Por: Carlos Lucio
El gobierno de Miguel Alemán Velazco hizo de la complicidad un dogma de corrupción.
La tranquilidad administrativa desapareció del mapa en el curso de solo seis años de cuestionada gestión.
El periodo fatídico para el estado financiero inicio el primero de diciembre de 1998 y concluyo en el último de noviembre de 2004.
Uno de los casos mas sonados en medios de comunicación social fue el manejo de conseciones de placas para el transporte de pasajeros en la modalidad de taxi y colectivo.
El reclamo de una buena parte de trabajadores del volante no beneficiados, influyo para que la nueva administración constitucional, iniciada el primero de diciembre del 2004, investigara la distribución de autorizaciones.
La Contraloría General del Estado, representada por la psicóloga Susana Torres Hernández, durante los primeros doce meses del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, auditó la emisión de dos mil 900 concesiones de taxis y colectivos.
En la segunda revisión del trabajo contable, puesta en operación durante el primer semestre del 2006, detectaron que los juegos de placa no solo se concesionaron a menores de edad, personas fallecidas y militares, sino también a dueños de bares, periodistas, políticos, servidores públicos, dirigentes sindicales y comerciantes, entre otros.
Informes confidenciales facilitados al reportero por fuentes allegadas, apuntan que empleados de la secretaria de Seguridad Pública, de la que dependía la dirección de Transito y Transporte Público, pidieron a los solicitantes de placas la suma de ciento cincuenta mil pesos por unidad.
En otros apartados de los mismos informes, anotan los responsables de su elaboración, que de los ciento cincuenta mil pesos, cincuenta ingresaron a la oficina de Hacienda del Estado, dependiente de la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Veracruz.
Aunque técnicamente se ignora el destino de los cien mil pesos restantes, existen evidencias de peso para suponer que servidores públicos de segundo y tercer nivel, sirvieron de enlace entre los solicitantes y los primeros niveles de la pasada administración en el proceso de captar recursos financieros.
Fuente cercana a la secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), confió al reportero parte del contenido de los que califico como ampliación de las investigaciones iniciadas por la Contraloría General del Estado, de que el citado movimiento financiero no sólo involucro a servidores públicos de los primeros, segundos y terceros niveles de la pasada administración, sino también a dirigentes de diversas uniones, asociaciones y sindicatos de los trabajadores del volante, quienes avalaron la entrega
Públicamente en contra de los intereses de los agremiados.
Sobre este punto destaca el hecho de que solicitaron anticipos de cinco, diez y quince mil pesos, pasando por los veinte, veinticinco y treinta, hasta llegar a los cuarenta y cincuenta mil pesos, los cuales eran aportados mensualmente en cómodas, democráticas y gremiales facilidades.
Análisis financieros elaborados durante los primeros tres meses del 2006 por prestigiado despacho contable, publico e independiente, arrojo cuatro perfiles probables sobre montos totales de la cuestionada recaudación económica.
1.-Si multiplicamos tres mil 6000 conseciones por 200 mil pesos, sumarian 72 millones de pesos en efectivo.
2.-En el supuesto de que las tres mil 600 conseciones, hubiesen aportado la cantidad de 150 mil pesos, arrojarían la suma de 540 millones de pesos.
3.-De los tres mil 6000 solicitantes de transporte publico de pasajeros en la modalidad de taxi, auditores de la Contraloría General del Estado, detectaron dos mil 900 conseciones con documentación irregular.
4.-Si multiplicamos las de dos mil 900 conseciones por 150 mil pesos, producirían 435 millones de pesos.
Informes obtenidos en los primeros círculos del poder, advierten que el Gobierno del Estado de Veracruz trabaja sobre la posibilidad de retirar de la circulación las dos mil 900 concesiones de placas, otorgadas a su mayoría a menores de edad, personas fallecidas, restauranteros, abarroteros y personas ajenas al trabajo del volante, en los últimos meses de la administración alemanista, mediante la devolución de cincuenta mil pesos por unidad.
En este punto, los dirigentes de las diversas uniones, asociaciones y sindicatos de taxistas no coinciden la propuesta gubernamental, debido a que ellos otorgaron cien mil pesos en efectivo extras a funcionarios de la pasada administración, sin documentos probatorios.
Reasignar concesiones del transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi a los auténticos trabajadores del volante que cumplan con la normativa establecida en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Transito y Transporte Público de Veracruz, es otra de las opciones planteadas por el representante del Poder Ejecutivo, para ordenar una de las secciones mas conflictúadas por la corrupción alemanista.
Sin embargo, el portal de Internet de la Contraloría General del Estado, expone la existencia de ocho mil expedientes auditados sobre el manejo de concesiones otorgadas a igual número de solicitantes.
Si multiplicamos a los ocho mil beneficiados con un juego de placas por 200 mil pesos, arrojarían la impresionante suma de 160 millones de pesos.
La situación se conflictúa si tomamos en cuenta que el Gobierno del Estado sólo oferta dos alternativas sobre el citado tema, de acuerdo a los resultados extraídos durante la última ronda de platicas sostenidas entre representantes de la secretaria de Gobierno, la dirección general de Transito y Transporte Público, y dirigentes de diversas organizaciones de taxistas.
1.-Devolver los cincuenta mil pesos depositados en la Oficina de Hacienda del Estado con el propósito de recuperar conseciones otorgadas a menores de edad, personas muertas y militares.
2.-Conceder oportunidad a taxistas para corregir documentación irregular como la falta de solicitud dirigida al gobernador del Estado, fotocopia del acta de nacimiento, fotocopia de licencia de conducir tipo “A”, constancia de trabajo, carta de no antecedentes penales, constancia de no haber sido sancionado por mas de cinco veces por delitos graves, de acuerdo a la ley y reglamento vigentes.
El trabajo de auditoria elaborado por a Contraloría General del Estado se encuentra en manos de la comisión legislativa responsable de regularizar o sancionar la distribución de conseciones integrada por los diputados locales Alfredo Osorio y Tomás Tejeda.
Si lo representantes del Poder Legislativo no emiten un resolutivo sobre el tema, dentro del tiempo y forma jurídica, corren el riesgo de ser sancionados por incumplimiento del deber.
Investigaciones independientes llegadas a la mesa del reportero por vía anónima, describen situaciones dramáticas en el sentido de que para obtener juegos de placas no sólo utilizaron requerimientos económicos e influencia políticas, sino también condicionantes de tipo sexual.
La tranquilidad administrativa desapareció del mapa en el curso de solo seis años de cuestionada gestión.
El periodo fatídico para el estado financiero inicio el primero de diciembre de 1998 y concluyo en el último de noviembre de 2004.
Uno de los casos mas sonados en medios de comunicación social fue el manejo de conseciones de placas para el transporte de pasajeros en la modalidad de taxi y colectivo.
El reclamo de una buena parte de trabajadores del volante no beneficiados, influyo para que la nueva administración constitucional, iniciada el primero de diciembre del 2004, investigara la distribución de autorizaciones.
La Contraloría General del Estado, representada por la psicóloga Susana Torres Hernández, durante los primeros doce meses del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, auditó la emisión de dos mil 900 concesiones de taxis y colectivos.
En la segunda revisión del trabajo contable, puesta en operación durante el primer semestre del 2006, detectaron que los juegos de placa no solo se concesionaron a menores de edad, personas fallecidas y militares, sino también a dueños de bares, periodistas, políticos, servidores públicos, dirigentes sindicales y comerciantes, entre otros.
Informes confidenciales facilitados al reportero por fuentes allegadas, apuntan que empleados de la secretaria de Seguridad Pública, de la que dependía la dirección de Transito y Transporte Público, pidieron a los solicitantes de placas la suma de ciento cincuenta mil pesos por unidad.
En otros apartados de los mismos informes, anotan los responsables de su elaboración, que de los ciento cincuenta mil pesos, cincuenta ingresaron a la oficina de Hacienda del Estado, dependiente de la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Veracruz.
Aunque técnicamente se ignora el destino de los cien mil pesos restantes, existen evidencias de peso para suponer que servidores públicos de segundo y tercer nivel, sirvieron de enlace entre los solicitantes y los primeros niveles de la pasada administración en el proceso de captar recursos financieros.
Fuente cercana a la secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), confió al reportero parte del contenido de los que califico como ampliación de las investigaciones iniciadas por la Contraloría General del Estado, de que el citado movimiento financiero no sólo involucro a servidores públicos de los primeros, segundos y terceros niveles de la pasada administración, sino también a dirigentes de diversas uniones, asociaciones y sindicatos de los trabajadores del volante, quienes avalaron la entrega
Públicamente en contra de los intereses de los agremiados.
Sobre este punto destaca el hecho de que solicitaron anticipos de cinco, diez y quince mil pesos, pasando por los veinte, veinticinco y treinta, hasta llegar a los cuarenta y cincuenta mil pesos, los cuales eran aportados mensualmente en cómodas, democráticas y gremiales facilidades.
Análisis financieros elaborados durante los primeros tres meses del 2006 por prestigiado despacho contable, publico e independiente, arrojo cuatro perfiles probables sobre montos totales de la cuestionada recaudación económica.
1.-Si multiplicamos tres mil 6000 conseciones por 200 mil pesos, sumarian 72 millones de pesos en efectivo.
2.-En el supuesto de que las tres mil 600 conseciones, hubiesen aportado la cantidad de 150 mil pesos, arrojarían la suma de 540 millones de pesos.
3.-De los tres mil 6000 solicitantes de transporte publico de pasajeros en la modalidad de taxi, auditores de la Contraloría General del Estado, detectaron dos mil 900 conseciones con documentación irregular.
4.-Si multiplicamos las de dos mil 900 conseciones por 150 mil pesos, producirían 435 millones de pesos.
Informes obtenidos en los primeros círculos del poder, advierten que el Gobierno del Estado de Veracruz trabaja sobre la posibilidad de retirar de la circulación las dos mil 900 concesiones de placas, otorgadas a su mayoría a menores de edad, personas fallecidas, restauranteros, abarroteros y personas ajenas al trabajo del volante, en los últimos meses de la administración alemanista, mediante la devolución de cincuenta mil pesos por unidad.
En este punto, los dirigentes de las diversas uniones, asociaciones y sindicatos de taxistas no coinciden la propuesta gubernamental, debido a que ellos otorgaron cien mil pesos en efectivo extras a funcionarios de la pasada administración, sin documentos probatorios.
Reasignar concesiones del transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi a los auténticos trabajadores del volante que cumplan con la normativa establecida en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Transito y Transporte Público de Veracruz, es otra de las opciones planteadas por el representante del Poder Ejecutivo, para ordenar una de las secciones mas conflictúadas por la corrupción alemanista.
Sin embargo, el portal de Internet de la Contraloría General del Estado, expone la existencia de ocho mil expedientes auditados sobre el manejo de concesiones otorgadas a igual número de solicitantes.
Si multiplicamos a los ocho mil beneficiados con un juego de placas por 200 mil pesos, arrojarían la impresionante suma de 160 millones de pesos.
La situación se conflictúa si tomamos en cuenta que el Gobierno del Estado sólo oferta dos alternativas sobre el citado tema, de acuerdo a los resultados extraídos durante la última ronda de platicas sostenidas entre representantes de la secretaria de Gobierno, la dirección general de Transito y Transporte Público, y dirigentes de diversas organizaciones de taxistas.
1.-Devolver los cincuenta mil pesos depositados en la Oficina de Hacienda del Estado con el propósito de recuperar conseciones otorgadas a menores de edad, personas muertas y militares.
2.-Conceder oportunidad a taxistas para corregir documentación irregular como la falta de solicitud dirigida al gobernador del Estado, fotocopia del acta de nacimiento, fotocopia de licencia de conducir tipo “A”, constancia de trabajo, carta de no antecedentes penales, constancia de no haber sido sancionado por mas de cinco veces por delitos graves, de acuerdo a la ley y reglamento vigentes.
El trabajo de auditoria elaborado por a Contraloría General del Estado se encuentra en manos de la comisión legislativa responsable de regularizar o sancionar la distribución de conseciones integrada por los diputados locales Alfredo Osorio y Tomás Tejeda.
Si lo representantes del Poder Legislativo no emiten un resolutivo sobre el tema, dentro del tiempo y forma jurídica, corren el riesgo de ser sancionados por incumplimiento del deber.
Investigaciones independientes llegadas a la mesa del reportero por vía anónima, describen situaciones dramáticas en el sentido de que para obtener juegos de placas no sólo utilizaron requerimientos económicos e influencia políticas, sino también condicionantes de tipo sexual.
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