EX ALCALDES EN CONFLICTO

Elfego Riveros

En calidad de desaparecidos,  escondidos, secuestrados, prófugos de la justicia, autoexiliados, indiciados, arraigados, presos  o simplemente presentados ante la justicia,  se encuentran algunos ex alcaldes y ediles del periodo 2008-2010, como consecuencia de administraciones municipales irregulares que no rindieron cuentas  ante la ciudadanía o  ante el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz.

En respuesta a las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior,  en agosto de 2010 se ejerció acción penal en contra de ex ediles por las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública del 2009.
En total fueron detenidos 35 ex funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y presunto daño patrimonial por más de 156 millones de pesos en el erario público.

En enero de 2012, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Américo Zúñiga Martínez, adelantó que el informe preliminar de resultados de la Cuenta Pública 2010 arroja  otro  presunto daño patrimonial por al menos 600 millones de pesos en 100 municipios.

Caso Cosautlán
De acuerdo al ORFIS, hasta agosto de 2010 el ex alcalde de Cosautlán José de Jesús Martínez López (2005-2007) seguía apareciendo en una lista de “deudores diversos” por la cantidad de  331,595.71 pesos.
Se le atribuyen a “Don Chucho” ranchos, propiedades y negocios , además de  dinero por la reventa de   placas de taxi  que  habría obtenido  con el apoyo de Reynaldo Escobar Pérez y Antonio Gómez Anell , ex funcionarios del gabinete de Fidel Herrera Beltrán.

Actualmente se desconoce el paradero del ex alcalde, quien ganó la presidencia municipal de Cosautlán por la coalición PRD-Convergencia-PT en septiembre de 2004.

Otros ex servidores públicos que aparecen con adeudos no recuperados por las posteriores administraciones municipales en Cosautlán, son Aarón J. Ortiz López, con 190,341.96 pesos y  David Pacheco Ceballos, con 15 mil pesos.

El ORFIS también documenta en su reporte diversas cantidades  no devueltas o  solventadas por  el  otro ex alcalde de Cosautlán, Sergio Félix Cortés Guzmán (2008-2010), por la cantidad de 289,250 pesos. Se desconoce también el paradero del alcalde del PAN que  ganó la presidencia en septiembre de 2007. 

Otros funcionarios menores que aparecen con adeudos en el informe del ORFIS sobre la Cuenta Pública 2009, son Dayra Mayela Quiroz García, ex regidora del PRI en 2008-2010, con 20,500 pesos y  Fructuoso García Cortés, ex síndico panista en el mismo  periodo, por la cantidad de 13 mil pesos. Hasta fines de 2011 se liberaron órdenes de aprensión contra ambos ex colaboradores de Sergio Cortés Guzmán.
También quedó tras las rejas el que fuera su director de Obras Públicas, Eliseo Efrén Chimal García, el 29 de agosto de 2011, pero se  desconoce la situación actual de  éste y de los demás  ex servidores públicos de Cosautlán.

IVAI y PGJ proceden contra ex ediles de Teocelo
Aunque por razones diferentes, también el ex alcalde de Teocelo Oscar Hernández de la Cruz y demás colaboradores tuvieron que rendir declaración ante instancias  de la Procuraduría General de Justicia, los días jueves 22 y viernes 23 de marzo pasado.

El motivo fue ignorar los términos de la resolución emitida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que obligaba a Hernández de la Cruz, al síndico Gerardo Hernández, al  contralor Francisco Sánchez Martínez y al titular de la Unidad de Acceso a la Información Juan Francisco Fuentes Mercado, a proporcionar a Radio Teocelo y Alta Voz,  datos, informes y monto de los gastos de la esposa del alcalde, Ana Lilia López Vanda, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal.

Lo anterior es consecuencia de la violación de diversas disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que garantiza a los ciudadanos su  Derecho a Saber.

Las barbas a remojar
El miércoles 28 de marzo, también quedó tras las rejas el ex alcalde de Maltrata, Eligio Armando Rosas Pérez, en operativo de la AVI en Tierra Blanca, por el delito de abuso de autoridad en agravio del servicio público.  El ex presidente municipal  y  el que fuera su síndico,  Mario Valladolid, no aclararon  el destino de más de 500 mil pesos del erario público.

Fuentes de la PGJ revelaron que pronto habrá más órdenes de presentación contra funcionarios que no solventaron debidamente la Cuenta Pública 2009. Aún falta saber qué datos arroja el dictamen de la Cuenta Pública 2010, “Año de Hidalgo” de las administraciones pasadas.