Por: Elfego Riveros
El pasado 27 de enero la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado dio a conocer los resultados de la revisión de la cuenta pública del 2007, de la que se desprende un presunto daño patrimonial por más 329 millones de pesos en 92 ayuntamientos, entre los cuales se menciona a Ayahualulco (PAN), con 2 millones 302 mil 800 pesos; Ixhuacán de Los Reyes (PAN), con 1 millón 923 mil 300 pesos; y Teocelo (PRD), con 1 millón 696 mil 700 pesos.
Sospechosamente, la mayoría priísta en el congreso local sacó de la lista el caso de la administración 2005-2007 de Cosautlán de Carvajal, presidida por Jesús Martínez López (PRD-Convergencia-PT), que dejó en bancarrota las arcas municipales de la comuna 2008-2010 que hoy encabeza Sergio Cortés Guzmán (PAN).
Un documento de 114 páginas, obtenido mediante solicitud a la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Cosautlán, en poder de Alta Voz, muestra las evidencias de un daño patrimonial no investigado, ni perseguido, ni castigado, cuya impunidad sólo revelaría negociaciones en lo oscurito entre diversos actores políticos.
El mencionado documento cita que con fecha 5 de enero de 2008 se integró la Comisión Especial de Seguimiento del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Municipal, con el alcalde Sergio Cortés Guzmán a la cabeza, que descubrió las siguientes irregularidades:
- Que las autoridades salientes omitieron reconocer la existencia de pasivos a corto y largo plazo, cuentas por cobrar y deuda pública contraída.
- Que en la cuenta pública de 2007, presentada ante el Congreso del Estado, se registraron cuentas que no fueron saldadas, por un total de $ 152,737.00. A la fecha el ex alcalde Jesús Martínez López debe $ 134, 937.20; el ex tesorero José Alberto García Acuña adeuda $ 5,000.00; el ex secretario del ayuntamiento Gabriel García Martínez otros $ 1,300.00 y Anacleto Huerta Huerta $ 11,500.00
- Que personal de Seguridad Pública recibió en calidad de préstamo la cantidad de $ 131, 644.97 que no fueron recuperados.
- Que hubo anticipos a supuestos proveedores y prestadores de servicio por un total de $ 163,821.93 pesos.
- Que existe deuda pública contraída con Banobras y registrada ante el H. Congreso que no fue debidamente documentada en la Cuenta Pública 2007 por un total de $ 633,800.40 pesos.
- Que se heredaron cuentas por pagar por un monto total de 1 millón 500 mil 353 pesos, desconociéndose la identidad de los acreedores y conceptos.
- Que a la fecha del cambio de gobierno se mantenía un adeudo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Finanzas y Planeación por un monto de $ 262,949.56 por impuestos y retenciones. Aun cuando la administración de Jesús Martínez López realizó las retenciones, no fueron enteradas al fisco.
- Que las obras en las que los comités comunitarios delegaron las facultades para su realización al cabildo, estuvieron bajo la responsabilidad de Víctor Navarro Chimal, director de Obras Públicas en Cosautlán en 2007, quien omitió seguir la normatividad en la materia y tendría –junto con el ex alcalde Martínez López- responsabilidad probada por pago improcedente por 1 millón 100 mil pesos en la cuestionada construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la cabecera municipal, que no fue terminada en su totalidad al cierre de la administración anterior.
Se dice en el documento de la Comisión Especial de Seguimiento del Proceso Entrega-Recepción de la Administración 2005-2007, integrada el 5 de enero del año pasado por el alcalde Sergio Cortés Guzmán, el síndico Fructuoso García Cortés, la regidora Dayra Mayela Quiroz García, la tesorera Vanessa del Rocío Ramos García, la secretaria del Ayuntamiento Tania Elotlán Ortiz, el director de Obras Públicas Eliseo Efrén Chimal García y el contralor interno David Pacheco Ceballos, que se citaría legalmente a los servidores públicos de la anterior administración, para que en un término de 72 horas presentaran pruebas y alegatos.
Por acuerdo de cabildo, el 30 de enero de 2008, se designó al contralor interno David Pacheco Cevallos para que en calidad de notificador informara y solicitara a las autoridades del periodo 2005-2007 toda la información o documentación pendiente, citando posteriormente a los ex servidores públicos para el 25 de febrero del mismo año a comparecer ante el pleno del ayuntamiento.
De acuerdo al acta número 23 de la sesión extraordinaria del cabildo, efectuada el 26 de febrero del año anterior, comparecieron el ex alcalde Jesús Martínez López, el ex tesorero Miguel Ángel García Reyes, el ex síndico Tomás Sandoval Reyes, el ex director de Obras Públicas Víctor Navarro Chimal y María de los Ángeles Galván Ruiz, ex contralora interna.
En el uso de la voz, el ex presidente municipal de Cosautlán dijo “que está enterado de todas y cada una de las observaciones, externando que por el momento no cuenta con las solventaciones o justificación al mismo, por lo cual señala que va a realizar ante las instancias correspondientes, las aclaraciones necesarias y que se hará responsable de las consecuencias que le sean imputables individualmente ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el H Congreso del Estado o ante las instancias judiciales correspondientes”.
Posteriormente, en otra sesión extraordinaria de cabildo, del 14 de agosto pasado, fue aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se faculta al síndico del ayuntamiento Fructuoso García Cortés, “para que ponga en conocimiento de la autoridad Ministerial los hechos que se desprenden del Dictamen resultado del Acta de Entrega-Recepción de la Administración Municipal 2005-2007, en virtud de que los funcionarios pudieran ser constitutivos de delito y de lesión al Patrimonio Municipal, debido a la información que se desprendió de la revisión realizada por la mencionada Comisión Especial”.
En su primer informe de gobierno, el pasado 22 de diciembre, el alcalde Sergio Cortés Guzmán reveló a los habitantes de Cosautlán que “se entregó al Cabildo en pleno el Dictamen de la Comisión Especial de Seguimiento que contenía las observaciones encontradas al Acta de Entrega-Recepción de la administración correspondiente al trienio 2005-2007, con ello se cumplió en tiempo y forma con el Congreso y el Orfis con la entrega de dicho Dictamen, para que fueran ellos los responsables de evaluar y dictaminar sobre los resultados ahí vertidos, para no involucrarnos como juez y parte de dicho proceso”.
Un año después de la entrega-recepción, en Cosautlán nadie se explica porqué no se procedió contra los funcionarios de la pasada administración, pues si bien había elementos suficientes para proceder, la mayoría priísta en el Congreso no solo omitió ordenar al ORFIS iniciar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnización y sanciones ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, sino que además de manera por demás sospechosa, el caso del ex alcalde Jesús Martínez López ni siquiera aparece en la lista de los 92 ayuntamientos con presunto daño patrimonial.
Con fecha 15 de diciembre de 2008 se solicitó información a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Cosautlán, a cargo de Flavio García Melchor, para conocer los fundamentos que esgrimieron el actual alcalde y su comuna en contra de la administración anterior, pero el joven funcionario argumenta que dicha información es delicada y por ahora no se podría conocer “para no poner en riesgo las investigaciones”.
Un año después del escándalo, la población de Cosautlán no sabe si fueron los influyentes padrinos políticos que tiene el ex alcalde (como Antonio Gómez Anell, director del Instituto del Transporte, a quien don Chucho sigue llamando cariñosamente mi Toño)o funcionarios y legisladores de Gobierno del Estado y de la Legislatura los que impidieron que fuera llamado a cuentas o si fue la negligencia con la cual se desempeñó la actual administración panista en estas diligencias, la que permitió que el delito quedara hasta ahora sin castigo. O si ocurrieron ambas cosas, producto de una negociación.
Sospechosamente, la mayoría priísta en el congreso local sacó de la lista el caso de la administración 2005-2007 de Cosautlán de Carvajal, presidida por Jesús Martínez López (PRD-Convergencia-PT), que dejó en bancarrota las arcas municipales de la comuna 2008-2010 que hoy encabeza Sergio Cortés Guzmán (PAN).
Un documento de 114 páginas, obtenido mediante solicitud a la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Cosautlán, en poder de Alta Voz, muestra las evidencias de un daño patrimonial no investigado, ni perseguido, ni castigado, cuya impunidad sólo revelaría negociaciones en lo oscurito entre diversos actores políticos.
El mencionado documento cita que con fecha 5 de enero de 2008 se integró la Comisión Especial de Seguimiento del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Municipal, con el alcalde Sergio Cortés Guzmán a la cabeza, que descubrió las siguientes irregularidades:
- Que las autoridades salientes omitieron reconocer la existencia de pasivos a corto y largo plazo, cuentas por cobrar y deuda pública contraída.
- Que en la cuenta pública de 2007, presentada ante el Congreso del Estado, se registraron cuentas que no fueron saldadas, por un total de $ 152,737.00. A la fecha el ex alcalde Jesús Martínez López debe $ 134, 937.20; el ex tesorero José Alberto García Acuña adeuda $ 5,000.00; el ex secretario del ayuntamiento Gabriel García Martínez otros $ 1,300.00 y Anacleto Huerta Huerta $ 11,500.00
- Que personal de Seguridad Pública recibió en calidad de préstamo la cantidad de $ 131, 644.97 que no fueron recuperados.
- Que hubo anticipos a supuestos proveedores y prestadores de servicio por un total de $ 163,821.93 pesos.
- Que existe deuda pública contraída con Banobras y registrada ante el H. Congreso que no fue debidamente documentada en la Cuenta Pública 2007 por un total de $ 633,800.40 pesos.
- Que se heredaron cuentas por pagar por un monto total de 1 millón 500 mil 353 pesos, desconociéndose la identidad de los acreedores y conceptos.
- Que a la fecha del cambio de gobierno se mantenía un adeudo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Finanzas y Planeación por un monto de $ 262,949.56 por impuestos y retenciones. Aun cuando la administración de Jesús Martínez López realizó las retenciones, no fueron enteradas al fisco.
- Que las obras en las que los comités comunitarios delegaron las facultades para su realización al cabildo, estuvieron bajo la responsabilidad de Víctor Navarro Chimal, director de Obras Públicas en Cosautlán en 2007, quien omitió seguir la normatividad en la materia y tendría –junto con el ex alcalde Martínez López- responsabilidad probada por pago improcedente por 1 millón 100 mil pesos en la cuestionada construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la cabecera municipal, que no fue terminada en su totalidad al cierre de la administración anterior.
Se dice en el documento de la Comisión Especial de Seguimiento del Proceso Entrega-Recepción de la Administración 2005-2007, integrada el 5 de enero del año pasado por el alcalde Sergio Cortés Guzmán, el síndico Fructuoso García Cortés, la regidora Dayra Mayela Quiroz García, la tesorera Vanessa del Rocío Ramos García, la secretaria del Ayuntamiento Tania Elotlán Ortiz, el director de Obras Públicas Eliseo Efrén Chimal García y el contralor interno David Pacheco Ceballos, que se citaría legalmente a los servidores públicos de la anterior administración, para que en un término de 72 horas presentaran pruebas y alegatos.
Por acuerdo de cabildo, el 30 de enero de 2008, se designó al contralor interno David Pacheco Cevallos para que en calidad de notificador informara y solicitara a las autoridades del periodo 2005-2007 toda la información o documentación pendiente, citando posteriormente a los ex servidores públicos para el 25 de febrero del mismo año a comparecer ante el pleno del ayuntamiento.
De acuerdo al acta número 23 de la sesión extraordinaria del cabildo, efectuada el 26 de febrero del año anterior, comparecieron el ex alcalde Jesús Martínez López, el ex tesorero Miguel Ángel García Reyes, el ex síndico Tomás Sandoval Reyes, el ex director de Obras Públicas Víctor Navarro Chimal y María de los Ángeles Galván Ruiz, ex contralora interna.
En el uso de la voz, el ex presidente municipal de Cosautlán dijo “que está enterado de todas y cada una de las observaciones, externando que por el momento no cuenta con las solventaciones o justificación al mismo, por lo cual señala que va a realizar ante las instancias correspondientes, las aclaraciones necesarias y que se hará responsable de las consecuencias que le sean imputables individualmente ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el H Congreso del Estado o ante las instancias judiciales correspondientes”.
Posteriormente, en otra sesión extraordinaria de cabildo, del 14 de agosto pasado, fue aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se faculta al síndico del ayuntamiento Fructuoso García Cortés, “para que ponga en conocimiento de la autoridad Ministerial los hechos que se desprenden del Dictamen resultado del Acta de Entrega-Recepción de la Administración Municipal 2005-2007, en virtud de que los funcionarios pudieran ser constitutivos de delito y de lesión al Patrimonio Municipal, debido a la información que se desprendió de la revisión realizada por la mencionada Comisión Especial”.
En su primer informe de gobierno, el pasado 22 de diciembre, el alcalde Sergio Cortés Guzmán reveló a los habitantes de Cosautlán que “se entregó al Cabildo en pleno el Dictamen de la Comisión Especial de Seguimiento que contenía las observaciones encontradas al Acta de Entrega-Recepción de la administración correspondiente al trienio 2005-2007, con ello se cumplió en tiempo y forma con el Congreso y el Orfis con la entrega de dicho Dictamen, para que fueran ellos los responsables de evaluar y dictaminar sobre los resultados ahí vertidos, para no involucrarnos como juez y parte de dicho proceso”.
Un año después de la entrega-recepción, en Cosautlán nadie se explica porqué no se procedió contra los funcionarios de la pasada administración, pues si bien había elementos suficientes para proceder, la mayoría priísta en el Congreso no solo omitió ordenar al ORFIS iniciar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnización y sanciones ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, sino que además de manera por demás sospechosa, el caso del ex alcalde Jesús Martínez López ni siquiera aparece en la lista de los 92 ayuntamientos con presunto daño patrimonial.
Con fecha 15 de diciembre de 2008 se solicitó información a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Cosautlán, a cargo de Flavio García Melchor, para conocer los fundamentos que esgrimieron el actual alcalde y su comuna en contra de la administración anterior, pero el joven funcionario argumenta que dicha información es delicada y por ahora no se podría conocer “para no poner en riesgo las investigaciones”.
Un año después del escándalo, la población de Cosautlán no sabe si fueron los influyentes padrinos políticos que tiene el ex alcalde (como Antonio Gómez Anell, director del Instituto del Transporte, a quien don Chucho sigue llamando cariñosamente mi Toño)o funcionarios y legisladores de Gobierno del Estado y de la Legislatura los que impidieron que fuera llamado a cuentas o si fue la negligencia con la cual se desempeñó la actual administración panista en estas diligencias, la que permitió que el delito quedara hasta ahora sin castigo. O si ocurrieron ambas cosas, producto de una negociación.
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