18 de diciembre de 2014

¿MOVER A MÉXICO?


Experto en Pactos y Decálogos, otra vez  Enrique Peña Nieto quiere atraer la atención de  la opinión pública nacional e internacional, como si un solo hombre fuera capaz de  resolver la profunda crisis en que se encuentran todas las instituciones del país, empezando por la propia investidura de la Presidencia de la República.

Utilizando el poder de su principal aliada, Televisa, el hombre de Los Pinos lanzó un nuevo decálogo de buenas intenciones, pretendiendo con eso apaciguar las revueltas callejeras en  todo el país, por los agravios y el dolor de los familiares de los normalistas muertos y desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero.

Sólo por enumerar algunos de los diez puntos del decálogo que promocionó como candidato del PRI en 2012, Peña Nieto prometió que su gobierno: mejoraría el sueldo de los trabajadores, habría ahorro en los productos de la canasta básica, detendría el alza en los precios de alimentos, bajaría las tarifas de la luz y otorgaría becas de transporte a estudiantes…

Ya como presidente, es conocido el resultado que tuvo el llamado “Pacto por México”, que a la luz de los analistas y expertos más bien se trató de un “Pacto de Impunidad”, mediante el cual los tres principales partidos –PRI, PAN y PRD- se pusieron de acuerdo para administrar el monopolio de la política en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Es decir, en beneficio de la llamada clase política mexicana, que incluye a alcaldes, síndicos, regidores, gobernadores, diputados, senadores, magistrados, ministros…

Ahora, dos años después del inicio de la administración Peña-Televisa, el país atraviesa por una crisis humanitaria, cuyos componentes son: el colapso de las finanzas públicas por actos de corrupción e impunidad; un ensanchamiento de la base social de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema; la inminente crisis alimentaria, asociada a una crisis ambiental nunca antes vista; la sistemática violación de los Derechos Humanos en zonas rurales, urbanas e indígenas, que contrastan con la impunidad de soldados, marinos y policías; la aprobación de reformas estructurales que ocasionarán más dependencia y saqueo; y como consecuencia de todo lo anterior, el riesgo de una guerra civil o la implantación de un Golpe de Estado.

Se agrega a ese negro panorama, la sospecha de que vivimos ya bajo el régimen de un Narco-Estado o de un Estado Fallido -como lo dijo el presidente de Uruguay-, donde se observa cómo las instituciones han sido penetradas por el crimen organizado, y cómo los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos, ya también son parte de la llamada “delincuencia gubernamental”, como ocurrió con la pareja presidencial de Iguala, Guerrero.

Tal vez por todo ello, sabiendo que su imagen sigue de picada,  al presidente Peña se le ocurrió volver a lanzar otro nuevo decálogo, en el que no aparece un pizca de autocrítica por los escándalos de la Casa Blanca, su situación patrimonial y el conflicto de interés en la licitación del tren a Querétaro.

Habla el presidente de una Ley contra la infiltración del crimen organizado, el combate al delito, la unificación de las policías estatales, la activación del 911 –versión mexicana- como número único para emergencias, la reactivación de la Clave Única de Identidad, nuevas reformas para fortalecer el respeto a los Derechos Humanos y un sistema integral anticorrupción, con fiscalización en  el otorgamiento de las licitaciones, entre otros sueños guajiros.

Por último, propone el presidente de la república “Renovar los instrumentos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación”

Aunque los ciudadanos ponemos los votos para que los servidores públicos ocupen sus puestos y además ponemos el dinero para que cobren su salario, hasta ahora no nos hemos asumido como sus patrones, ni ellos se conducen tampoco como nuestros empleados o sirvientes…Y ese es el origen de todos nuestros males como sociedad.

Es decir, si hoy la Nación entera está de cabeza y los héroes son villanos y los villanos son héroes, es precisamente porque la ciudadanía ha estado ausente en la cosa pública; hemos dejado que funcionarios se vuelvan soberbios, autoritarios y corruptos; si hoy tenemos presidentes de la república que hacen escandalosas fortunas al amparo del poder, eso mismo hacen gobernadores y alcaldes, pues  los ciudadanos no hemos asumido una actitud fiscalizadora, para acotar corrupción e impunidad; si nuestro estado y nuestros municipios no progresan, aún con toda diversidad y la riqueza que tenemos, no es por mala suerte o por castigo de Dios, sino por nuestra cobardía al  no hablar sin pelos en la lengua, para denunciar todo tipo de raterías que se cometen a diario en las dependencias de gobierno.

No será con pactos o decálogos que cambie la situación de nuestro país, ni tampoco un gobernante o un caudillo pueden “mover a México”; al contrario: el país se está empezando a movilizar por tanta injusticia y  corrupción, ahora que el caso Iguala nos abrió los ojos para entender que el cambio no vendrá  por decreto, ni por elecciones, ni por partidos, ni por gobiernos, sino mediante  la transformación de nuestra calidad de ciudadanos, dejando de ser espectadores de la cosa pública, para convertirnos en actores de nuestro propio destino.

Incluso la llamada refundación que se pregona desde hace cuatro años, para que  el cambio sea pacífico en toda la Nación, tiene como principal soporte el cambio personal, familiar y comunitario, para recuperar la confianza y la identidad de nuestros pueblos y municipios, de modo que el tejido social se vaya regenerando desde lo local hacia lo nacional, pues a la inversa correríamos el riesgo de hacer una revolución de escritorio o de papel.

No queda mucho tiempo. Antes de que la gente agraviada comience a hacerse justicia por propia mano, al ver que  las instituciones están corrompidas y penetradas por delincuentes y funcionarios, hay que comenzar a tener el control de la situación, empezando por vigilar a nuestros alcaldes, síndicos,  regidores y demás servidores públicos, para que pronto  podamos decir : en este municipio el pueblo manda y el gobierno obedece.

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