La Llave

Acceso a la Información Pública
Por: Elfego Riveros

En el pasado los ciudadanos no teníamos derecho a saber. Siempre teníamos que lidiar con servidores públicos mañosos, prepotentes e ineficientes.

Algunos alcaldes usaban los recursos públicos a su antojo, sin rendirle cuentas a nadie. Y por eso, al final de cada trienio era muy fácil saber dónde había casos de enriquecimiento explicable.

Incluso los gobernadores eran intocables y era práctica común entre un sexenio y otro la simulación, la corrupción y la impunidad.

Aún en nuestros días las dependencias del ejecutivo estatal operan como verdaderas cajas chicas del gobernante en turno y las contralorías internas y órganos de fiscalización nos resultan caros e ineficientes a los contribuyentes, siendo sus titulares meras tapaderas de la corrupción gubernamental.

Y qué decir de los funcionarios federales, comenzando por los mismos presidentes de la república. La misma historia, pero en pantalla gigante y en cadena nacional.

Este negro panorama, sin embargo, puede cambiar en el corto plazo si los ciudadanos hacemos uso de nuestro Derecho a Saber.

Actualmente el Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental -o sea nuestro derecho a saber, a pedir cuentas-, está garantizado a nivel municipal, estatal y federal, una vez que fueron aprobadas la ley federal y las leyes estatales en la materia, entre 2003 y 2007.

El mismo artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

quedó reformado para elevar a un rango superior este derecho. Nuestro derecho a preguntar y a saber de los asuntos públicos.

En suma, el derecho a saber es como La Lave que nos servirá para abrir los archivos gubernamentales. Hay que usarla.

Este derecho a preguntar y a saber va de la mano con la obligación que tienen los servidores públicos de entregarnos la información. Así lo establecen las leyes de transparencia y acceso tanto federal como estatal.

Hay que añadir, además, que estas leyes no solamente nos permiten saber cómo se gastan los recursos públicos los funcionarios, sino también medir la eficiencia con la cual atienden sus respectivos ámbitos de competencia..

Por ejemplo: si como ciudadano común me interesa saber a quién le tocaba supervisar las condiciones materiales y de vialidad del puente de San Marcos-Las Puentes, antes de su derrumbe el 30 de agosto pasado, comienzo por las autoridades municipales de Xico y Coatepec.

Como el argumento de los alcaldes Dario Gálvez Córdoba y Miguel Galindo Huerta ha sido que “…era competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia…” y que ellos no podían meterle mano, por tratarse de un monumento histórico, nos dimos a la tarea de meter La Llave a los archivos del INAH, o sea solicitamos información pública, y el resultado fue que : “…en los últimos 10 años y hasta antes del 30 de agosto del año en curso, en los archivos de esta dependencia no se tienen registros de que el Gobierno del Estado o los municipios hayan solicitado autorización a esta dependencia, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento o conservación”.

Así responde el INAH a mi solicitud de información, a través de la Lic. María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárcega, titular de la Unidad de Enlace, quien agrega en su respuesta que “El puente que une a las Puentes, municipio de Coatepec, Ver., con San Marcos de León, municipio de Xico, Ver., es un monumento histórico por determinación de ley, que data del año de 1833, en tal virtud está protegido por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos…y se encuentra a cargo de la Junta Estatal de Caminos de Gobierno del Estado de Veracruz.”

Aunque los datos de la Unidad de Enlace del INAH son reveladores, al mostrar la negligencia de funcionarios estatales y municipales, la respuesta es mañosamente incompleta pues mi solicitud de información dice, textual : “Quiero saber qué trabajos de rehabilitación hizo el INAH sobre el puente…antes del 30 de agosto de 2007, especificando fechas y tipo de acondicionamientos…y si hubo en los últimos diez años peticiones de esos ayuntamientos para proceder a su reparación o mantenimiento”.

Independientemente de que haga uso de mi derecho a pedir la actuación del Instituto Federal de Acceso a la Información -garante del derecho de acceso a la información gubernamental- para que se revise la respuesta del INAH, por ahora queda claro que ni los alcaldes de Xico y Coatepec, como tampoco el titular de la Junta Estatal de Caminos hicieron nada para evitar lo que finalmente pasó: que el derrumbe del puente colapsara el tránsito de personas y vehículos durante cerca de tres meses, con impactos severos en la economía y la vida cotidiana de miles de personas de ambos lados del Puente sobre el Río Huehueyapan, nombre oficial con el que se le conoce desde hace 174 años, según los archivos del Centro INAH Veracruz..

Si desean conocer con mayor amplitud este ejercicio ciudadano de petición de información pública, visite : www.sisi.org.mx y abra la solicitud de información número 1115100028607 o mejor aún : use su propia Llave, su propio derecho a preguntar y exija que le contesten con la verdad.