Lotes irregulares, una problemática social y ecológica. Foto: Leopoldo Hernández
Por: Miguel Mora
Desde el triénio de don Luis Anell González (1989-1991), aparecieron en Teocelo, los primeros grupos de solicitantes de vivienda. La organización FREDEPO (Frente de Defensa Popular), con presencia en varias zonas de la Entidad presionando a autoridades con movilizaciones y plantones gestionaron terrenos para sus afiliados a cambio de apoyar a candidatos del PRI. José Antonio Vicuña Sánchez, negoció con los “FREDEPOS” votos, primero para ganar la elección interna como precandidato del tricolor y luego la presidencia municipal. Así surgieron en la cabecera municipal las colonias Raúl Martínez, Oelkers, conocida popularmente como “el sumidero”, y la colonia Rocco de Arcángelis. El nombre de ésta última, aceptada por los colonos con la promesa de que Víctor de Arcángelis, cedería un fragmento de la explanada del beneficio de café La Merced de su propiedad. Cosa que no ocurrió ocasionando que por muchos años, esa colonia no tuviera entrada para vehículos, además de estar asentada en zona arqueológica. El INHA ha solicitado desde hace varios años su reubicación pero no ha encontrado respaldo formal, de las autoridades municipales. Estas dos colonias por cierto continúan en situación irregular.
Actualmente, existen aproximadamente 30 terrenos. La mayoría sin los permisos que marca la ley, tampoco les garantizan a los compradores los servicios básicos, agua, drenaje y energía eléctrica. El discurso de las autoridades municipales, siempre es el mismo: “No hemos autorizado ni un sólo permiso durante nuestra administración”. Pero deben reconocer que no ejercieron las facultades que la ley les otorga para frenar el crecimiento urbano desordenado y sancionar a los responsables. Lo más grave es que ni los compradores de lotes afectados se atreven a denunciar a los lotificadores. Casi siempre nos dicen por ejemplo: “Es que el maestro es muy prepotente”; “es que la señora es muy influyente”; “si hablamos nos expulsan de la organización y nos quitan el terreno”; “tememos represalias y como no tenemos escrituras, podemos perderlo todo”. Hay compradores que no sólo no tienen escrituras, algunos desconocen dónde estarían ubicados los terrenos que supuestamente están pagando a largo plazo. Otros no cuentan con ningún recibo, ni han conocido jamás un corte de caja. Tampoco conocen planos ni maquetas. Lo que sí han visto es el progreso económico de los fraccionadores. Ahora tienen casas, vehículos, y un nivel de vida muy diferente al que tenían antes de dedicarse a la venta de terrenos.
El daño al medio ambiente es irreversible. Se han derribado cientos, quizá miles de árboles y nadie sabe nada, nadie ha autorizado nada. Impunidad total. Urge por lo tanto, que el Gobierno del Estado y sus dependencias correspondientes intervengan y pongan freno a esta situación ilegal. Las autoridades municipales, tanto priístas como perredistas, no han actuado aplicando la ley a los responsables y los resultados catastróficos están a la vista.
Actualmente, existen aproximadamente 30 terrenos. La mayoría sin los permisos que marca la ley, tampoco les garantizan a los compradores los servicios básicos, agua, drenaje y energía eléctrica. El discurso de las autoridades municipales, siempre es el mismo: “No hemos autorizado ni un sólo permiso durante nuestra administración”. Pero deben reconocer que no ejercieron las facultades que la ley les otorga para frenar el crecimiento urbano desordenado y sancionar a los responsables. Lo más grave es que ni los compradores de lotes afectados se atreven a denunciar a los lotificadores. Casi siempre nos dicen por ejemplo: “Es que el maestro es muy prepotente”; “es que la señora es muy influyente”; “si hablamos nos expulsan de la organización y nos quitan el terreno”; “tememos represalias y como no tenemos escrituras, podemos perderlo todo”. Hay compradores que no sólo no tienen escrituras, algunos desconocen dónde estarían ubicados los terrenos que supuestamente están pagando a largo plazo. Otros no cuentan con ningún recibo, ni han conocido jamás un corte de caja. Tampoco conocen planos ni maquetas. Lo que sí han visto es el progreso económico de los fraccionadores. Ahora tienen casas, vehículos, y un nivel de vida muy diferente al que tenían antes de dedicarse a la venta de terrenos.
El daño al medio ambiente es irreversible. Se han derribado cientos, quizá miles de árboles y nadie sabe nada, nadie ha autorizado nada. Impunidad total. Urge por lo tanto, que el Gobierno del Estado y sus dependencias correspondientes intervengan y pongan freno a esta situación ilegal. Las autoridades municipales, tanto priístas como perredistas, no han actuado aplicando la ley a los responsables y los resultados catastróficos están a la vista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario