, policías del grupo antimotines intimidaron a los medios de
comunicación que se encontraban ahí presentes, al fotógrafo de Reuters, Óscar Martínez le
arrebataron su equipo de trabajo, el cual fue devuelto media hora después que
las fuerzas del orden borraran las imágenes del violento desalojo; a la
reportera freelance Melina
Zurita la golpearon y le robaron su cámara fotográfica. La comunicadora sufrió
una crisis nerviosa.
La agrupación civil
Zapateando reportó la detención de los defensores ambientales, Juan Alberto
Arellano Mariano y Paulino Hernández Espejo. Un video que circula en las redes
sociales muestra la detención de los activistas por parte de personas vestidas
de civil, quienes los suben a una patrulla de la policía estatal.
“El uso de la
fuerza pública para desalojar el plantón magisterial es una muestra más de las
violaciones a los derechos humanos prevalecientes en el estado de
Veracruz. La detención de Juan Alberto Arellano Mariano, quien también es
fotógrafo de Zapateando se vincula a otras agresiones que sufrieron comunicadores
en la cobertura del desalojo. Fotorreporteros denunciaron robo de equipo”,
consigna el comunicado de Zapateando.
En contraste, el
gobierno de Duarte celebró la limpia del Centro Histórico de Xalapa, pues en el
comunicado 4635 consigna que las fuerzas del orden procedieron a ocupar la
plaza Lerdo para garantizar la realización de las fiestas patrias
El documento de
Comunicación Social consigna que las fuerzas del orden siguieron el protocolo
apegado a la legalidad y a los derechos humanos para ocupar y resguardar el
recinto histórico: “De esta forma, se garantiza a la población de la capital
del estado la celebración de las fiestas conmemorativas al 203 aniversario de
la Independencia de México”.
En Twitter y en
Facebook, estudiantes, maestros y comunicadores han manifestado su repudio al
desalojo, uno de los tuits más elocuentes consigna: “Fue una noche de miedo y
de coraje… Que nadie asista a ese circo para escuchar al cerdo gritar”.
También, el
corresponsal de Proceso en Xalapa, publicó el martes 17 de septiembre:
Periodistas y
activistas locales se quejaron por el desalojo que efectuó la nueva Policía
Estatal Acreditable en la Plaza Lerdo en la capital del estado en contra de
maestros, la madrugada del pasado sábado.
Melina Zurita,
reportera freelance, denunció
que además de un puñetazo en la cara y golpes en el cuerpo, policías estatales
le robaron su equipo fotográfico (valuado en más de 22 mil pesos).
En rueda de prensa,
narró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública vestidos de civil
vieron un “botín” en su material de trabajo. Días después apenas le regresaron
documentos personales y una grabadora vieja, pero no su cámara.
El integrante de la
Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP),
Jorge Morales Vázquez, aseguró que los nuevos cambios en el Sistema Acusatorio
Penal han sido malentendidos por los cuerpos de seguridad, a grado tal que los
policías en Veracruz realizan una “aplicación salvaje de la ley”.
Además de las
agresiones a Zurita, los fotógrafos Roger López, de Imagen, y Óscar Martínez,
de Reuters, también fueron amenazados por los cuerpos de seguridad pública.
En el caso de
López, su periódico digital Imagen del Golfo escribió en su cuenta de Twitter:
“Vete a la chingada, si te volvemos a ver, te levantamos’, dicen policías a
fotógrafo después de desalojo de maestros en Plaza Lerdo”.
En el caso de
Martínez, policías le arrebataron su equipo fotográfico y después de borrar las
imágenes del violento desalojo se lo devolvieron.
Jorge Morales, el
comisionado de la CEAPP, recriminó que la nueva Policía Estatal Acreditable se
está tomando “atribuciones” en operativos, accidentes automovilísticos y en
desalojos que no corresponden y que ni siquiera vienen contemplados en los
reglamentos de seguridad ni en la reforma constitucional en materia de
seguridad, situación que ya ha motivado en diversas quejas de abusos y excesos
policíacos con reporteros de nota roja en el estado.
Melina Zurita dijo
a reporteros que llegó al desalojo de maestros cuando éste ya había concluido,
expuso que a la altura del Hotel Salmones —a una cuadra del Centro Histórico–
unos 20 policías vestidos de civil la acorralaron y le arrebataron sus
pertenencias.
“Uno de ellos, el
más agresivo, me dio golpes debajo de los brazos y me dio un puñetazo en los
lentes. Sólo vi cómo mi cámara se convertía en un botín para los propios
policías”.
La periodista se
quejó de que en el Ministerio Público los funcionarios de la Procuraduría de
Justicia se negaron a recibir la denuncia, hasta que un día después intervino
la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la propia comisión de periodistas.
Por separado, Juan
Alberto Arellano Mariano, activista de la organización de medio ambiente
Lavida, poeta y fotoperiodista comunitario del portal de izquierda Zapateando,
exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de
Seguridad Pública que se le exonere de los cargos imputados el pasado sábado
por la madrugada durante el desalojo de maestros, en el que se le acusa de portar
armas de fuego y grapas de cocaína.
Arellano Mariano
señaló que su liberación, tras dos días en prisión, se dio gracias a la presión
que organizaciones sociales, activistas, tuiteros y prensa, lo que ocasionó que
la PGR “se pusiera a temblar”. Sin embargo, lamentó que aun tenga un proceso
judicial abierto por delitos federales, cuyas pruebas fueron sembrados por
fuerzas policíacas, dijo.
Juan Alberto
Arellano lamentó que durante su detención nunca se le permitió hacer una
llamada telefónica y sólo se le encerró, primero en la cárcel de San José y
posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, en
donde le leyeron la cartilla de que era sujeto a investigación por portación de
armas y drogas, situación que él desconocía por completo.
A nivel nacional la
organización Artículo 19 emitió un comunicado ayer en donde expresa su
preocupación por las agresiones en contra de la libertad de expresión durante
marchas y protestas, en especial los cometidos contra periodistas y
comunicadores sociales.
“Las agresiones
contra la prensa y comunicadores sociales acontecidos en Plaza de Lerdo,
Xalapa, la madrugada del sábado 14 de septiembre son una muestra de la falta de
protocolos claros de actuación por parte de las autoridades durante marchas y
protestas sociales, en donde tres periodistas y un fotoperiodista perteneciente
a una organización social fueron retenidos por la policía estatal. Los
comunicadores, en los cuatro casos, refieren que hubo agresión por parte de las
autoridades que encabezaron el operativo”, consigna el comunicado.
Hasta el momento,
la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaria de Gobierno y la
Coordinación de Comunicación Social han minimizado las agresiones y aseguran
que el desalojo se hizo de acuerdo con los protocolos de seguridad y en
presencia de un contingente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
A través de una
carta firmada por medio centenar de reporteros de Xalapa, el comisionado de la
CEAPP, Jorge Morales, exigió al gobernador, Javier Duarte, y a las dependencias
involucradas en el desalojo que cesen las agresiones en contra de periodistas
veracruzanos.
“De no ser así,
pareciera que las propias autoridades están propiciando que haya un vacío de
información. Pues en los hechos del sábado hubo el propósito de inhibir y
censurar, una acción deliberada en donde a reporteros se les persigue para
frenar su actividad periodística”, consignó Morales.
Jorge Morales es el
único de los comisionados de la CEAPP que permanece ajeno a los intereses del
gobernador, Javier Duarte. El resto de directivos y representantes de prensa y
televisión de dicha comisión ya fue cooptado por el gobierno priista.
Sergio Pazos,
directivo de la XEU, renunció a la comisión en mayo pasado para convertirse en
candidato del PRI a la alcaldía de Boca del Río, elección local en la que
perdió. Rogerio Pano, director de noticias de Televisa Veracruz, no emite
ninguna crítica en contra del gobierno priista. La secretaria ejecutiva de la
CEAPP, Namiko Matzumuto, obedece las órdenes y sugerencias de la vocera de
Duarte, Gina Domínguez, mientras la presidenta del organismo, Rocío Ojeda
Callado, ha sido incapaz de encabezar una real protección de las agresiones
políticas, policiacas y del crimen organizado a periodistas en Veracruz.
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