Carlos Lucio
En el medio ambiente se respira el olor inconfundible de la violencia.
Una poderosa ola de intereses políticos y económicos, trabaja en la superficie y en el subsuelo del imaginario co¬lectivo, para erosionar todavía más las bases precarias de la tranquilidad social.
La meta del tramado consiste en alentar el terrorismo en la población electoral en beneficio exclusivo de uno dé ¬los tres aspirantes a la gubernatura de Veracruz.
Leamos.
La revista, quincenal La Nación, órgano de difusión del comité ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional, publi¬ca interesante trabajo sobre la violencia institucional registra¬da en el Estado.
En el número 2337, correspondiente al periodo acumulado de abril y mayo del 2010, describe el reportaje denominado "Promueve Fidel Herrera violencia institucional".
En las páginas 39, 40 y 41, el candidato de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza a la gubernatura para el periodo comprendido del primero de diciembre del 2010 al último de noviembre del 2016, denuncia serie de acciones que no sólo em¬pujan al electorado a la violencia verbal, sino también a la con¬frontación física y al enfrentamiento armado.
Miguel Ángel Yunes Linares denunció el lunes 26 de abril la abierta intromisión del gobernador Fidel Herrera Beltrán en el proceso electoral del 2010, donde se elegirán 212 ayuntamientos, treinta diputaciones de mayoría relativa, veinte de relación proporcional y la gubernatura.
Herrera Beltrán manipula la procuración de la jus¬ticia en el Estado con el firme propósito de amedrentar a los candidatos panistas y a todos aquellos ciudadanos que abandonen las filas del Partido Revolucionario Institucional, para sumar a la campaña del blanquiazul, escribe Sergio Rodríguez Colín, reporte¬ro de La Nación.
EL coptar medios de comunicación social impresos, radiales, televisivos y de internet, intimidar a periodistas independientes y amenazar a partidos de oposición, forman parte del instrumental de la guerra sucia, para que el voto de los veracruzanos favorezca al candidato a la gubernatura de los partidos Re¬volucionario Institucional, Verde Ecologista de México y del Tra¬bajo, Javier Duarte de Ochoa.
La amenaza, la persecución o el intento de desafuero son algunas de las múltiples armas utilizadas por el inestable gobernador saliente, en contra de ciudadanos que no comulgan con su política de terror y corrupción, acusó el presidente del comi¬té ejecutivo nacional del PAN, César Nava Vázquez.
Miguel Ángel Yunes Linares detalla en el trabajo periodístico seis casos concretos de persecución institucional instrumentada por el nativo de Nopaltepec, principal congregación del municipio de Cosamaloapan, ubicado en el sureste veracruzano.
Uno, la desaparición del periodista Evaristo Orte¬ga Zarate, director del periódico Notiespacio, de Misantla, el 19 de abril del 2010, y candidato a síndico único del Partido Acción Nacional por el municipio de Colipa.
"El comunicador fue "levantado" por las fuerzas policiales del Estado... Antes del secuestro envió mensaje telefónico a su familia diciendo que la policía lo llevaba en una patrulla al puerto de Veracruz, fue lo último que se supo de él".
Dos, "la violencia impulsada por el gobernador ha embestido al actual presidente municipal de Panuco, Ricardo García Guzmán, quien decidió renunciar al PRl y sumarse a la campaña de Yunes Linares..
Tres días después de éste anuncio García Guzmán fue citado por la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Al presentarse a la Fiscalía, el alcalde fue notificado de que se le acusaba de supuestas irregularidades en la Cuenta Pública del 2008. De inmediato se solicitó el desafuero y se inició en el Congreso local el proceso para llevarlo a cabo, sin darle oportunidad de presentar su defensa".
Tres, Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, se encuentra en proceso de desafuero, acusado por Carlos Rodríguez Pitalúa, presidente del comité municipal del PRI, de hacer uso electoral de una obra entregada por la administración pa¬nista.
Cuatro, Pablo Pavón Vinales, candidato del PAN a la alcaldía de Minatitlán y ex dirigente de la sección diez del Sindi¬cato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fue acusado de amenazar a un trabajador de petróleos con el propó¬sito de inhabilitarlo como aspirante a la presidencia municipal.
Cinco, el empresario José Avella García, candidato del PAN a la alcaldía de Córdoba, fue demandado por el abogado personal de Fidel Herrera, Jorge Reyes Peralta, por el supuesto deli¬to de fraude específico.
Seis, Gonzalo Guizar Valladares, candidato panista a la alcaldía de Coatzacoalcos y ex diputado local priista por el distrito del mismo nombre, fue sometido a una indagación en el Congreso del Estado por el presunto delito de no haber comprobado viáticos durante su periodo como legislador.
El gobierno del conflictivo Fidel Herrera Beltrán, utiliza los instrumentos de procuración de justicia y de seguridad pública como medidas de intimidar y perseguir a personas o grupos ciudadanos contrarios a la manera de pensar y actuar del represen¬tante del Poder Ejecutivo del Estado.
El ejercicio de la transparencia democrática y de la pluralidad ideológica, no sólo peligra, sino también es agredi¬do en forma sistemática en un intento suicida por inclinar con mé¬todos totalmente alejados de los derechos humanos más elementales, la balanza electoral en beneficio de los candidatos impopulares del PRI.
Punto.
