Editorial

Pedir Cuentas

Ahora que en Veracruz ya contamos con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los ciudadanos debemos exigir que los servidores públicos nos entreguen cualquier información de carácter público.

Antes los funcionarios, empezando por los alcaldes, manejaban los recursos a su antojo y se gastaban a capricho los dineros del pueblo. Nadie les exigía cuentas y por eso la corrupción se volvió ley en los tiempos del partido único. Hubo excepciones, claro, pero en general todos los ediles estuvieron cortados por la misma tijera.

Quién no recuerda el rancho, la casa, el carro último modelo y las grandes fortunas y negocios hechos al amparo del poder, en la más plena impunidad.

Para nadie fue un secreto tampoco que los programas asistenciales manejados por el DIF y los recursos públicos en manos de las esposas de los alcaldes, se convirtieron en verdaderas “cajas chicas” de la pareja presidencial, o más recientemente utilizados para hacer campaña política a favor de los candidatos de la Fidelidad.

Cada cambio de estafeta en las presidencias municipales se convertía en una nueva agencia de colocaciones de parientes, amigos, compadres y recomendados o “aviadores”. Nadie tenía derecho a saber, todo se manejaba bajo la más absoluta discrecionalidad. O la simulación.

Obras mal hechas o con materiales de pésima calidad y contratos negociados bajo la mesa o asignados a empresas patito, marcaron también a las administraciones municipales, sin olvidar la negligencia con que se planeaba la pavimentación de una calle, que la siguiente administración tenía que romper para meter el drenaje o el agua…

Y no se diga el caso de las nóminas, que formaron parte de la opacidad de los gobiernos locales, imposibles de conocer por parte de los ciudadanos, pues escondían los excesos y el saqueo de las arcas municipales al estilo de la Ley de Herodes.

Todavía en los recientes episodios de la política local se cuentan los casos de quienes pagaron por la candidatura y ahora “se recuperan” echando mano del erario público, al asignarse altísimos sueldos, que sumados a indebidas compensaciones, viáticos, gastos de representación, prima vacacional y aguinaldos, representan una ofensa a la dignidad humana.

El único remedio que puede acabar con el cáncer de la corrupción, la simulación y la impunidad en nuestros gobiernos locales, es la fiscalización de los actos de los servidores públicos por parte de los ciudadanos, en todos los campos posibles de la administración municipal. Vigilarlos, cuestionar sus actos, pedirles cuentas, exigir resultados y asumir una actitud corresponsable, serán los nuevos retos de quienes ya no queremos permanecer ciegos, sordos y mudos ante la soberbia del poder.

Medios de comunicación independientes y comprometidos y herramientas e instituciones como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información nos deben animar a romper el silencio.