Reconocimiento de rutina (Incursión militar en el ejido de San Jerónimo Tulijá)

Por: Pilar Muñoz

“Es un reconocimiento de rutina”, dijo el capitán Loyola del ejército nacional mexicano, cuando un grupo de observadores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, le preguntaron acerca de la incursión militar en el ejido de San Jerónimo Tulijá.

San Jerónimo, es una comunidad indígena tseltal, ubicada al norte de la extraordinaria selva Lacandona en el estado mexicano de Chiapas, pertenece al municipio de Chilón en el estado de Chiapas, al municipio autónomo Flores Magón y al caracol de La Garrucha. Fue fundada a mediados del siglo XX en el contexto de la enorme repartición de tierras que se dio en esta zona a través de la Reforma Agraria, por un grupo de 12 familias jóvenes provenientes del ejido de Bachajón en el mismo estado. En sus comunidades de origen, se vivía una situación rodeada de marginación, pobreza, explotación y agravios hechos costumbre desde tiempos coloniales, por eso se aventuraron en busca de una nueva vida, con nuevas tierras, tierras propias y propicias de ser cultivadas, enfrentando todas las complicaciones y peligros a los que se enfrentaron ante tal vorágine de flora y fauna diversas.

La constitución de este ejido en comunidad ha vivido muchos y diversos trances, abriendo y cerrando el panorama al impulso de acuerdos y a la plena convivencia social. Pero sin duda, fue en el año 1994, cuando el divisionismo en esta localidad, se percibió más marcado que nunca. Esto se debió a dos situaciones interrelacionadas. El primero de enero de ese año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, alzó su voz y sus armas (algunas hechas con palos) en contra de los malos gobiernos y del sistema económico y político de muerte que se estaba ejecutando en el país junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La reacción del gobierno ante esta situación consistió en generar lo que se conoce como una guerra de baja intensidad, es decir, a través de la implementación de programas sociales con tintes paternalistas y excluyentes (Procampo, Oportunidades y Procede, son un ejemplo), se empezaron a fraccionar las poblaciones campesinas en el estado, llevándoles a un antagonismo sin límites entre quienes defienden las demandas del EZLN y quienes prefieren las dádivas del gobierno (en ese entonces dominado por el Partido Revolucionario Institucional, pero que ha resultado en lo mismo aunque los gobernantes pertenezcan al Partido de la Revolución Democrática o al Partido Acción Nacional). Este mecanismo no funciona sólo para confrontar a las comunidades entre sí, además, pretende extraer sus recursos naturales y humanos.

En esta situación que creaba rivalidades entre hermanos y hermanas, en 1998, el paramilitar priísta mejor conocido en el ejido, Jerónimo Gutiérrez, pidió que se instalara un cuartel militar fijo al interior de la comunidad. Ni tardos ni perezosos, los llamados guachos, construyeron junto a la escuela primaria bilingüe y la preparatoria, una base de vigilancia las 24 horas del día. La llegada de los soldados a este lugar implicó intimidaciones hacia mujeres y hombres por igual, la entrada del alcohol (hacia unos 20 años, se había prohibido la venta y consumo de alcohol en la comunidad) y otras drogas, la prostitución de muchachas y la migración de los jóvenes. Situaciones que afectaron a la población total, incluyendo hijos e hijas de don Jerónimo.

Para inicios del año 2005, según cuentan vecinos del lugar, empezaron a ver que salían los tanques y camiones. Eso era común pues, al parecer, realizaban ejercicios y acciones militares en la zona por los que salían constantemente de ahí, sin embargo, en esta ocasión, habían desmantelado los alambres de púas con que se habían rodeado los guachos. Nunca más regresaron…

Hasta el 19 de mayo de este año. A las tres de la tarde de ese día, elementos del Ejército Nacional, de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Estatal Preventiva (PEP) irrumpieron violentamente en la comunidad. Con casi 3 mil habitantes, el territorio de esta comunidad es de los más codiciados por las empresas turísticas, madereras, farmaceutas y de los gobiernos federal y estatal.

La mañana de ese día, un helicóptero del ejército nacional sobrevoló la zona, según comentaron ejidatarios. Más tarde, ingresaron once vehículos de las diferentes corporaciones policiacas y militares quienes amedrentaron a la población con amenazas e insultos.

Los agentes de la AFI, sin orden judicial, allanaron tres casas, dos bases de apoyo zapatistas y una priísta. En una de las dos primeras, uno de los agentes tomó por el cuello a una joven de 21 años quien cargaba a un pequeño de dos años, amenazándola de muerte.
Posteriormente, ejército y agentes federales se quedaron en un graval ubicado en el único camino de entrada y salida de la comunidad.

Hasta este día no se había registrado una intervención tan intimidatoria de las fuerzas armadas en el ejido, dando con esto una señal clara de la guerra no transmitida que se está viviendo en las comunidades indígenas del estado de Chiapas. Es importante señalar y mantener la atención en las crecientes manifestaciones como éstas que provienen de los “malos gobiernos” pues, aunque es posible que militares y policías hayan salido de la comunidad, existen aun altas probabilidades de que estas acciones se repitan nuevamente.