¿Seguridad y Justicia?

Por: Miguel Mora

El pasado 12 de diciembre, la cámara de diputados aprobó apresuradamente el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. El pretexto es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero debemos recordar que el gobierno de Estados Unidos es el más interesado que esta ley se apruebe. Desde 1993, se ha intentado imponer como parte de los acuerdos del tratado de libre comercio, acuerdo comercial que tanto nos ha afectado por cierto. De aprobarse esta ley, terminaría con muchos derechos que aún nos otorga la constitución. Sería tal el retroceso en materia de Derechos Humanos que permitiría que la policía entre a nuestros domicilios sin ninguna orden por escrito, cateen nuestras pertenencias, nos maltraten, nos detengan, nos incomuniquen y nos acusen de cualquier delito sin pruebas.

Afortunadamente ya hay una serie de reacciones y opiniones en contra por parte de juristas, organizaciones sociales, y de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría en última instancia detener esta ley aberrante, pero ya sabemos cómo ha procedido en otros casos. Baste recordar recientemente la absolución que otorgó la corte al “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, en el caso Lidia Cacho. En ese asunto los ministros reconocieron serias irregularidades en la detención, traslado y encarcelamiento de la periodista, sin embargo, el mandatario poblano fue exonerado. Todo esto a pesar de aquella conversación telefónica entre Marín y Kamel Nacif que todos escuchamos a través de la televisión nacional.

La movilización ciudadana como en otros casos puede impedir que esta ley entre en vigor. Debemos además reclamar enérgicamente a los diputados, supuestamente nuestros representantes, por aprobar leyes como ésta que dejan en la total indefensión a la población en general.

(21 de diciembre de 2007)