A pesar de haber sido desalojados con violencia del plantón que mantenían frente a la Casa de Representación del estado de Puebla en el Distrito Federal, indígenas de la Unión Nacional Anáhuac de Huaxcaleca y Chichiquila permanecen firmes en la demanda de que les sea restituido su sistema múltiple de agua potable, el cual abastece a 11 comunidades.
Fue el pasado 21 de febrero cuando se llevó a cabo el primero de los desalojos. Cerca de 300 miembros entre policías federales preventivos, granaderos y antimotines irrumpieron en el campamento con lujo de violencia y amenazas en contra de mujeres, niños y ancianos.
El operativo a cargo de Pedro Bello, funcionario de la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno perredista del Distrito Federal, y quien durante la represión les asegurara a los indígenas que no tenían derecho a manifestarse.
Testigos del desalojo afirman: “Sabemos que el Partido de la Revolución Democrática, usan esa palabra nada más para jalar gente, pero nosotros sabemos que todos los partidos son paleros, son hermanos, nada más se pintan de colores y una vez que ganan gente se unen, no creemos en eso que dicen, pues inclusive si en Huaxcaleca, estado de Puebla nos reprimen, llegando al DF nos reprimen, o sea nos están discriminando de que seamos indígenas. ¿Acaso no tenemos los mismos derechos como indígenas? ¿Por qué en el DF hay gringos, hay chinos, hay japoneses, italianos que no son ni mexicanos y están viviendo en nuestro país? ¿Por qué nosotros que es nuestro país, por qué no los niega el gobierno del DF? ¿Por qué no los niega si somos mexicanos? Si personas que son de otros países les permite vivir, y sabemos que la Constitución Política dice que sí les da ese derecho a cualquier persona que llegue a los Estados Unidos Mexicanos, tiene ese derecho y ¿por qué llegando al DF nos reprime el gobierno del DF? Ahí estamos viendo algo muy claro que tienen un acuerdo, tienen algo atrás, un acuerdo entre ellos, realmente no estamos de acuerdo que nos nieguen manifestarnos”.
La historia se remonta muy atrás. Es en 1997 cuando los indígenas organizados comienzan a gestionar con el gobierno del estado poblano, una red de agua potable. Los argumentos de la autoridad es la ausencia de dinero para la obra, la cual niega repetidamente. Inconformes, persisten y conforman una sociedad cooperativa la cual gestionó, pagó los trámites, pagó el levantamiento topográfico, pagó el proyecto, es decir, el pueblo organizado realizando obra pública con esfuerzo sólo de su parte.
Es el 13 octubre de 2006 cuando “llegó la policía estatal y municipal en nuestras comunidades agrediendo a niños, mujeres y ancianos, diciéndoles a los niños que les den el informe de dónde están sus papás y que si no les dicen que se salgan de la organización social que tienen ellos, los van a matar. Agredieron a niños, mujeres y ancianos despojándonos del sistema de agua potable y desde esa fecha nos lo arrebataron”.
Indignados se preguntan: “¿Cómo es posible que uno siembra y los demás nada más quieren agarrar? No se vale, nuestras comunidades no están conformes, no le vamos a dejar al gobierno que lo administre porque, ya lo mencionaba, somos una sociedad cooperativa y no vamos a permitir que llegue el gobierno con sus caciques a administrar, de hecho él lo está administrando pero ni lo está administrando porque desde el día que nos lo arrebataron, hasta hoy no hay agua y está castigando a nuestras comunidades”.
“Nuestra organización social ya formaba una sociedad cooperativa aparte de eso, pues para las comunidades de otro municipio pues el gobierno se estaba dando cuenta que era un mal ejemplo, entonces lo que hace es empezar a reprimir y arrebatarnos el sistema porque estaba perdiendo el control político y para no dejar más a nuestra organización social, Unidad Nacional Anáhuac, pues lo que hace es prefabricar delitos”. Y es que hay 86 miembros de la organización con órdenes de aprehensión por el supuesto delito de despojo y motín, delitos desde su parecer, fabricados, pues es con la cancelación de estas ordenes con las que el gobierno pretende negociar la administración del sistema de agua.
“Sabemos el gobierno qué interés lleva. Ahorita pues nos mete represión, intimidación para decir -“yo qué voy a hacer, mejor vendo mi parcela y me voy para tal lugar”- pero sabemos bien claro que el plan Puebla- Panamá abarca Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y en todas esas regiones hay mucho petróleo, por eso nos están metiendo ese miedo para que abandonemos nuestras tierras, pero hemos aprendido que con nuestra lucha… hemos aprendido algo, sobre todo lo que pretende el gobierno , así seremos indígenas pero sabemos qué interés lleva”, afirman.
Actualmente el plantón ya no pertenece frente a las instalaciones de la Casa de Representación del Estado de Puebla en el Distrito Federal, sin embarga diariamente, habitantes indígenas de Huaxcaleca, Chichiquila, Quimixtlán y demás comunidades afectadas, se manifiestan durante el día. “Queremos dejar en claro que no vamos a permitir que nos lo arrebate, que nos devuelva nuestro sistema de agua a la sociedad cooperativa porque nos corresponde y no vamos a descansar hasta que lo devuelva porque es algo que nos robó”, aseguran.
Fue el pasado 21 de febrero cuando se llevó a cabo el primero de los desalojos. Cerca de 300 miembros entre policías federales preventivos, granaderos y antimotines irrumpieron en el campamento con lujo de violencia y amenazas en contra de mujeres, niños y ancianos.
El operativo a cargo de Pedro Bello, funcionario de la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno perredista del Distrito Federal, y quien durante la represión les asegurara a los indígenas que no tenían derecho a manifestarse.
Testigos del desalojo afirman: “Sabemos que el Partido de la Revolución Democrática, usan esa palabra nada más para jalar gente, pero nosotros sabemos que todos los partidos son paleros, son hermanos, nada más se pintan de colores y una vez que ganan gente se unen, no creemos en eso que dicen, pues inclusive si en Huaxcaleca, estado de Puebla nos reprimen, llegando al DF nos reprimen, o sea nos están discriminando de que seamos indígenas. ¿Acaso no tenemos los mismos derechos como indígenas? ¿Por qué en el DF hay gringos, hay chinos, hay japoneses, italianos que no son ni mexicanos y están viviendo en nuestro país? ¿Por qué nosotros que es nuestro país, por qué no los niega el gobierno del DF? ¿Por qué no los niega si somos mexicanos? Si personas que son de otros países les permite vivir, y sabemos que la Constitución Política dice que sí les da ese derecho a cualquier persona que llegue a los Estados Unidos Mexicanos, tiene ese derecho y ¿por qué llegando al DF nos reprime el gobierno del DF? Ahí estamos viendo algo muy claro que tienen un acuerdo, tienen algo atrás, un acuerdo entre ellos, realmente no estamos de acuerdo que nos nieguen manifestarnos”.
La historia se remonta muy atrás. Es en 1997 cuando los indígenas organizados comienzan a gestionar con el gobierno del estado poblano, una red de agua potable. Los argumentos de la autoridad es la ausencia de dinero para la obra, la cual niega repetidamente. Inconformes, persisten y conforman una sociedad cooperativa la cual gestionó, pagó los trámites, pagó el levantamiento topográfico, pagó el proyecto, es decir, el pueblo organizado realizando obra pública con esfuerzo sólo de su parte.
Es el 13 octubre de 2006 cuando “llegó la policía estatal y municipal en nuestras comunidades agrediendo a niños, mujeres y ancianos, diciéndoles a los niños que les den el informe de dónde están sus papás y que si no les dicen que se salgan de la organización social que tienen ellos, los van a matar. Agredieron a niños, mujeres y ancianos despojándonos del sistema de agua potable y desde esa fecha nos lo arrebataron”.
Indignados se preguntan: “¿Cómo es posible que uno siembra y los demás nada más quieren agarrar? No se vale, nuestras comunidades no están conformes, no le vamos a dejar al gobierno que lo administre porque, ya lo mencionaba, somos una sociedad cooperativa y no vamos a permitir que llegue el gobierno con sus caciques a administrar, de hecho él lo está administrando pero ni lo está administrando porque desde el día que nos lo arrebataron, hasta hoy no hay agua y está castigando a nuestras comunidades”.
“Nuestra organización social ya formaba una sociedad cooperativa aparte de eso, pues para las comunidades de otro municipio pues el gobierno se estaba dando cuenta que era un mal ejemplo, entonces lo que hace es empezar a reprimir y arrebatarnos el sistema porque estaba perdiendo el control político y para no dejar más a nuestra organización social, Unidad Nacional Anáhuac, pues lo que hace es prefabricar delitos”. Y es que hay 86 miembros de la organización con órdenes de aprehensión por el supuesto delito de despojo y motín, delitos desde su parecer, fabricados, pues es con la cancelación de estas ordenes con las que el gobierno pretende negociar la administración del sistema de agua.
“Sabemos el gobierno qué interés lleva. Ahorita pues nos mete represión, intimidación para decir -“yo qué voy a hacer, mejor vendo mi parcela y me voy para tal lugar”- pero sabemos bien claro que el plan Puebla- Panamá abarca Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y en todas esas regiones hay mucho petróleo, por eso nos están metiendo ese miedo para que abandonemos nuestras tierras, pero hemos aprendido que con nuestra lucha… hemos aprendido algo, sobre todo lo que pretende el gobierno , así seremos indígenas pero sabemos qué interés lleva”, afirman.
Actualmente el plantón ya no pertenece frente a las instalaciones de la Casa de Representación del Estado de Puebla en el Distrito Federal, sin embarga diariamente, habitantes indígenas de Huaxcaleca, Chichiquila, Quimixtlán y demás comunidades afectadas, se manifiestan durante el día. “Queremos dejar en claro que no vamos a permitir que nos lo arrebate, que nos devuelva nuestro sistema de agua a la sociedad cooperativa porque nos corresponde y no vamos a descansar hasta que lo devuelva porque es algo que nos robó”, aseguran.
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