Elfego Riveros
Los conflictos ocurridos entre Comisión Federal de Electricidad y poblaciones indígenas y campesinas del estado de Oaxaca, por la introducción de proyectos hidroeléctricos, está poniendo sobre aviso a ejidatarios, propietarios de terrenos y autoridades de los municipios de Cosautlán, Ixhuacán, Xico, Teocelo, Coatepec y Jalcomulco.
Un estudio realizado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde y el Centro de Derechos Humanos Tierra del Sol de Oaxaca, revela que en aquella entidad opera la planta hidroeléctrica Miguel Alemán, desde el 18 de junio de 1959, cuya construcción inundó 500 kilómetros cuadrados del territorio del pueblo indígena mazateco y expulsó a 22 mil indígenas y campesinos de sus lugares de origen. Su capacidad es de 354 MW
La reubicación estuvo plagada de irregularidades, se hizo de manera violenta –quemándoles sus viviendas- y parte de la población afectada sigue reclamando la indemnización de sus tierras.
Otra planta hidroeléctrica, la Miguel de la Madrid (Cerro de Oro), construida en 1979, también provocó el desplazamiento violento y forzoso de indígenas chinantecos, sostienen ambas organizaciones sociales.
La tercera planta hidroeléctrica en Oaxaca está ubicada en el municipio de Tamazulapan del Progreso y opera desde 1962, aunque es mucho más pequeña que las dos anteriores. Su capacidad es de apenas 2 MW.
De acuerdo con investigaciones que se publican en páginas electrónicas, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y la puesta en marcha del llamado Plan Puebla Panamá, obligó a nuestro país a iniciar megaproyectos que requieren la construcción de infraestructura a gran escala para el intercambio comercial, así como la generación de energía eléctrica para alimentar corredores industriales, centros turísticos, maquilas, aeropuertos e industria minera, entre otros, y es en ese contexto en el que la CFE planea la apertura de nuevos proyectos hidroeléctricos durante el periodo 2008-2017, según se detalla en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.
Indígenas y campesinos de Oaxaca, dicen las organizaciones mencionadas, se encuentran en pie de lucha contra dos nuevos proyectos hidroeléctricos, de gran impacto sociocultural, económico y político, como serían la construcción de la Presa Paso de la Reina, con capacidad para 510 MW –en el municipio de Jamiltepec- , en la costa oaxaqueña y otro en territorios del Ejido de San Lucas Atoyaquillo, en el municipio de Santiago Ixtayutla, distrito de Jamiltepec. Su capacidad sería de 900 MW. Ambos proyectos hidroeléctricos se ubicarían sobre el Río Verde.
Bajo la denominación oficial de “Aprovechamiento hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” la CFE ya opera este proyecto en su etapa de estudios de factibilidad, mismo que contempla la construcción de una cortina de enrocamiento con cara de concreto de 195 metros de altura.
La obra abriría un lago artificial de casi 2,000 hectáreas y una capacidad de almacenamiento de agua de 1,278 millones de metros cúbicos, para tener una capacidad instalada de 510 MW de potencia. Se presume que tan sólo este proyecto tendría un área de afectación que abarcaría más 40 comunidades de seis municipios oaxaqueños, que son: Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa Melchor Ocampo.
Por ello, alarmados por lo que está pasando en otras partes con estos proyectos hidroeléctricos de CFE, pobladores de Llano Grande, Monte Blanco, Teocelo, Limones, Jalcomulco, así como congregaciones de Xico y Coatepec, exigen que la paraestatal pida los permisos correspondientes no solamente a los alcaldes sino sobre todo a las comunidades y ejidos, ya que propietarios de terrenos sobre la rivera de los ríos no fueron tomados en cuenta para iniciar los estudios de factbilidad.
Incluso el alcalde Cosautlán, Sergio Cortés Guzmán dijo el lunes 10 de mayo, dentro del programa Cabildo Abierto que al menos en lo que resta de su trienio no se dará permiso, autorización o concesión para explotar el potencial del Río Los Pescados.
Explicó que en marzo llegó personal de Comisión para sostener una reunión con ediles y agentes municipales de Cosautlán, donde se les habló de los supuestos beneficios que traería para la gente la instalación de hidroeléctricas, pero no sus riesgos o costos ambientales.
En breve charla informal con personal de CFE que fue requerido por Radio Teocelo para proporcionar información sobre este tema, se anunció que entre los días 17 y 21 de mayo vendrá a la XEYT personal del Centro de Anteproyectos del Golfo de la CFE, cuyo titular es el ingeniero Oscar Calahorra Fuertes, con oficinas en Boca del Río, Ver.
La antropóloga Eva María Bastida Soto, del área de Estudios Sociales del Centro, dijo no estar autorizada para informar qué alcaldes de la región dieron su anuencia para que CFE continúe realizando los estudios de factibilidad en nuestra zona, indispensables para instalar plantas hidroeléctricas sobre ríos de la zona . Sólo confirmó que se trata del Proyecto Hidroeléctrico Sistema Pescados.
Estudios realizados por las organizaciones sociales de Oaxaca antes mencionadas, afirman que “…la electricidad que producen las presas hidroeléctricas, no precisamente es una energía renovable. Su vida útil es de 50 años que, se reduce por problemas de sedimento, producen gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y alteran los ecosistemas de su entorno, además desaparecen especies de flora y fauna en riesgo de extinción…”
Sostienen también que los proyectos hidroeléctricos generan grandes impactos sociales, económicos, ambientales y culturales sobre poblaciones de indígenas y campesinos, pues gobiernos, empresarios y trasnacionales se unen para imponer megaproyectos a escala mundial hasta con el respaldo de organismos financieros multinacionales. En los últimos 50 años, se dice, millones de personas han sido desplazadas de sus poblaciones, dejándolas en condiciones de mayor pobreza, al despojarlos de sus medios de subsistencia.
Estos proyectos, además, traen a personas externas a las comunidades y en algunos casos se añade la presencia de policías y militares para que resguarden las instalaciones de la hidroeléctrica, elementos que alteran la convivencia comunitaria.
Sobre los técnicos y demás personal interdisciplinario que llega a las poblaciones para promocionar la apertura de estas plantas hidroeléctricas, a nombre de CFE, dicen las organizaciones sociales oaxaqueñas que “…minimizan las afectaciones y exageran los beneficios; los ofertan como la forma de incorporar al ‘desarrollo’ a los pueblos y con el pretexto de reducir la pobreza comprometen obras de infraestructura social como energía eléctrica, proyectos productivos, construcción y rehabilitación de caminos, pavimentación de calles, construcción de escuelas, clínicas de salud y programas de vivienda. Promesas que nunca se cumplen o quedan muy lejos de las expectativas de la población afectada”
La manipulación o el ocultamiento de la información es una práctica común entre personal de CFE, sostienen las ONG’s de Oaxaca.
Los conflictos ocurridos entre Comisión Federal de Electricidad y poblaciones indígenas y campesinas del estado de Oaxaca, por la introducción de proyectos hidroeléctricos, está poniendo sobre aviso a ejidatarios, propietarios de terrenos y autoridades de los municipios de Cosautlán, Ixhuacán, Xico, Teocelo, Coatepec y Jalcomulco.
Un estudio realizado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde y el Centro de Derechos Humanos Tierra del Sol de Oaxaca, revela que en aquella entidad opera la planta hidroeléctrica Miguel Alemán, desde el 18 de junio de 1959, cuya construcción inundó 500 kilómetros cuadrados del territorio del pueblo indígena mazateco y expulsó a 22 mil indígenas y campesinos de sus lugares de origen. Su capacidad es de 354 MW
La reubicación estuvo plagada de irregularidades, se hizo de manera violenta –quemándoles sus viviendas- y parte de la población afectada sigue reclamando la indemnización de sus tierras.
Otra planta hidroeléctrica, la Miguel de la Madrid (Cerro de Oro), construida en 1979, también provocó el desplazamiento violento y forzoso de indígenas chinantecos, sostienen ambas organizaciones sociales.
La tercera planta hidroeléctrica en Oaxaca está ubicada en el municipio de Tamazulapan del Progreso y opera desde 1962, aunque es mucho más pequeña que las dos anteriores. Su capacidad es de apenas 2 MW.
De acuerdo con investigaciones que se publican en páginas electrónicas, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y la puesta en marcha del llamado Plan Puebla Panamá, obligó a nuestro país a iniciar megaproyectos que requieren la construcción de infraestructura a gran escala para el intercambio comercial, así como la generación de energía eléctrica para alimentar corredores industriales, centros turísticos, maquilas, aeropuertos e industria minera, entre otros, y es en ese contexto en el que la CFE planea la apertura de nuevos proyectos hidroeléctricos durante el periodo 2008-2017, según se detalla en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.
Indígenas y campesinos de Oaxaca, dicen las organizaciones mencionadas, se encuentran en pie de lucha contra dos nuevos proyectos hidroeléctricos, de gran impacto sociocultural, económico y político, como serían la construcción de la Presa Paso de la Reina, con capacidad para 510 MW –en el municipio de Jamiltepec- , en la costa oaxaqueña y otro en territorios del Ejido de San Lucas Atoyaquillo, en el municipio de Santiago Ixtayutla, distrito de Jamiltepec. Su capacidad sería de 900 MW. Ambos proyectos hidroeléctricos se ubicarían sobre el Río Verde.
Bajo la denominación oficial de “Aprovechamiento hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” la CFE ya opera este proyecto en su etapa de estudios de factibilidad, mismo que contempla la construcción de una cortina de enrocamiento con cara de concreto de 195 metros de altura.
La obra abriría un lago artificial de casi 2,000 hectáreas y una capacidad de almacenamiento de agua de 1,278 millones de metros cúbicos, para tener una capacidad instalada de 510 MW de potencia. Se presume que tan sólo este proyecto tendría un área de afectación que abarcaría más 40 comunidades de seis municipios oaxaqueños, que son: Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa Melchor Ocampo.
Por ello, alarmados por lo que está pasando en otras partes con estos proyectos hidroeléctricos de CFE, pobladores de Llano Grande, Monte Blanco, Teocelo, Limones, Jalcomulco, así como congregaciones de Xico y Coatepec, exigen que la paraestatal pida los permisos correspondientes no solamente a los alcaldes sino sobre todo a las comunidades y ejidos, ya que propietarios de terrenos sobre la rivera de los ríos no fueron tomados en cuenta para iniciar los estudios de factbilidad.
Incluso el alcalde Cosautlán, Sergio Cortés Guzmán dijo el lunes 10 de mayo, dentro del programa Cabildo Abierto que al menos en lo que resta de su trienio no se dará permiso, autorización o concesión para explotar el potencial del Río Los Pescados.Explicó que en marzo llegó personal de Comisión para sostener una reunión con ediles y agentes municipales de Cosautlán, donde se les habló de los supuestos beneficios que traería para la gente la instalación de hidroeléctricas, pero no sus riesgos o costos ambientales.
En breve charla informal con personal de CFE que fue requerido por Radio Teocelo para proporcionar información sobre este tema, se anunció que entre los días 17 y 21 de mayo vendrá a la XEYT personal del Centro de Anteproyectos del Golfo de la CFE, cuyo titular es el ingeniero Oscar Calahorra Fuertes, con oficinas en Boca del Río, Ver.
La antropóloga Eva María Bastida Soto, del área de Estudios Sociales del Centro, dijo no estar autorizada para informar qué alcaldes de la región dieron su anuencia para que CFE continúe realizando los estudios de factibilidad en nuestra zona, indispensables para instalar plantas hidroeléctricas sobre ríos de la zona . Sólo confirmó que se trata del Proyecto Hidroeléctrico Sistema Pescados.
Estudios realizados por las organizaciones sociales de Oaxaca antes mencionadas, afirman que “…la electricidad que producen las presas hidroeléctricas, no precisamente es una energía renovable. Su vida útil es de 50 años que, se reduce por problemas de sedimento, producen gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y alteran los ecosistemas de su entorno, además desaparecen especies de flora y fauna en riesgo de extinción…”
Sostienen también que los proyectos hidroeléctricos generan grandes impactos sociales, económicos, ambientales y culturales sobre poblaciones de indígenas y campesinos, pues gobiernos, empresarios y trasnacionales se unen para imponer megaproyectos a escala mundial hasta con el respaldo de organismos financieros multinacionales. En los últimos 50 años, se dice, millones de personas han sido desplazadas de sus poblaciones, dejándolas en condiciones de mayor pobreza, al despojarlos de sus medios de subsistencia.
Estos proyectos, además, traen a personas externas a las comunidades y en algunos casos se añade la presencia de policías y militares para que resguarden las instalaciones de la hidroeléctrica, elementos que alteran la convivencia comunitaria.
Sobre los técnicos y demás personal interdisciplinario que llega a las poblaciones para promocionar la apertura de estas plantas hidroeléctricas, a nombre de CFE, dicen las organizaciones sociales oaxaqueñas que “…minimizan las afectaciones y exageran los beneficios; los ofertan como la forma de incorporar al ‘desarrollo’ a los pueblos y con el pretexto de reducir la pobreza comprometen obras de infraestructura social como energía eléctrica, proyectos productivos, construcción y rehabilitación de caminos, pavimentación de calles, construcción de escuelas, clínicas de salud y programas de vivienda. Promesas que nunca se cumplen o quedan muy lejos de las expectativas de la población afectada”
La manipulación o el ocultamiento de la información es una práctica común entre personal de CFE, sostienen las ONG’s de Oaxaca.
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