EDITORIAL

PRESUNTOS LADRONES

Si bien nuestro Derecho a Saber y a preguntar está garantizado a nivel municipal, estatal y federal, el problema es que la mayoría de los ciudadanos NO invocan ese derecho, no lo ejercen, y además los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno desacatan sin castigo las disposiciones en materia de transparencia. O sea: no rinden cuentas y nos siguen robando.

Al 22 de febrero, de acuerdo a un informe del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, apenas se habían presentado 1,496 solicitudes de información a dependencias municipales o estatales y únicamente 171 recursos de revisión –apelaciones-, cuyas resoluciones aún estarían por conocerse.

De muy reciente aparición, el Derecho de Acceso a la Información Pública es un poderoso instrumento jurídico que nos puede servir para combatir la corrupción en los ayuntamientos y demás dependencias públicas estatales y federales.

A nivel federal y estatal existen las leyes y los institutos garantes de ese derecho –el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información-, que operan en auxilio de ciudadanos que quieren saber cómo se gastan los dineros servidores públicos y dependencias, cuando éstos se niegan a entregar datos, archivos o expedientes, como nóminas, actas de cabildo, contratos, presupuestos y comprobaciones, entre otras cosas.

Aunque se puede decir que hay avances en esta materia, en muchos casos las leyes y los propios institutos son ninguneados por los “sujetos obligados”, es decir por funcionarios que, con maña, evaden su obligación de rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos públicos.

En parte eso se debe a que las mismas leyes y los institutos “no tienen dientes” para atrapar y castigar a tanta rata de dos patas que despachan en oficinas del sector público; se requiere por lo tanto de una reforma profunda a las leyes de transparencia y a los órganos garantes como el IFAI e IVAI.

Mientras tanto, los escándalos continúan y la corrupción, simulación e impunidad campean por toda la geografía veracruzana.

De acuerdo a las propias investigaciones del actual gobierno estatal, habría un daño patrimonial por unos 900 millones de pesos, ocasionado por empresarios de la construcción y servidores públicos del sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Incluso se han identificado a tres de esas empresas, que son: ABO Mantenimiento y Construcción SA de CV, Grupo Masscot SA de CV y Grupo Alopag SA de CV.

Para creer que la cosa va en serio, los ciudadanos esperamos que se concluyan las diligencias e investigaciones, para que en consecuencia se obligue a las empresas a concluir las obras o que devuelvan los adelantos que recibieron, pues al menos en esos casos no hay obra por ningún lado. El monto a devolver es por unos 16 millones de pesos, que es lo que reciben como presupuesto algunos de los municipios de la zona durante todo un año.

Debe investigarse también el periodo 2007-2009 en que Silvia Domínguez operó recursos en la SEDESMA –dependencia que fue desaparecida, tal vez para no dejar huellas-; lo mismo que su responsabilidad al frente de la Secretaría de Protección Civil, pues ese tipo de reingeniería huele a fraude y robo descarado.

Aunque el Contralor General del Estado, Iván López Fernández y el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa anunciaron que en un mes habrá deslinde de responsabilidades y probable inhabilitación de funcionarios, los ciudadanos sabemos que así comienzan los nuevos gobiernos: rasgándose las vestiduras y dándole atole con el dedo a ciudadanos que no saben cómo acabar con la corrupción.

Otros casos como el manejo de los recursos del FONDEN, el probable desvío de recursos destinados a la Universidad Veracruzana y a la Secretaría de Educación para campañas políticas en 2010 y la misteriosa desaparición de 15 millones de pesos destinados a los refugios de mujeres violentadas, es tarea pendiente que las actuales autoridades deben aclarar sin demora, empezando por el diputado Américo Zúñiga Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Pero en medio de todo el cochinero, resaltan las actitudes de ciudadanos como el señor Gilberto Vicente Batista Camargo, de Coatepec, que no ha claudicado en su intento de que servidores públicos de los tres niveles de gobierno, le aclaren el destino de 90 millones de pesos que el gobierno federal destinó al municipio de Coatepec, para el Libramiento. Así como la inédita actuación del párroco de Cosautlán, Alfredo Hernández Vásquez, que rinde cuentas a su comunidad, sin ser funcionario público.

En cambio, ya pasaron los primeros 75 días de que los alcaldes y ayuntamientos de la zona entraron en funciones, y es la hora en que nadie sabe cuánto recibirán de sueldo, compensaciones, viáticos, prima vacacional y aguinaldos en 2011.

Si bien lo que mal empieza, mal termina, la pregunta es si los ciudadanos seguiremos ciegos, sordos y mudos hasta que terminen su periodo de gobierno o si ya va siendo hora de decirles: si no me rindes cuentas, entonces cobras y te vas…