17 de agosto de 2010

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL ¿BOFETADA AL CIUDADANO?

Por: Carlos Lucio

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz (TEPJEV), no defendió con ñonor la decisión ciudadana expresada en los comicios del cuatro de julio anterior.
Los recursos de inconformidad presentados dentro de su tiempo y forma jurídica por los partidos políti¬cos involucrados, no fueron sometidos a la mínima revisión documental.
Los tres magistrados sólo concretaron, su trabajo en avalar recomendaciones emitidas por el cuestionado Instituto Electoral Veracruzano (IEV).
El rechazo sistemático de los recursos de inconformidad comprueban la encomienda verbal de atajar al preció que las circunstancias exigieran la transparencia y la legalidad del proceso.
La turbia relación entre los moldeables magistrados con el conflictivo representante del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, documenta la validez de la sospecha.
Los altos niveles de docilidad no sólo enferman y denigran el espíritu democrático y plural que ubica a Veracruz dentro de las entidades federativas más politizadas del país.
La mediocridad de los magistrados representa el más vulgar de los insultos a la inteligencia del ciudadano consciente de sus obligaciones, pero también de sus derechos.
En la agenda de pretextos elaborados por el Tribunal Electoral para desechar impugnaciones de los comicios del cuatro de julio pasado, destacan los relativos a no acreditar las demandas con pruebas, documentación extemporánea, coacción, condicionamiento, errores aritméticos, ejercer violen¬cia y presión sobre los electores, retraso en la entrega de expedientes por parte del Instituto Electoral Veracruzano y el no cumplir con las formalidades y vacios legales del Código Electo¬ral de Veracruz.
La ineficiencia, acaudillada por la complicidad, rodean el trabajo realizado por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJEV).
Las causas, motivos, pruebas, hechos o evidencias sobre un proceso de dudosa transparencia, cuestionada legalidad y supuesta honestidad institucional, saltan a la vista.
Uno, el secretario de Acción Electoral del comité directivo estatal del PAN, Gonzalo Herrera Barreda, denunció el martes seis de julio que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en abierta complicidad con el IEV, extravió 416 mil 202 votos, debido a que el total de la lista nominal es de cinco millones 316 mil 705 electores, de los cuales, tres millones 57 mil 105, corresponden al 57.5 por cien¬to del promedio de la votación registrada.
Dos, el presidente municipal de Cosamaloapan, Juan René Chiunti Hernández, cesó el viernes nueve de julio a más de cuarenta policías por no votar por Patricia Ochoa de Chiunti, esposa del edil y candidata del PRI a la alcaldía.
Tres, elementos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la dirección general de Tránsito y Transporte, secuestraron el domingo once de julio cuarenta autobuses por espacio de más de seis horas, sin la mínima explicación, cuando se dirigían a la Marcha por la defensa del voto convocada por el candidato a la gubernatura por la coalición de los partidos Acción Nacional y Alianza Nacional, Miguel Ángel Yunes Linares.
Cuatro, el académico Leopoldo Alafita Méndez, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, aseguró el jueves 22 de julio que los resul¬tados de las elecciones del cuatro de julio anterior, serán definidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Esta¬do de Veracruz (TEPJEV), no ha demostrado independencia del representante del Poder Ejecutivo de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán,
Cinco, el diputado local Marco Antonio
Núñez López, del Partido Acción Nacional, acusó el viernes 23 de julio al presidente del Consejo Electoral Municipal de Veracruz, José Andrade Barcelata, de recibir salario mensual de diez mil pe¬sos por parte del ayuntamiento local, lo que induce a pensar que de la nada aparecieron doscientos votos que hicieron ganar a la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corro.
Seis, trabajadoras de la Contraloría Interna del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), denunciaron el domingo 18 de julio la colocación de cámaras de video en baños de dama de la citada institución.
Siete, el académico Manuel Reyna Muñoz, investigador del Instituto de, Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, reconoció el domingo 25 de julio que el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y el Tribunal Electo¬ral del Poder Judicial del Estado de Veracruz (TEPJEV), perdieron ¬la confianza y credibilidad ciudadana. No fueron garantes de denuncia ni árbitros de la democracia, sino instrumentos de un partido político.
Ocho, el consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática, Enrique Somero Aquino, advirtió la tarde del martes 27 de julio que la anulación de las elecciones del pasado cuatro de julio es latente, siempre y cuando el TEPJF, aplique la figura jurídica causal abstracta, la cual evoca la intervención estatal parcial para favorecer a determinados candidatos, contenida en la Constitución Política de los Estados Uni¬dos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Nueve, el representante legal del comi¬té directivo estatal del PAN, Víctor Salas Rebolledo, afirmó la mañana del lunes 26 de julio que entre las inconsistencias constitucionales y jurídicas más evidentes, observadas en el proceso electoral del cuatro de julio anterior, destacan el conteo de votos recibidos, el cambio de casillas y la integración adecuada de los funcionarios de las mismas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz (TEPJEV), constituido por tres magistrados, selló el compromiso verbal de favorecer hasta donde las condiciones políticas, partidistas y jurídicas lo permitieran, la votación de Javier Duarte de Ochoa.
La tarde del pasado lunes 26 de julio, el TEPJEV, emitió la constancia, de mayoría a Javier Duarte de Ochoa como gobernador electo para el periodo comprendido del primero de diciembre del 2010 al último de noviembre del 2016.
Esta historia todavía no ha terminado.

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