Juan Carlos Flores
El Plan Puebla Panamá no pudo avanzar mucho en años pasados por la unión y resistencia de los pueblos y por la falta de capital e inversionistas que quisieran comprar el país con autopistas y zonas eco turísticas.
La estrategia del gobierno hoy ha cambiado, ya no anuncia grandes mega proyectos sino es necesario, hoy utiliza las presidencias municipales para imponer planes de desarrollo urbano que nos despojen de la tierra y el agua
De forma acelerada en Puebla se está viviendo la destrucción de la cultura y recursos naturales para que a cambio existan fraccionamientos vacíos, autopistas y centros comerciales.
En los pueblos de Puebla estamos claros: ¡No queremos sus autopistas! ¡No queremos sus fraccionamientos! ¡No queremos pozos! ¡No queremos sus proyectos ecoturísticos! ¡Queremos que nos dejen en paz!
Porque nuestros pueblos desde siglos sabemos ser autosuficientes, nos alimentamos sanamente con nuestras tortillas hechas a mano, nuestros guisos y cultivos, vivimos bien con nuestras fiestas y tradiciones de apoyo mutuo.
Debido a la modernidad los pueblos están sufriendo la escasez de recursos naturales antes abundantes, los ríos están contaminados, los pozos se secan, hay especulación de tierras que son usadas para fraccionamientos de “interés social” vacíos, de hasta $890,000.00, residencias, comercios, club de golf, autopistas, etc.
Se están sufriendo serias violaciones a derechos humanos individuales y como pueblos originarios, al serles impuestas autopistas de cuota concesionadas a las empresas OHL y MCC Melgajero. Estas autopistas no obedecen a las necesidades de los pueblos ni los benefician. Al contrario pretenden pagarles $8 o $10 metro cuadrado de tierra para cobrar cuotas de más de $50 por automóvil.
En Asambleas comunitarias los pueblos han decidido no vender sus tierras a ningún precio ni aceptar las autopistas, esto se lo han hecho saber a las empresas y gobiernos en encuentros, escritos y manifestaciones pacíficas de miles de campesinos y afectados. Sin embargo las autoridades estatales y empresarios han respondido ignorándolos e incluso reprimiendo a varios pueblos.
Desde el pasado 25 de abril 17 indígenas y campesinos de San Andrés Azumiatla junta auxiliar de la Cd. de Puebla, se encuentran sin culpa alguna, presos en el Penal de San Miguel. Ese día 500 elementos de la policía estatal entraron baleando a esta comunidad con el pretexto de salvar a empleados de la SCT retenidos por pobladores de Azumiatla, ya que los funcionarios estaban realizando mediciones en terrenos de la comunidad sin permiso alguno. Los pobladores de Azumiatla estaban dispuestos a entregar a los funcionarios a las autoridades respectivas, pero la policía estatal arremetió con violencia y allanó casas de vecinos llevándoselos presos, algunos sin que siquiera hayan participado de manera alguna en los actos. Entre las 17 personas presas injustamente se encuentran una mujer embarazada, una persona de la tercera edad y un joven con discapacidad mental.
Por estas razones, comunidades de Puebla y Tlaxcala agrupadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla-Tlaxcala (FPDTAPT) realizaron una caravana el sábado pasado, con objetivo denunciar e informar la grave afectación ambiental, cultural y social que atraviesan los pueblos por proyectos impuestos.
En la Caravana denunciaron e informaron sobre los lugares en donde existen zonas arqueológicas que serán afectadas por la autopista, mostraron las tierras fértiles que defienden, los daños por excavación de pozos profundos, y las consecuencia del engaño y la especulación de la tierra, sobre metros cuadrados que han sido pagados a $2.50 y ahora se venden en 700 dólares, para extracción, entubamiento, escasez de agua y especulación inmobiliaria.
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