Elfego Riveros
En medio de actos
y omisiones de servidores públicos y de la voracidad de empresarios y políticos,
que unidos depredan el medio ambiente, se alzó recientemente el triunfo de la Asociación de Vecinos del
Pixquiac-Zoncuantla, al ganar un amparo que anula el cambio de uso de suelo
otorgado en 2009 para construir un complejo habitacional sobre una reserva
ecológica, en el kilómetro 4.5 de la antigua carretera Xalapa-Coatepec.
Eduardo Aranda,
representante de la agrupación ambientalista, explicó a Radio Teocelo el lunes
29 de julio que durante el trienio 2008-2010 el alcalde de Coatepec, Sergio
Joaquín Ramírez Cabañas Contreras, autorizó el cambio de uso de suelo al Grupo
Inmobiliario Fraccionamiento Residencial Campestre La Reserva, dentro de las
1,740 hectáreas que están decretadas durante el sexenio de Rafael
Hernández Ochoa (1974-1980) como reserva ecológica restrictiva, equivalente a
una Área Natural Protegida.
Hubo que
reclamarle a funcionarios municipales,
estatales y federales, durante cuatro
años, para demostrarles que estaban en un error, pues incluso el actual
presidente municipal José Manuel Sánchez Martínez (2011-2013) ya había
ratificado ese cambio de uso de suelo; sin embargo, el Juzgado Colegiado de Distrito del Puerto de
Veracruz le informó a la agrupación de vecinos que ganaron el
amparo que interpusieron, ordenándole al Tribunal de los Contencioso
Administrativo que corrija la sentencia emitida en este periodo de gobierno
municipal.
Por lo anterior,
la inmobiliaria se declaró en quiebra el año pasado, dejando en calidad de
“propietario” del predio –de unas 20 hectáreas-, al Banco del Bajío; y como los
que compraron lotes a precio de $ 2,800 pesos
el metro cuadrado no podrán obtener escrituras, ahora podrán demandar a la
empresa fraccionadora, al banco o incluso al actual Ayuntamiento de Coatepec, o
tal vez hasta la administración 2014-2017.
De paso, la
agrupación de vecinos confirmó lo publicado por Alta Voz en 2008, en el sentido de que Sergio Joaquín
Ramírez Cabañas Contreras benefició al
entonces auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Mauricio Audirac, con un empedrado que va,
precisamente, de la carretera hacia el Puente Naranjos, donde el funcionario
construyó una de sus residencias. El costo de la obra “pública” fue de
$ 716,650.15
Ahora se sabe
también que el Puente Naranjos lo hizo la inmobiliaria, para que los
potenciales compradores de lotes tuvieran acceso al Fraccionamiento La Reserva. Se ignora aún si hubo los
permisos correspondientes de las dependencias federales.
Mientras tanto,
la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla celebra que la resolución sea
irreversible, por lo que están proponiendo que las 1,740 hectáreas se
conviertan en un parque público –que se asemeje al Bosque de Chapultepec-,
donde se puedan abrir espacios para diversas modalidades de eco-turismo pues
incluso existen en la zona vestigios pre-hispánicos.
Otras luchas ciudadanas
Por el mismo
camino de la organización y de la auto-defensa, otros ciudadanos de Coatepec
comparten también sus experiencias de
lucha legal en defensa de sus predios,
cuando estos resultaron afectados por decisiones de servidores
públicos municipales.
Es el caso
de los Vecinos del Barrio San Miguel, en
la parte norte de la ciudad, como lo explicó
Ernesto Isunza a la XEYT, el pasado 24 de julio:
Los ciudadanos comunes
de la zona metropolitana de Xalapa somos testigos cotidianos de la voracidad de
muchos fraccionadores, que con tal de ganar más dinero violan las leyes y
programas ambientales y urbanos. Es decir, para su enriquecimiento personal
violan la ley, haciendo casas o lotificaciones ilegales, a costa de la calidad
del entorno que es propiedad común de todos.
Además de las leyes y
reglamentos de desarrollo urbano, protección ambiental y de protección civil,
los ciudadanos de esta región contamos con el Programa de Ordenamiento Urbano
de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan. Ahí se marca, con fuerza de ley, lo que se puede y lo
que no se puede hacer: dónde pueden hacerse fraccionamientos, cuántas casas y
de qué tipo, qué espacios no pueden construirse o dónde sólo se pueden hacer
fraccionamientos compatibles con el control de la mancha urbana.
En el caso del norte
de la ciudad Coatepec, está la zona comprendida entre el Cerro de las Culebras
y los terrenos del beneficio de La Bola de Oro. En esa zona, el Programa de
Ordenamiento citado define una zona estratégica de control/contención del
crecimiento de la mancha urbana, para la preservación de la calidad de vida de
los habitantes de Coatepec, pero también para los ciudadanos de toda la Zona
Conurbada. Es la llamada Zona Especial 7, donde sólo podrían construirse un
parque temático y, en caso de hacer casas, sólo fraccionamientos campestres
agropecuarios sin servicios de infraestructura, es decir, de muy baja densidad:
un máximo de 4 casas por hectárea.
El Programa de
Ordenamiento deja claro que esta Zona Especial 7 es la que permite controlar el
desarrollo entre las manchas de Xalapa y Coatepec con ciertas características a
favor de la calidad de vida y el desarrollo sustentable de todos los ciudadanos.
Esta Zona Especial 7 cumple esta función esencial junto a la Zona Especial 3
(zona del Instituto de Ecología, carretera vieja Xalapa-Coatepec), la Zona
Especial 4, (Carreteras vieja y nueva Xalapa-Coatepec) y la Zona Especial 5
(Reserva Ecológica Cerro de las Culebras en Coatepec).
Pues justo ahí, en la
Zona Especial 7, la constructora Edivel S.A. de C.V., en un terreno de poco más
de 6,500 metros cuadrados, pretende hacer un fraccionamiento con 16 lotes donde
sólo podrían hacerse 2. Es decir, violentar el Programa de Ordenamiento con una
densidad de construcciones 800% más alta de la permitida.
La constructora, de la
que se ostenta como dueño el Sr. David Velasco Chedraui, sin Manifestación de
Impacto Ambiental ni Estudio de Riesgo, utilizó maquinaria pesada y del 22 de
octubre de 2012 al 13 de noviembre destruyó la vegetación, cortó la mitad alta
del terreno y puso toneladas de tierra, troncos y arena junto a las casas de
los vecinos de la parte baja. Sólo se detuvo la constructora por orden del Ayuntamiento
de Coatepec, y por la denuncia de los vecinos.
Desde octubre de 2012,
los vecinos del Barrio de San Miguel, colindantes del predio de Edivel S.A. de
C.V., han exigido sus derechos, logrando la anulación del permiso ilegal para
mover tierras que había dado el Ayuntamiento de Coatepec. La respuesta de la
constructora ha sido chantajear a los vecinos con un proceso penal “por
coacción”, conseguir una Constancia de Zonificación irregular, presentar una
Manifestación de Impacto Ambiental irregular y conseguir un escrito irregular
de factibilidad para recibir el servicio de agua y drenaje.
Contra estas acciones
que violan las leyes de desarrollo urbano, protección ambiental, protección
civil y el Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada, y por lo tanto los
derechos urbanos y ambientales, los vecinos del Barrio de San Miguel han hecho
recientemente (15/16 de julio de 2013) lo siguiente:
1) Iniciamos una
Denuncia Popular ante la Secretaría de Medio Ambiente para que se anule la
autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental 158/2012.
2) Solicitamos, ante
la Secretaría de Desarrollo Social, la revocación de la Constancia de
Zonificación de fecha 7 de diciembre de 2012 (oficio DGDUOT/SCU-0463/2012).
3) Solicitamos, ante
el Órgano de gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de
Coatepec, la revocación del escrito de factibilidad para dotar de agua y
drenaje al fraccionamiento irregular de fecha 15 de noviembre de 2012 (oficio
CMAS/294/2012)
4) Comunicamos al
Presidente, Síndico Único y Regidores de Coatepec, las irregularidades
señaladas para prevenirles de la estrategia de la constructora Edivel S.A. de
C.V., que seguramente será pretender el cambio de uso de suelo del terreno para
hacer el mencionado fraccionamiento irregular.
Fuera Máscaras
Guillermo Rodríguez Curiel, a nombre de LAVIDA - , acusa que
políticos como Víctor Arredondo Álvarez –ex rector de la Universidad
Veracruzana y ex secretario de Educación- junto con empresarios y servidores
públicos municipales y estatales, han sido los principales depredadores y
destructores de las áreas verdes y responsables de la contaminación de ríos
Carneros y Sordo, entre Xalapa y Coatepec.
El ex dirigente de la UCISVER sostiene que el cambio de uso
de suelo otorgado por ediles de los ayuntamientos, se ha convertido en el facilitador de la
especulación inmobiliaria y los negocios por medio de la lotificación de
terrenos, pasándose por alto leyes, decretos y reglamentos.
Se considera, entonces, que por eso se vuelve tan rentable
que empresarios se vuelvan alcaldes, como David Velasco Chedraui, para
después regresar de alcaldes a empresarios, pues con el cambio
de uso de suelo se hacen ricos, a costa de afectaciones a terceros y al bosque
mesófilo que aún nos queda entre Xalapa y Coatepec.
Otro de los depredadores del medio ambiente, sostiene, ha
sido Alejandro de la Madrid, que después de ser
el Jefe de Guardia de Fidel
Herrera Beltrán, pasó al negocio de las plantas de tratamiento a base de
zeolitas, que ahora le vende al gobierno, por lo que incluso recibió el premio
estatal al medio ambiente.
Algunos alcaldes invocan mañosamente el Artículo 115
Constitucional , para que bajo el argumento de que los ayuntamientos son
autónomos, puedan hacer lo que quieran…
¿Áreas Privadas de
Conservación?
Proponiendo
alternativas que mitiguen el daño ambiental en esta zona centro de
Veracruz, Fadi Najib Farhat –de Pronatura- ha promocionado a través de Radio
Teocelo la certificación que pueden adoptar los propietarios particulares para
proteger voluntariamente sus tierras, bajo la modalidad de Áreas Privadas de
Conservación (APC).
Su propuesta y argumentos son:
La conservación de
la biodiversidad y de los ecosistemas prioritarios en México es una urgencia
aceptada y un tema que muchas personas ya conocemos. La expansión urbana, la
conversión de bosques a tierras agrícolas (muchas veces con cultivos intensivos
y agresivos), la extinción de especies, la falta de agua en calidad y cantidad
y demás consecuencias del “sagrado” desarrollo económico, están creando
una preocupación real a diversos estratos de la sociedad. Incluso crean a veces
conflictos que pueden derivar en graves confrontaciones.
Sin embargo, tanto las
entidades federales, estatales como los municipios siguen otorgando
concesiones que destruyen selvas, cerros, ríos y bosques de niebla, el
ecosistema de mayor captación de agua. Las minas, la producción de
refrescos, de energía y la construcción de carreteras justifican la extinción
de especies y los desplazamientos de poblaciones enteras, muchas veces a favor
de empresas trasnacionales cuyos beneficios no derraman aquí en México más que
en bolsillos muy restringidos.
Aún con los discursos
y posiciones públicas sobre el tema del Medio Ambiente, es evidente la falta de
consciencia y congruencia por parte de los tres niveles de gobierno, sobre todo
cuando vemos que en aras del “desarrollo”, arrasan con selvas y bosques.
En el sector privado,
es obvio que la mayoría de las empresas no están viendo a largo plazo. El
saqueo de los recursos naturales que usan no es más que una bala en el pie de
la sustentabilidad. La extracción exagerada asociada con los despilfarros del
procesamiento y del consumo del agua, de la madera, del petróleo y del gas son
tantos factores que destruyen la naturaleza, además de repercutirse en el
bolsillo de todos.
Los mismos ciudadanos
contribuyen a la destrucción, activamente o pasivamente, a veces por falta de
entendimiento de los intereses en juego, a veces por negligencia o por
necesidad económica y falta de alternativas. La sociedad está bajo un proceso “desinformativo”,
un bombardeo excesivo de información que impide la toma de consciencia y la
respuesta organizada.
Sin embargo, para
aquellos gobiernos, empresas y ciudadanos ya conscientes de la problemática,
existen herramientas para comenzar cambios.
Herramientas legales
para proteger tu tierra: Área Privada de Conservación
El área privada de
conservación o APC es una certificación que pueden adoptar los
propietarios particulares para proteger voluntariamente sus tierras. Sin
embargo, hay diferencias importantes con un Área Natural Protegida (o ANP, cuya
eficiencia queda por demostrar):
• El dueño de una
tierra certificada en APC queda único y legítimo propietario de esta tierra.
• El APC permite el
manejo de la tierra y el uso del suelo, dejando el o los dueños como legítimos
tomadores de decisión sobre su propiedad.
• El APC tiene un
plazo de vigencia renovable que elige el o los dueños desde 10 (por un APC
estatal), 15 (por un APC federal) hasta 99 años.
• El proceso de
certificación en APC es relativamente fácil, rápido y gratuito.
• Siendo un proceso
voluntario, la legitimidad de la protección es total y no cuestionable.
• El propietario puede
hacer aprovechamientos sustentables basados en un plan de manejo.
¿Cuáles son las ventajas
de la APC?
Desde el año 2002, la
biodiversidad se unió a otros recursos como el agua, los minerales o el
petróleo en la categoría de bien de utilidad pública. Esto, además de reconocer
su gran importancia, por parte de la sociedad civil y de las instituciones
gubernamentales, permite un amparo legal fundamental. La certificación de una
tierra como APC protege el sitio ante cualquiera empresa, privada o pública,
que pueda llegar a causar un daño ambiental.
Además, la labor
informativa y de vinculación social que se hace al certificar tierras privadas
beneficia a todos y permite:
1. Informar a los
ciudadanos sobre la legislación ambiental y las instituciones a cargo de la
protección de los recursos naturales (Procuraduría Federal y Estatal de Protección
al Ambiente) así como los pasos que seguir para una denuncia ambiental ;
2. Vincular
organizaciones civiles ambientalistas, instituciones educativas, gobierno y
ciudadanos para mejorar los procesos transversales de conservación ;
3. Ampliar y diversificar
la red de conservacionistas en el Estado involucrando todo tipo de ciudadanos,
desde agricultores de pequeñas parcelas hasta propietarios de grandes
extensiones, sin olvidar los ejidos y tierras comunes.
Nuevas Comunas ¿al
rescate?
Para no ser omisos, como los alcaldes de Xico y Coatepec,
Luis Alberto Pozos Guzmán y José Manuel Sánchez Martínez, que permitieron que
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizara
hidroeléctricas sobre ríos de la región, el alcalde electo para el municipio de
Apazapan 2014-2017, Efraín González Flores, adelanta que su comuna hará un
reglamento para proteger plantas y animales que quedaron amenazadas por la apertura y operación de la
cementera, una vez que el ayuntamiento 2008-2010 autorizó cambio de uso de
suelos en terrenos ejidales.
Efraín González Flores representa a la Asociación Civil Río
Los Pescados y ganó las elecciones del pasado 7 de julio en Apazapan, lugar
donde la cementera contamina ríos y
mantos freáticos y desplaza varias especies de animales, como el venado
de cola blanca, tigrillos, tlacuaches,
murciélagos y víboras cascabel, además de no pagar impuestos al municipio.
La cementera no cumplió sus compromisos de crear empleos
para la gente de Apazapan, ni realizó las
obras de infraestructura
prometidas y menos sacó a los
ejidatarios de la pobreza, por lo que el nuevo gobierno, al entrar en
funciones, revisará las condiciones en que se autorizó su apertura y operaciones, pues lo peor de todo es que
ahora los habitantes de las comunidades no tienen agua y la cementera sí.
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| Ubicación de la planta de Cementos Moctezuma, en Apazapan, de acuerdo al croquis que mostró un ejidatario en 2008 a Alta Voz. |
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| Autoridades de Apazan del periodo 2008-2010 autorizaron cambio de uso de suelo, de agrícola a industrial, sin calcular el costo ambiental que provocaría la instalación de la cementera y la alteración de la vida económica, social y cultural de sus pobladores. |
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| "Una vez que se acaben el cerro y nos dejen sin agua, plantas y animales, los dueños de la cementera de Apazapan se irán con los bolsillos llenos de dinero", se lamentan campesinos, ejidatarios y pobladores de ese municipio. |
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