EDITORIAL

¿FIN DE LA CORRUPCIÓN?

Simulando que no habrá impunidad durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fueron liberadas 33 órdenes de aprehensión contra ex alcaldes, ex síndicos, ex regidores y ex tesoreros municipales de una veintena de ayuntamientos veracruzanos, por daño patrimonial cuantificado en 67 millones de pesos, correspondiente a las administraciones 2000-2004, 2005-2007 y 2008-2010.

En apariencia, el anuncio y la captura de algunos ex servidores públicos, cayó como un bálsamo sobre el hartazgo de una ciudadanía que ya no cree en los discursos de sus gobernantes, pues el principal problema del sector público es la corrupción y la impunidad.

Poco a poco, sin embargo, la sociedad veracruzana comprobará que la noticia se irá diluyendo y todo quedará en una vulgar tomadura de pelo. Se dirá, por ejemplo, que los ex funcionarios solventaron las observaciones, comprobaron gastos o que todo se debió a una confusión.

Además, resulta muy extraño que la lista de los municipios donde se presume hubo daño patrimonial, sea de poblaciones pequeñas, como son los casos de Saltabarranca, Otatitlán, Tres Valles, Rafael Lucio, Camarón de Tejeda, Benito Juárez, Ilalamatlán, Zacualpan, Uxpanapa, Coxquihui, La Antigua, La Perla, Rafael Delgado, Zozocolco y Las Minas.

¿Acaso en municipios como Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, Ixhuacán, Cosautlán o Ayahualulco no se robaron dinero público? Y qué decir de los ayuntamientos de mayores dimensiones como Veracruz Puerto, Boca del Río, Tuxpan, Poza Rica, Córdoba, Minatitlán y Coatzacoalcos, por mencionar algunos de ellos. ¿Fueron los servidores públicos de esos ayuntamientos unas blancas palomas?

Lo increíble de todo esto, es que en las cuentas públicas revisadas a dependencias de Gobierno del Estado – del sexenio de Fidel Herrera Beltrán-, no encontraron rastro alguno de corrupción, a pesar de las evidencias que arrojaron los audio-escándalos del ex gobernador en plenas campañas políticas.

Queda claro, entonces, que la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, ya recibió la orden del Ejecutivo de pasar por alto el saqueo fiel -de miles de millones de pesos-, para “castigar” a los que robaron poquito…

Utilizan, ahora sí, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Procuraduría General de Justicia, para emprender las pesquisas, tratando de convencernos de que ahora sí el gobierno va a perseguir a los funcionarios corruptos.

Aunque los ex alcaldes de Cosautlán e Ixhuacán, Sergio Cortés Guzmán y José Luis Vargas González aparecen en una nueva lista, como responsables de presunto daño patrimonial por la cuenta pública del 2009, será importante conocer los dictámenes de cada entrega-recepción en los demás municipios de la zona y si las actuales autoridades ordenarán auditorías y presentarán la denuncia de hechos correspondiente, ante evidencias de corrupción, pues la ciudadanía no permitirá más raterías.