*Descartan Ley de Transparencia
Por: Elfego Riveros
Invocando la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública de Veracruz -también llamada Ley 848-, solicité en fechas recientes a las tesorerías municipales la lista compelta del personal de confianza, sindicalizado, eventuales y miembros de cada comuna, especificando de cada uno sus respectivos sueldos y compensaciones.
El escrito de petición fue recibido, sellado y firmado por los titulares o personal auxiliar de las Tesorerías Municipales de Coatepec, Xico, Teocelo, Ixhuacán y Cosautlán, pero estos servidores públicos (muy probablemente aconsejados por los propios alcaldes) no están cumpliendo con su obligación de entregar por escrito toda la información que se les ha requerido.
Lo que procede ahora es acudir al órgano que debe ser garante del Derecho de Acceso a la Información Pública, creado apenas en agosto pasado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, cuyo titular es Alvaro de Gasperín Sampieri.
Independientemente del curso que siga esta queja en esa instancia y del tiempo que lleve obligar a los tesoreros municipales o funcionarios designados para dar información, de entrada ya se observan miedo y resistencia a estos ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.
Entre más tiempo pase para que respondan a la solicitud, más evidente será la ignorancia, la negligencia, la simulación o de plano el cinismo y el desacato para violar esta ley vigente.
Ignoran tal vez estos funcionarios que dicho ordenamiento jurídico también contempla sanciones a quienes se opongan a este Derecho a Saber que tenemos los ciudadanos y los medios de comunicación.
"La responsabilidad administrativa por infracciones a esta ley, es independiente de las demás responsabilidades que establecen otras leyes del Estado", establece el artículo 75.
Apercibimientos e inclusive multas hasta por 500 días de salario mínimo general ordinario diario vigente en nuestro Estado, son algunas de las posibles sanciones a los servidores públicos que incurran en omisiones.
Nada de esto sería necesario, se en las presidencias municipales hubiera congruencia entre los actos, promesas y discursos de campaña, con los actos de gobierno, pues si bien se cuestiona aquí a los tesoreros municipales, siendo éstos personal deconfianza, los más obligados por la norma, deberían ser los alcaldes los primeros en poner el ejemplo y ganarse la confianza de los ciudadanos.
Meter La Llave al cajón de los dineros públicos para saber cómo los servidores públicos se gastan nuestro dinero, todavía revela la nostalgia del viejo régimen: gobernar desde los ayuntamientos como si se tratara de changarros particulares.
Toda la información pública, escepto la confidencial o reservada, tiene que entregarse sin reservas a los ciudadanos y a los medios. Tenemos Derecho a Saber.
(15 de marzo de 2008)
El escrito de petición fue recibido, sellado y firmado por los titulares o personal auxiliar de las Tesorerías Municipales de Coatepec, Xico, Teocelo, Ixhuacán y Cosautlán, pero estos servidores públicos (muy probablemente aconsejados por los propios alcaldes) no están cumpliendo con su obligación de entregar por escrito toda la información que se les ha requerido.
Lo que procede ahora es acudir al órgano que debe ser garante del Derecho de Acceso a la Información Pública, creado apenas en agosto pasado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, cuyo titular es Alvaro de Gasperín Sampieri.
Independientemente del curso que siga esta queja en esa instancia y del tiempo que lleve obligar a los tesoreros municipales o funcionarios designados para dar información, de entrada ya se observan miedo y resistencia a estos ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.
Entre más tiempo pase para que respondan a la solicitud, más evidente será la ignorancia, la negligencia, la simulación o de plano el cinismo y el desacato para violar esta ley vigente.
Ignoran tal vez estos funcionarios que dicho ordenamiento jurídico también contempla sanciones a quienes se opongan a este Derecho a Saber que tenemos los ciudadanos y los medios de comunicación.
"La responsabilidad administrativa por infracciones a esta ley, es independiente de las demás responsabilidades que establecen otras leyes del Estado", establece el artículo 75.
Apercibimientos e inclusive multas hasta por 500 días de salario mínimo general ordinario diario vigente en nuestro Estado, son algunas de las posibles sanciones a los servidores públicos que incurran en omisiones.
Nada de esto sería necesario, se en las presidencias municipales hubiera congruencia entre los actos, promesas y discursos de campaña, con los actos de gobierno, pues si bien se cuestiona aquí a los tesoreros municipales, siendo éstos personal deconfianza, los más obligados por la norma, deberían ser los alcaldes los primeros en poner el ejemplo y ganarse la confianza de los ciudadanos.
Meter La Llave al cajón de los dineros públicos para saber cómo los servidores públicos se gastan nuestro dinero, todavía revela la nostalgia del viejo régimen: gobernar desde los ayuntamientos como si se tratara de changarros particulares.
Toda la información pública, escepto la confidencial o reservada, tiene que entregarse sin reservas a los ciudadanos y a los medios. Tenemos Derecho a Saber.
(15 de marzo de 2008)
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