Elfego Riveros
Durante 2011, primer año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, una docena de secretarías y dependencias estatales limitaron el acceso de Radio Teocelo y Alta Voz a informaciones de carácter público que estuvieron bajo su resguardo, sin que hasta la fecha el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) haya aplicado castigos severos contra servidores públicos que practican la opacidad, contraviniendo la garantía constitucional del Derecho a Saber, Derecho a Preguntar.
Entre enero y diciembre del año anterior, presentamos 100 solicitudes a más de 30 sujetos obligados o dependencias estatales y municipales, mediante el sistema electrónico INFOMEX, que permite el seguimiento en línea e interacción con el IVAI.
Las dependencias que obstruyeron el acceso a la información pública gubernamental fueron: la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Secretaría de Gobierno (Segob), Radiotelevisión de Veracruz (RTV) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
También el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), la Secretaría de Salud, la Oficina del Programa de Gobierno, el Instituto de Pensiones del Estado, la Dirección General de Comunicación Social, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Oficina del C. Gobernador del Estado.
Mediante argucias, como la de ser juez y parte a la hora de clasificar como reservada o confidencial cierta información que está bajo su poder, los servidores públicos y dependencias nos impidieron el acceso a documentos que contienen nóminas de los funcionarios, costo real de las obras, padrón de proveedores, copia de facturas, contratos, convenios y operación de fideicomisos.
Del mismo modo, ayuntamientos del periodo 2011-2013 inventaron la “inexistencia” de datos, archivos y documentos y esgrimieron argumentos y trámites burocráticos para desalentar la demanda de información, como quedó documentado en los registros del IVAI por parte de las Unidades de Acceso a la Información en los ayuntamientos de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Tierra Blanca, Jalcomulco, Emiliano Zapata, Coatepec, Teocelo y Cosautlán.
Presentado en tiempo y forma el recurso de revisión ante el IVAI, cuando las dependencias omitían su obligación de informar o responder, y una vez desahogadas al audiencias, el órgano garante emitió resoluciones considerando nuestro reclamo como “infundado” ; es decir, dando la razón a los servidores que se negaron a rendir cuentas y dejando indefensos a los auténticos titulares del derecho de acceso a la información pública, los ciudadanos.
Ayuntamientos 2008-2010, con miedo a informar
Durante los tres años de las administraciones pasadas, los alcaldes y titulares de las Unidades de Acceso a la Información “se hicieron pelotas” como sujetos obligados y demostraron total ignorancia acerca del contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, por lo que en ocasiones negaron el acceso a la información y en otras entregaron información demás, incluso clasificada como reservada o confidencial, como el llamado “parte policiaco”.
Alcaldes como Sergio Joaquín Ramírez Cabañas Contreras, daban instrucciones a sus colaboradores para bloquear las 45 solicitudes que formulamos, entre 2008 y 2010, por ejemplo elevando el costo de las fotocopias simples –de 1 a 42 pesos-; amenazando con cancelar su participación en “Cabildo Abierto”, si no le bajábamos a las críticas en Alta Voz; e incluso interpelándonos en su oficina cuando se le preguntaba cuánto gastaba en sus viajes al extranjero y quiénes le acompañaban; preguntando siempre: ¿ y tú para qué quieres la información?
Una de las solicitudes que sí fueron respondidas por la Unidad de Acceso, reveló que en el segundo año del gobierno priísta, Ramírez Cabañas se gastó cerca de 2 millones de pesos, por aparecer en entrevistas, notas y fotografías, en medios impresos y electrónicos.
En otros casos, el presidente municipal cambiaba a su titular de Unidad de Acceso a la Información, dejándola acéfala cuando así le convenía, creyendo que así no estaría obligado a responder más solicitudes de información. Fue el caso del alcalde de Cosautlán, Sergio Cortés Guzmán, quien en su periodo fue apercibido en un par de ocasiones por negarse a acatar las resoluciones del IVAI. En total se le formularon 35 solicitudes de información.
De entre las respuestas que obtuvimos de parte del ayuntamiento de Cosautlán, destacan los datos emitidos por la Tesorería Municipal, dando cuenta de cómo el ex alcalde panista acostumbraba calzar, vestir y agasajar con dinero público, en caros hoteles y restaurantes, a media docena de jovencitos, a quienes tenía en la nómina sólo por manejarle la camioneta o contestarle el celular.
En Teocelo, no era el alcalde Oscar Hernández de la Cruz sino su esposa Ana Lilia López Vanda, quien decidía qué información se entregaba y cuál se guardaba celosamente en caja fuerte; sin embargo, de las 40 peticiones que por escrito le fueron formuladas a la Unidad de Acceso a la Información, la mayoría fueron resueltas de manera parcial, por lo que aún en 2011 el Consejo General de IVAI tuvo que interponer denuncia formal en su contra, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por desacato a sus resoluciones.
Rogelio Soto Suárez, presidente municipal de Xico en el mismo periodo, también mostró ser enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas, pues su titular de la Unidad de Acceso fue requerido en diversas ocasiones por personal del IVAI, para que acatara las disposiciones de la ley en la materia, debido a que su jefe el alcalde le daba instrucciones de no entregar a Radio Teocelo y a Alta Voz datos sobre el destino de las principales partidas presupuestales, los salarios de los funcionarios y los gastos del DIF Municipal.
En tres años se presentaron 24 solicitudes y en algunas de las respuestas, la comuna xiqueña reveló haber gastado unos 250 mil pesos por año en pamplonadas, corridas de toros y atención a visitantes durante las fiestas a Santa María Magdalena.
Gobernado también por el PRI, el ayuntamiento de Ixhuacán de Los Reyes, tuvo como a alcalde a José Luis Vargas González, quien también desmanteló la Unidad de Acceso a la Información cuando su titular comenzaba a cumplir con las obligaciones en la materia, al revelar los apoyos que de manera discrecional otorgaba a particulares, para negocio de renta de cabañas y ecoturismo en la salida a Ayahualulco, por unos 300 mil pesos. En ese ayuntamiento fueron presentadas 31 solicitudes durante 2008-2010.
Operativo priista para desmantelar al IVAI
Acotando su ámbito de competencia, mediante reforma amañada, y capturando el potencial de sus consejeros y personal operativo, mediante el incremento de sus percepciones salariales, el IVAI entró este año a una etapa de franco desmantelamiento, mediante la colocación de un pieza clave en el Instituto, que lleva la representación del PRI-Gobierno : Miguel Ángel Díaz Pedroza.
De acuerdo al tabulador publicado por el propio IVAI, los tres consejeros –Rafaela López Salas, José Luis Bueno Bello y Luis Angel Bravo Contreras, incrementan sus salarios de 60 a 100 mil pesos mensuales. Similares incrementos obtendrían, de alrededor del 70%, el secretario ejecutivo del IVAI, Díaz Pedroza y el secretario de acuerdos, Fernando Aguilera de Hombre.
El operativo de desmantelamiento del órgano garante del Derecho de Acceso a la Información en Veracruz, tendría el propósito de acentuar – legalizar y legitimar- los retrocesos en materia de acceso a la información gubernamental por parte de ciudadanos y medios de comunicación, con lo que se prevén más actos de simulación, corrupción e impunidad entre los servidores públicos estatales y municipales.
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