Por: Leopoldo HernándezEl primero de febrero, un día antes de que iniciara su recorrido por territorio chiapaneco la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) donde se entrevistarían con el gobernador del estado, el perredista Juan Sabines Guerrero fueron detenidos Eliseo Silvano Gutiérrez y su hijo Eliseo Silvano Espinosa acusados de realizar asaltos.
Ambos indígenas, bases de apoyo zapatista, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) y habitantes de la población Betel Yochip´ y trasladados a los separos de la policía siendo golpeados y torturados durante la detención y encierro sin ser valorados por médico alguno y sin pregunta expresa del juez del origen de las evidentes lesiones que los detenidos presentaban a simple vista.
En visita y valoración médica por parte de la CCIODH, concluyó que a pesar de que en todo momento los detenidos negaron rotundamente haber participado en la comisión de los delitos que se les imputan, ambos indígenas presentan evidentes señales físicas y sicológicas de tortura. Eliseo Silvano Gutiérrez presenta quemaduras en la espalda, una herida de bala en el pie, así como distintas lesiones en el brazo y mano derechos. Por su parte Silvano hijo, es necesario reposo para sanar las lesiones que presenta en la zona lumbar. Ambos, según reportes sicológicos de la institución internacional, presentan “un estado de angustia profunda”.
Mientras, el 4 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Felipe Hernández Yuena fue detenido junto con su hijo de seis años tras haber participado el pasado 31 de enero como principal orador en la Marcha Contra el Tratado de Libre Comercio.
Profesor rural de matemáticas y militante del Frente Magisterial Independiente Nacional, Hernández Yuena denunció que durante su detención fue severamente golpeado por “hombres corpulentos y encapuchados” quienes hacían preguntas sobre una supuesta relación del detenido con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), situación que en todo momento fue negada por el profesor pues esta, a su decir, es inexistente.
Es el 6 de febrero cuando la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, durante una reunión de trabajo con distintas organizaciones encargadas de la protección de las garantías individuales, éstas exponen que actualmente en el país la violación de los derechos humanos, así como la presencia de elementos militares en tareas policiales expone a la mayoría de los ciudadanos a que sean violentados sus garantías constitucionales.
Es en este contexto donde Arbour declara: “Estoy preocupada por esta situación de criminalización de la protesta social; se lo señalaré al gobierno, porque una democracia siempre debe proteger los derechos de las minorías, de los sectores más desprotegidos, de los marginados y discriminados” (La jornada 06/02/08).
Apenas un día después de concluida la visita de Louise Arbour, cuando en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, es asesinado Lorenzo Fernández Ortega, miembro de la Organización Indígena Mepha´a, (OPIM).
Esta organización ha estado “denunciando distintas agresiones y amenazas de muerte por parte del ejercito y sus paramilitares”. Afirman que durante este mes “se han reiterado las amenazas de que será el ejército quien entre a catear sus casa en busca de armas y a matar a todos los miembros de de la Organización”. Afirman miembros de la OPIM que la reiteración de las amenazas coincide con las recientes recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera por la esterilización forzada de 14 indígenas de la comunidad El Camote en 1997. Estas denuncias, interpuestas por la organización junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que otra denuncia donde se incluyen los testimonios de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, donde afirman haber sido violadas presuntamente por miembros del ejército federal en 2002.
Lorenzo Fernández Ortega de 38 años y hermano de una de las que denuncian a los militares, trabajaba como albañil en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, fue encontrado debajo de un puente con el cuello cortado y dos heridas de arma blanca en la cabeza.
La OPIM denuncia que este crimen es parte de la represión en contra de la organización por defender sus derechos y que a pesar de haber advertido a las autoridades correspondientes de las constantes amenazas en contra de la organización, de parte del gobierno no ha habido ninguna respuesta, incluso se ha incrementado la presencia de los militares en sus comunidades.
Un día después de haber ocurrido estos hechos, el comandante de la novena región militar, Sergio Magaña Mier, afirmó que la presencia militar en distintas comunidades indígenas de La Montaña, Costa Chica y Costa Grande del estado de Guerrero es sólo para combatir a grupos dedicados a la siembra de enervantes.
Según medios estatales Magaña Mier, “aseveró irónico que los militares no van a ver a los indígenas ni a perjudicar, repeler o agredir a nadie”. Y Expresó: “No nos vamos a meter con la gente, para ver qué hace o no hace, si tiene problemas o no, o si tienen conflictos por equis, i griega o zeta, eso no. Nosotros vamos a destruir y claro, tenemos que acudir a esos lugares. ¿Eso es lógico, verdad?”.
Es en este donde la Organización Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) en su informe La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) una evaluación crítica, afirma que la CNDH al aplicar el principio de legalidad, lo desvirtúa pues este es empleado para protección de funcionarios gubernamentales en lugar de proteger a las víctimas.
La CNDH ha permanecido pasiva “cuando los militares cometen violaciones sexuales de mujeres, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, y tampoco ha exigido que en lugar de que sean llevados a la justicia militar, sean puestos bajo la autoridad civil, como lo establecen las normas internacionales y la propia Constitución”. (La Jornada 14/02/08).
(16 de febrero de 2008)
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