Elfego Riveros
Esperada desde hace 25 años, por
fin la iniciativa de reforma a la radio, la
televisión y las telecomunicaciones en
México, llegó al Congreso de la Unión
el pasado 11 de marzo.
Intentará esta propuesta del
presidente Enrique Peña Nieto,
surgida entre las fuerzas políticas del
Pacto por México, regular de otra
manera la operación de los medios
de comunicación electrónicos y los
negocios de la telefonía, estableciendo
nuevas reglas para la competencia,
el acceso a nuevas tecnologías y
contenidos y la aparición de más
actores en la comunicación.
Será en los próximos seis meses que
los legisladores se pongan de acuerdo
en la reglamentación de esta nueva ley,
que entre otras cosas debe acotar la
alta concentración de las frecuencias
de radio y televisión en manos de
Televisa y TV Azteca, buscando
reivindicar y fortalecer a los medios
públicos y permitiendo el acceso de
los medios comunitarios al espectro
radioeléctrico.
Habrá un órgano más autónomo y
menos discrecional en la asignación de
frecuencias (IFETEL) y desaparecerá
la figura del “permiso” para quedar
únicamente la de “concesión” en sus
tres modalidades: comercial, pública y
comunitaria.
Se espera que sistemas estatales de
radio y televisión, como RTV, dejen
de ser gubernamentales y que ya no
sean los gobernadores los que utilicen
estos medios para hacer proselitismo
político con cargo al erario público,
como ha ocurrido con Fidel Herrera
y Javier Duarte. En los nuevos medios
públicos se instalarán órganos de
gobierno ciudadanizados, en vez de
Juntas de Gobierno exclusiva para
funcionarios.
Analistas, académicos, periodistas,
comunicadores y organizaciones de
la sociedad civil están aún escépticos
sobre el destino de esta iniciativa
presidencial, pues se considera
que será durante los debates de los
próximos meses cuando se podría
ejercer la presión de las grandes
cadenas de radio y televisión, así
como de los grandes operadores de
la telefonía celular y domiciliaria,
para intentar reventar la propuesta
e impedir con eso que el Estado
Mexicano ejerca la rectoría en esta
materia.
No establece, la propuesta de Peña
Nieto, una postura clara sobre cómo
las agrupaciones civiles podrían
tramitar, instalar, operar y financiar sus
propios medios, medios comunitarios,
distintos en su naturaleza y propósitos
a los medios públicos y privados.
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