Puesto en operación hace apenas cuatro años, al entrar en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, el órgano garante del derecho de acceso a la información gubernamental ya fue penetrado por la vieja clase política, para evitar que los servidores públicos se vean obligados a entregar datos, archivos o documentos que demuestren casos de corrupción o el uso discrecional de millonarias sumas de dinero de los contribuyentes.
El operativo de desmantelamiento del Instituto comenzó el pasado 2 de mayo, cuando el diputado Flavino Ríos Alvarado (PRI), propuso al Congreso del Estado reformar los artículos 40, 43, 44, 46 y 72 de la ley de la materia, con la intención de eliminar el carácter obligatorio y definitivo de las resoluciones que el IVAI emite en contra de los funcionarios estatales y municipales.
Como consecuencia de lo anterior, lo que va a pasar en Veracruz es que los servidores públicos de los ayuntamientos, dependencias estatales de los tres poderes, partidos políticos, órganos autónomos y fideicomisos, preferirán pagar una multa en vez de entregar documentos comprometedores, o de plano se negarán a entregarla ya que la reforma priísta ahora los protege.
Un recuento de las respuestas obtenidas por más de 60 solicitudes de información presentadas por Altavoz y Radio Teocelo en lo que va del año, a diversos sujetos obligados, marca ya una mayor resistencia de los servidores públicos y dependencias a informar y una actitud más condescendiente de parte del Consejo General del IVAI, que integran Rafaela López Salas, José Luis Bueno Bello y Luis Angel Bravo Contrereas.
Los días 25 de febrero y 15 de abril se solicitó información diversa al Ayuntamiento de Teocelo (gastos por nómina, uniformes, medicamentos, gasolina y banquetes en fiesta a Santo Entierro, así como copia de los contratos de comodato de los particulares que ocupan la Plaza de Artesanías Tlamachihualle), que al no ser entregada en su totalidad obligó a interponer los recursos de revisión IVAI-REV/304/2011/LCMC e IVAI-REV/439/2011/RLS, mismos que llevaron al IVAI a emitir dos resoluciones condenatorias en contra de los ediles de Teocelo, el 16 de mayo y 6 de julio, respectivamente, pero que a la fecha han sido desacatadas por la comuna que encabeza Cristian Texon Viccon.
La misma suerte corrió la solicitud que se presentó el 25 de febrero al Ayuntamiento de Jalcomulco, para conocer el padrón de comercios –tanto locales como foráneos-, por giro, razón social, dirección y antigüedad, así como copia de los pagos que efectúan a la Tesorería Municipal, pero que fue respondida de manera parcial por las actuales autoridades, por lo que el caso se fue a recurso de revisión y resolución, IVAI-REV/305/2011/RLS, mediante la cual el IVAI le ordenó entregar toda la información solicitada. Hasta la fecha, seis meses después de presentada la solicitud y con una resolución en contra, el Ayuntamiento de Jalcomulco sigue desacatando la orden. Y no pasa nada.
En franco desacato de las resoluciones del IVAI se encuentran también, la Secretaría de Gobierno (IVAI-REV/264/2011/RLS y su acumulado IVAI-REV/265/2011/RLS), que se niega a revelar el sueldo que percibía Víctor Hugo Alarcón Limón y la lista real de todo el personal de la delegación Coatepec de la Dirección General de Transito del Estado, hasta antes de la salida del delegado Jesús Sánchez Limón; y el Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz (RTV), que pretende ocultar las evidencias de la utilización del sistema estatal de radio y televisión, por parte de Elizabeth Morales García –actual presidenta municipal de Xalapa-, para la producción y financiamiento del programa “Usted no está Solo”, a pesar de que la resolución emitida por el Instituto, contenida en el expediente IVAI-REV/665/2011/JLBB, tiene fecha 10 de junio y en ella se le ordena entregar toda la documentación.
Con fecha 16 de mayo, el Consejo General del IVAI también emitió resolución derivada del expediente IVAI-REV/303/2011/JLBB, mediante la cual le ordena a la Secretaría de Gobierno revelar la lista de todas las organizaciones civiles que reciben apoyo de esa dependencia, especificando el monto asignado, el motivo por el cual se les entregó dinero en efectivo o en especie, fechas de entrega y copia de los recibos. Aunque la solicitud se presentó desde el 11 de noviembre y se volvió a presentar con fecha 11 de febrero –después de la extraña caída del sistema INFOMEX a fines del año pasado-, han pasado tres meses después de la resolución condenatoria y Gerardo Buganza Salmerón sigue desacatando la ley con absoluta impunidad.
Más recientemente, después de la reforma priísta, es el propio IVAI el que sale en defensa de los servidores públicos y dependencias, mediante la emisión de resoluciones en las que considera “infundado” el derecho de los ciudadanos y medios de comunicación a saber y preguntar sobre sueldos, presupuestos, contratos y obras.
Por ejemplo, el 5 de mayo se solicitó al Instituto Veracruzano del Deporte revelar qué cantidad de recursos públicos se invirtieron en la operación o rescate del Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz, durante los periodos de gobierno de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, solicitud que fue atendida de manera insuficiente, por lo que se abrió el expediente IVAI-REV/668/2011/JLBB y la resolución del pasado 6 de julio, mediante la cual el IVAI considera INFUNDADO el derecho de este medio impreso a conocer del caso.
Posteriormente, el 26 de abril, se intentó obtener información en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado, relativa a los expedientes de 2006 y 2007 emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior y la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, sobre el presunto daño patrimonial por 1500 millones de pesos de la cuenta pública 2003, cometido por 19 ex alcaldes y servidores públicos entre 1998 y 2004, que fueron remitidos a la PGJ. Mediante las argucias de Reynaldo Escobar Pérez y la resolución del Consejo General del IVAI –expediente IVAI-REV/444/2011/JLBB-, del 4 de agosto, se determinó que ese derecho a saber sobre la responsabilidad de los funcionarios es INFUNDADO.
El Consejo General del IVAI, también emitió otras dos resoluciones en fecha reciente, en las cuales se pone a salvo el derecho de los funcionarios a no revelar montos y estadísticas, por considerar que es INFUNDADO el derecho de este medio impreso, al preguntarle al Ayuntamiento de Veracruz cuánto se ha gastado de enero a abril de este año, en promocionar la imagen de la presidenta municipal, Carolina Gudiño Corro, en medios impresos y electrónicos, por considerar que esa información es “reservada” (expediente IVAI-REV/851/2011/RLS); lo mismo resultó de la solicitud presentada desde el 5 de mayo a la Secretaría de Educación de Veracruz, para conocer cuántas escuelas públicas habían sido asaltadas durante los años 2004 a 2010 –periodo de Fidel Herrera Beltrán- y de diciembre de 2010 a mayo de 2011 (expediente IVAI-REV/667/2011/RLS), respondiendo Adolfo Mota Hernández que esa información también es “reservada”. En su resolución de fecha 4 de agosto, el IVAI le dio la razón a Mota y los veracruzanos no sabemos cómo la delincuencia organizada también saquea escuelas, laboratorios y oficinas escolares.
Con la llegada de Miguel Angel Díaz Pedroza (PRI) al IVAI, se robustece la hipótesis de que el PRI ha capturado al IVAI, para debilitar al órgano garante del Derecho de Acceso a la Información Pública en Veracruz, mediante la limitación de atribuciones del Consejero Presidente, operando políticamente para tener el control del órgano y ejerciendo facultades presupuestarias y administrativas, como si los tres consejeros fueran sus empleados.
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