Elfego Riveros
Aprovechando la ambigüedad con la que se legisla y se aplica la ley en Veracruz, ayuntamientos de la región buscan ganar indulgencias entre la feligresía y los curas, al destinar recursos públicos para apoyar la realización de fiestas patronales o proporcionar mantenimiento a capillas o parroquias.
Por ejemplo en Cosautlán, el ayuntamiento que encabeza el panista Sergio Félix Cortés Guzmán autorizó gastar en 2008 un total de $ 213,924.05 para apoyar la compra de fuegos artificiales, pagar la música, rentar sillas y manteles durante las fiestas patronales de Cosautlán, San Miguel Tlapexcatl, Piedra Parada, La Gloria, Vaquería, Limones, Naranjales, Coabosto, San Rafael, Pezoapan, Lagunilla y El Pomal.
Se incluye en ese monto los recursos del erario público destinados también a dar mantenimiento a templos católicos y evangélicos de la cabecera municipal, San José Tlapexcatl y Xalatla.
Del monto total destinado en 2008 a fiestas y templos en la cabecera municipal, la comuna de Cosautlán autorizó $ 109,214.05, que es poco más de la mitad de lo ejercido por esos conceptos.
Se desconoce hasta ahora cómo las administraciones municipales pueden comprobar el uso de recursos públicos amparándose en estos conceptos, una vez que la cuenta pública pasa al Órgano de Fiscalización Superior y a la Legislatura del Estado.
Por ejemplo en Cosautlán, el ayuntamiento que encabeza el panista Sergio Félix Cortés Guzmán autorizó gastar en 2008 un total de $ 213,924.05 para apoyar la compra de fuegos artificiales, pagar la música, rentar sillas y manteles durante las fiestas patronales de Cosautlán, San Miguel Tlapexcatl, Piedra Parada, La Gloria, Vaquería, Limones, Naranjales, Coabosto, San Rafael, Pezoapan, Lagunilla y El Pomal.
Se incluye en ese monto los recursos del erario público destinados también a dar mantenimiento a templos católicos y evangélicos de la cabecera municipal, San José Tlapexcatl y Xalatla.
Del monto total destinado en 2008 a fiestas y templos en la cabecera municipal, la comuna de Cosautlán autorizó $ 109,214.05, que es poco más de la mitad de lo ejercido por esos conceptos.
Se desconoce hasta ahora cómo las administraciones municipales pueden comprobar el uso de recursos públicos amparándose en estos conceptos, una vez que la cuenta pública pasa al Órgano de Fiscalización Superior y a la Legislatura del Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario