14 de julio de 2011

EDITORIAL

 SECUESTRO DE MIGRANTES EN VERACRUZ

El jueves 24 de junio ocurrió otro secuestro masivo de migrantes. Esta vez fue en la comunidad Medias Aguas del municipio de Sayula de Alemán, Ver. Por lo menos 80 indocumentados, en su mayoría centroamericanos, fueron bajados del tren conocido como “La bestia” y subidos a camionetas, por hombres encapuchados y fuertemente armados, según narran testigos que lograron escapar de los plagiarios. Estos testimonios serán claves para las indagatorias que ya realiza la PGR.
Horas antes del secuestro, este grupo estuvo en el albergue “Hermanos del Camino” que coordina el sacerdote Alejandro Solalinde en Ixtepec, Oaxaca, quien con recursos propios y con donaciones brinda ayuda humanitaria a los migrantes que buscan llegar al norte. Además de proporcionarles comida, medicinas y ropa, se les orienta para que su recorrido sea más seguro. Se les pide -por ejemplo- que se registren en ese albergue proporcionando nombre, nacionalidad, domicilio y se les fotografía para monitorear su ruta. Se les pide también reporten su llegada a los Estados Unidos. Por todos estos datos el Padre Solalinde denunció los hechos desde el primer momento. Fue hasta el lunes 27 de junio cuando todos los medios masivos tenían como su nota principal el secuestro ocurrido en el estado de Veracruz. Cuestionado por la prensa el Secretario de Gobierno en la entidad, Gerardo Buganza, dijo no tener conocimiento de los hechos y reiteró que Veracruz es un estado seguro. Comentó que periódicamente se reúnen funcionarios estatales con autoridades federales migratorias y con los Cónsules Centroamericanos para evaluar la situación de los migrantes. Buganza dudó de las aseveraciones del Sacerdote Alejandro Solalinde y dijo que si tenía pruebas, entonces que denunciara el caso ante las autoridades correspondientes. Quizá Buganza ignora que en 2009 hubo casi 10,000 secuestros de migrantes y la tercera parte ocurrió en Veracruz. En 2010 hubo 15,500 secuestros aproximadamente y la tercera parte ocurrieron también en Veracruz. Si desconoce estos datos es un funcionario desinformado; si los conoce, son reprobables sus comentarios minimizando los hechos.
Las denuncias fueron interpuestas en Salina Cruz, Oaxaca. (Averiguación Previa PGR/OAX/11/164/2011), y otras presentadas en otras instancias.
Ante las críticas de diversos sectores a las respuestas de Buganza, el Gobernador Javier Duarte anunció que se reuniría con el Padre Solalinde para escuchar sus testimonios. Un boletín del Gobierno del Estado indica que “El encuentro servirá para unir esfuerzos en la misma lucha: la protección, el cuidado y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes. Trabajamos de la mano de la Federación para propiciar un ambiente de seguridad a quienes transitan por nuestras tierras”. El senado de la República por su lado, discutirá el tema de secuestros a migrantes y exigirá la comparecencia del Secretario de Gobernación Francisco Blake para que explique la situación y se comprometa a poner fin a todo tipo de abusos que sufren los migrantes a su paso por el País. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también está exigiendo al Gobierno mexicano que refuerce la seguridad pública y garantice la protección a personas que tienen que cruzar la República mexicana.
El secuestro masivo de migrantes ocurrido en Veracruz, vuelve a poner en evidencia a las autoridades –en sus tres niveles de gobierno-, y nos muestra que a pesar de la impunidad de los grupos delincuenciales y de la incapacidad de las autoridades, la valentía del Padre Solaldine obligó al Gobierno a atender este caso que indigna de sobremanera y exhibe la grave crisis humanitaria y la brutal violencia que padecemos. Los secuestros de migrantes, ciertamente ocurren en las rutas del ferrocarril, pero es un hecho que en los municipios de nuestra zona ya padecemos delitos como: robos, extorsiones, levantotes, secuestros y narcomenudeo al grado que el Ejército Mexicano realiza operativos y cateos en la región. Al respecto la información oficial es limitada y tardía casi siempre. Sin embargo la ciudadanía requiere información veraz, para saber que está pasando y tomar previsiones. Ante estos hechos preocupantes, las Autoridades Municipales no nos pueden seguir diciendo que esos delitos competen al Gobierno Federal. Negar o evadir los hechos delictivos, sólo agravará la ola de violencia que azota al País.

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