Corrupción en transito del estado

Carlos Lucio Acosta

El otorgar concesiones para el transporte colectivo en la modalidad de taxis, autobuses de pasajeros y mixto rural despertó la más impresionante avaricia de representantes del poder público.
La cadena de las investigaciones todavía no revienta. El coordinador de los Agentes del Ministerio Público, investigadores especializados en la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Armando López Contreras aceptó que las averiguaciones llevan un avance del noventa por ciento y una vez concluidas serán turnadas al juez correspondiente por delitos cometidos en el 2003.
El ex-procurador general de Justicia del Estado, Emeterio López Márquez especuló sobre la existencia de más de 22 órdenes de aprehensión a igual número de ex-servidores públicos de la administración de Miguel Alemán Velazco, entre los que destacan el ex-titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Amieva Huerta; el ex-subsecretario de Finanzas, Sergio Maya Alemán; el ex-jefe de la Oficina del Programa de Gobierno, Lorenzo Lazo Margaín; el ex-contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán y el entonces responsable de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Montano Guzmán.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) dirigido por el cuestionado contador público René Mariani Ochoa, interpuso una serie de denuncias en 1998 por delitos como daño patrimonial, enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber y otros más, contra funcionarios de la administración Alemanista.
No existe plazo determinado para actuar en contra de quienes cometieron algún ilícito durante el ejercicio de sus funciones, advirtió el ex-Procurador General de Justicia del Estado, Emeterio López Márquez.
El desorden instrumentado en la entrega de concesiones de placas en la modalidad de taxis provocó propuestas contundentes como la manejada por el ex-diputado local José Alfredo Osorio Medina.
El ex-presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte Público del congreso local, amenazó con presentar iniciativa de ley para liberar la concesión de placas.
Una fracción del partido Acción Nacional y otra del Partido de la Revolución Democrática, serían suficientes para terminar con la ola de corrupción no solo alentada por ciertos servidores públicos, sino también por algunos dirigentes de asociaciones, sindicatos, frentes, uniones y fraternidades de taxistas.
La agenda del legislador (originario de Tierra Blanca) comprendía los siguientes puntos:
Ni uno solo de los de los ocho mil quinientos expedientes en poder de la Dirección General de Tránsito Transporte Público del Gobierno del Estado, cumple con los requisitos mínimos de ley.
Buen número de las concesiones fueron otorgadas a militares, propietarios de bares, profesionistas, menores de edad, personas fallecidas, mecánicos, propietarios de medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y de Internet, periodistas, diputados, amantes de funcionarios y líderes corruptos, entre otros.
Las concesiones que no cumplan con el mínimo de los requisitos de ley, serán canceladas en principio, para luego asignar a los auténticos trabajadores del volante.
Los principales opositores a clarificar el tema son los dirigentes de las Federaciones Estatales CNOP, CROC, CROM, CTM, Y CNC, principalmente.
El primer intento de propuesta para liberar el transporte público en la modalidad de taxi, colectivo, urbano, suburbano y mixto rural, se programó en la última sesión legislativa del pasado 31 de julio de 2006.
Es posible que la propuesta no siguiera su curso normal debido a que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Comisión de Vigilancia del Congreso, presentaron de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Esto propició que el ex-Director General de Tránsito y Transporte Público del Gobierno del Estado, Tomás Mundo Arriaza compareciera ante la Agencia del Ministerio Público para precisar puntos sobre denuncias enderezadas en su contra.
El comisionado de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, informó durante la segunda mitad de julio del 2006, que cerca de 60 funcionarios públicos comparecieron por motivo de irregularidades por el ORFIS, en el manejo de la cuenta pública del 2003.
Armando López Contreras, Titular de la FEDCSP señaló que entre los presuntos responsables por delitos cometidos contra el Erario Público se encuentran el ex-subsecretario de Administración y Finanzas, Sergio Maya Alemán; el ex-titular de la Sefiplan, Juan Amieva Huerta; el exjefe de la Oficina del Programa de Gobierno, Lorenzo Lazo Margaín; el exContralor General del Estado, Ricardo García Guzmán.
Este primer jalón de orejas provocaría una reacción inmediata del exDirector General de Tránsito y Transporte Público, Tomás Mundo Arriaza, quien bajo la asesoría permanente de su abogado Jorge Reyes Peralta, acusó de mentiroso al diputado local José Alfredo Osorio Medina.
Dijo el ex-funcionario Alemanista que jamás recibió dinero alguno a cambio de órdenes de emplazamiento en la modalidad de taxis, colectivos, urbanos, suburbanos o mixto rural.
En entrevista publicada en el diario El Dictamen (del Puerto de Veracruz) con fecha 27 de julio del 2006, acusó al dirigente taxista Jorge León Reyes, de pedir a sus agremiados entre quince y veinte mil pesos para garantizar la orden de emplazamiento de unidades.
El peso de las evidencias hizo que la Contraloría General del Estado inhabilitara a Tomás Mundo Arriaza por un periodo de cinco años, para ocupar cargos dentro de la administración pública estatal.
La entrega de placas a finales del sexenio alemanista mantiene en vilo una cadena de dudas y sospechas entorno a la legalidad y honestidad con que las asignaron.
El exdiputado local Tomás Tejeda Cruz, Secretario General del Comité Ejecutivo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz (CROC), denunció que con una misma factura emplacaron hasta cinco carros.
La Contraloría del Estado sólo ha revisado un veinte por ciento de las órdenes de emplazamiento para taxi “pero la problemática más grave está en el transporte de pasajeros, urbano, suburbano y mixto rural”, asentó en entrevista concedida al diario Imagen de Veracruz (Boca del Río) durante la primera quincena de agosto del 2006.
En la segunda quincena de agosto del 2006, en los cubículos de Palacio Legislativo corrieron la versión de elaborar dos iniciativas de Ley de Tránsito y Transporte Público del Estado de Veracruz, la primera manufacturada por el diputado panista José Alfredo García Medina y la segunda por la diputada priísta Rosa Luna Hernández.
Esto no solo se entendió en círculos políticos locales como maniobra de contrapeso del PRI en contra del PAN, sino también como táctica dilatoria para el beneficio de los grupos selectos del transporte público.
La corrupción en tránsito todavía no termina.