El pasado 8 de abril se realizó en Coatepec una reunión para abordar asuntos de seguridad e inteligencia en la zona, la reunión la presidió Amadeo Flores Espinoza, secretario ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública. Asistieron los presidentes municpales de: Ayahualulco, Ixhucán, Cosautlán, Teocelo, Xico, Coatepec, Jalcomulco, Agpazapan y Tlaltetela. Se instalaron los consejos municipales de seguridad pública y comités municipales de participación ciudadana. Esto con el fin de reducir índices delictivos en los municipios mencionados.
Cabe mencionar que una encuesta a nivel nacional realizada por la Procuraduría General de la República indica que sólo 1 de cada 100 delitos se denuncian. Sólo 3 de cada 100 averiguaciones previas que conoce el ministerio público, se convierten en sentencias para los responsables; aunque ello no significa que sean condenatorias. El 70% de la población se encuentra preocupada todo el tiempo de poder ser victima de un delito con violencia.39 % de las personas entrevistadas han sido víctimas de un delito durante el último año. Todos estos datos fueron dados a conocer por José Luis Vasconselos, titular de la sub Procuraduría Jurídica de la PGR en el foro “La reforma constitucional en materia penal” organizado por el instituto nacional de ciencias penales. El funcionario admitió que en materia de procuración de justicia se ha fracasado.
La violencia en los municipios de la región ha aumentado de manera preocupante. Las causas son diversas: desempleo, pobreza, desintegración familiar, etc. Pero lo que ha agravado la situación son las adicciones. De pronto los asaltos bancarios dejaron de ser noticia sólo de las grandes ciudades, y empezaron a ocurrir en Xalapa y Coatepec, después vinieron asesinatos, ajustes de cuentas entre grupos delictivos, asaltos a particulares, robos a instituciones o casas habitación o pleitos entre pandillas.
A poco más de 100 días de haberse instalado las nuevas autoridades municipales tienen este gran reto: combatir de manera efectiva a la delincuencia. Los municipios de nuestra región deben recobrar la tranquilidad que les caracterizaba y los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad de nuestros domicilios y de nuestra integridad física. Esto sólo se lograr si tenemos policías capacitados así como jueces y agentes del ministerio publico incorruptibles.
Cabe mencionar que una encuesta a nivel nacional realizada por la Procuraduría General de la República indica que sólo 1 de cada 100 delitos se denuncian. Sólo 3 de cada 100 averiguaciones previas que conoce el ministerio público, se convierten en sentencias para los responsables; aunque ello no significa que sean condenatorias. El 70% de la población se encuentra preocupada todo el tiempo de poder ser victima de un delito con violencia.39 % de las personas entrevistadas han sido víctimas de un delito durante el último año. Todos estos datos fueron dados a conocer por José Luis Vasconselos, titular de la sub Procuraduría Jurídica de la PGR en el foro “La reforma constitucional en materia penal” organizado por el instituto nacional de ciencias penales. El funcionario admitió que en materia de procuración de justicia se ha fracasado.
La violencia en los municipios de la región ha aumentado de manera preocupante. Las causas son diversas: desempleo, pobreza, desintegración familiar, etc. Pero lo que ha agravado la situación son las adicciones. De pronto los asaltos bancarios dejaron de ser noticia sólo de las grandes ciudades, y empezaron a ocurrir en Xalapa y Coatepec, después vinieron asesinatos, ajustes de cuentas entre grupos delictivos, asaltos a particulares, robos a instituciones o casas habitación o pleitos entre pandillas.
A poco más de 100 días de haberse instalado las nuevas autoridades municipales tienen este gran reto: combatir de manera efectiva a la delincuencia. Los municipios de nuestra región deben recobrar la tranquilidad que les caracterizaba y los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad de nuestros domicilios y de nuestra integridad física. Esto sólo se lograr si tenemos policías capacitados así como jueces y agentes del ministerio publico incorruptibles.
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